Según informaron las autoridades judiciales, Hacienda aplicó una retención para el tercer y cuarto trimestre, pese a que el presupuesto extraordinario con recortes aún no ha sido aprobado.
El Poder Judicial informó que un nuevo recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Hacienda, y comunicado el pasado 13 de julio, afectará la lucha contra la delincuencia al limitar recursos de la judicatura, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
El recorte, estimado en ₡3.053 millones, se suma a los ₡13.242 millones que la Corte Plena acordó ceder el pasado 29 de junio, tras advertir que esa era la máxima cantidad que podía entregarse sin generar un impacto drástico en los servicios y el funcionamiento institucional.
Según detalló el Poder Judicial en un comunicado de prensa, los recortes implicarán limitaciones para realizar operativos del OIJ, imposibilidad de adquirir licencias de software y plataformas para análisis criminal, afectación en la atención y protección de víctimas, restricciones para contratar intérpretes, así como reprogramación de juicios y suspensión de diligencias judiciales.
Durante la sesión de Corte Plena de este lunes 20 de julio, las autoridades de los órganos auxiliares de justicia expusieron el impacto de este nuevo recorte en la operación institucional, la prestación de servicios y las acciones contra el crimen organizado.
En la sesión participaron el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez; el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el director interino del OIJ, Michael Soto Rojas; y el fiscal adjunto de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, José Ángel Peñaranda Chaverri.
Según informó la Corte, el Ministerio de Hacienda dejará de girar un total de ₡16.273 millones del presupuesto del Poder Judicial para 2026. Las autoridades judiciales señalaron que, aunque todavía no se ha aprobado un presupuesto extraordinario para aplicar dichos recortes, Hacienda ya ejecutó la retención correspondiente al trimestre en curso.
Durante una conferencia de prensa convocada este lunes, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, señaló:
En este caso para el trimestre tercero y el último del año del 100% que teníamos programado que requeríamos para esos gastos operativos únicamente se nos está liberando el 90% que al final en los dos periodos equivale a ₡3000 millones. Ese es el mecanismo, no es el mecanismo de un presupuesto extraordinario, que es lo lo (sic.) típico y a lo que estuvimos incluso de acuerdo en contribuir”.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, agregó:
En razón de que esto afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial requeriría una mayoría calificada. Sin embargo, por las vías de hecho, ¿qué se hace? Simplemente no se deposita”.
La Corte detalló que, entre los principales impactos por el recorte presupuestario, se encuentran:
- Investigación criminal: se limita el traslado de personal para allanamientos, levantamientos de indicios, inspecciones y otras diligencias judiciales, lo que incrementa los tiempos de respuesta.
- Investigaciones de campo: la falta de recursos para viáticos y hospedaje restringe las investigaciones prolongadas y la presencia operativa en zonas alejadas.
- Recursos técnicos y protección: se afecta la reparación de computadoras, la sustitución de vehículos y la compra de equipo de protección personal y materiales para el embalaje de evidencia, lo que aumenta el riesgo de contaminación de indicios.
- Modernización tecnológica: el recorte impide adquirir servidores, licencias de software y plataformas para el análisis criminal y la evidencia digital, lo que compromete la capacidad de investigar delitos complejos.
- Servicios judiciales: existe riesgo de suspensión y reprogramación de juicios y audiencias, así como afectaciones en las salas de juicio y los sistemas audiovisuales.
- Peritajes y servicios especializados: se reduce la capacidad para realizar peritajes, traducciones y estudios especializados.
- Víctimas y testigos: se limita la capacidad para reubicar y proteger a víctimas, brindar transporte y traslados protegidos, así como implementar medidas de protección extraprocesales.
- Atención a personas en condición de vulnerabilidad: se restringen recursos para alimentación, vestimenta y ayudas de emergencia, además de reducirse la cobertura en territorios indígenas y zonas alejadas.
- Acceso a la justicia: la disminución de recursos también impacta la capacitación del personal profesional y puede afectar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.
Este lunes, la Corte Suprema de Justicia acordó trasladar el tema a la Presidencia de la Corte para que, en coordinación con los órganos técnicos y la Dirección Jurídica, determine las acciones por seguir y busque soluciones ante el nuevo recorte.