El abogado Walter Brenes sostiene que Costa Rica debía aplicar desde el 27 de junio una nueva protección internacional para tres especies incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre Especies Migratorias.
El abogado ambientalista Walter Brenes Soto solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda modificar, por hechos nuevos, una medida cautelar dentro del expediente 24-004125-1027-CA, con el objetivo de suspender la exportación de tres especies de tiburón zorro.
La gestión fue presentada en el proceso promovido por Brenes contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Estado y otro demandado, relacionado con la exportación de tiburón sedoso y tiburones zorro.
Según la solicitud, el cambio de circunstancias se produjo porque la 15.ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), realizada en Pantanal, Brasil, entre el 23 y el 29 de marzo de 2026, aprobó incluir en el Apéndice I a tres especies de tiburón zorro: Alopias pelagicus, Alopias vulpinus y Alopias superciliosus.
Brenes sostiene que, conforme al artículo XI de esa convención, las enmiendas a los apéndices entran en vigor para los Estados parte 90 días después de su adopción. En el caso costarricense, afirma que ese plazo venció el 27 de junio de 2026.
“A partir de esa fecha, según las disposiciones de la Convención y la legislación nacional, Costa Rica tendría que haber puesto en aplicación las disposiciones del Apéndice I, con respecto a las tres especies de tiburón zorro, estando entre estas, la prohibición de su exportación”.
Supuesta omisión estatal
En el escrito, Brenes afirma que para el 27 de junio el Gobierno de Costa Rica no había puesto en aplicación la enmienda ni había hecho pública la presentación de una reserva formal para excluir sus efectos obligatorios. Por esa razón, sostiene que el país debe prohibir la exportación de las tres especies de tiburón zorro.
El documento también cita el oficio CARTA-MINAE-DM-114-2026, emitido el 8 de junio de 2026 por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Según la solicitud, en ese oficio el ministerio indicó que continuaba “realizando análisis técnicos y jurídicos” para definir una eventual posición del país.
Brenes argumenta que la inclusión de las tres especies en el Apéndice I de la CMS implica una obligación internacional vinculante y de aplicación inmediata para Costa Rica.
“Desde el momento en que la enmienda que incorporó la especie al Apéndice I entró en vigor para Costa Rica, el Estado costarricense adquirió la obligación inmediata de aplicar el régimen de protección previsto por la citada Convención”.
Antecedente de la cautelar
El caso se remonta a una solicitud cautelar presentada por Brenes el 20 de junio de 2024, mediante la cual pidió suspender la exportación del tiburón sedoso o gris y de tres especies de tiburón zorro mientras se resolvía el proceso principal. El Tribunal rechazó inicialmente la cautelar en diciembre de 2024, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión en febrero de 2025 y ordenó dictar una nueva resolución.
El 18 de septiembre de 2025, el Tribunal Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar provisionalísima que prohibió la exportación de esas especies y ordenó integrar al proceso al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), por tratarse de la autoridad competente en materia pesquera.
Sin embargo, el Tribunal luego revocó la medida provisionalísima y rechazó la cautelar, tras considerar los argumentos del Estado e Incopesca sobre la existencia de estudios técnicos, la regulación bajo el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y los Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP).
Brenes sostiene ahora que ese escenario cambió con la inclusión de los tiburones zorro en el Apéndice I de la CMS.
Informe de NOAA también fue aportado como prueba
La solicitud también incorpora como prueba el informe Improving International Fisheries Management 2026 Report to Congress, elaborado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos. Según la traducción oficial aportada al expediente, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS, por sus siglas en inglés) identificó a Costa Rica por incumplimientos relacionados con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El informe señala que Costa Rica no garantizó, entre 2022 y 2024, que al menos el 5% del esfuerzo pesquero de sus embarcaciones palangreras de más de 20 metros en el área de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) contara con observador científico, como exige la resolución C-19-08.
También indica que, al cierre de 2024, Costa Rica no había implementado un programa nacional de observadores a bordo, no tenía cobertura de observadores para su flota palangrera en el área de la CIAT y no había entregado los informes resumidos ni los datos operativos requeridos sobre ese programa durante al menos cinco años.
El reporte añade que Costa Rica no parece haber reportado capturas de especies relevantes a la CIAT después de 2020, pese a que más de 150 embarcaciones palangreras con bandera costarricense figuran inscritas en el registro de esa organización.
Brenes usa ese informe para cuestionar la suficiencia de la información técnica que, según su criterio, ha servido para respaldar la continuidad de las exportaciones.
“En las circunstancias actuales, no puede sostenerse que la información aportada por Incopesca constituya evidencia científica suficiente, objetiva y verificable que permita concluir que la continuidad de las exportaciones no compromete la conservación de estas especies”.