Costa Rica debe definir qué modelo de vigilancia vial necesita antes de que la decisión llegue por agotamiento.
Cuando un Estado debilita durante años una institución especializada, llega un momento en que su desaparición deja de parecer una decisión política y comienza a presentarse como una consecuencia inevitable. Ese es el peligro que enfrenta la Policía de Tránsito de Costa Rica.
No escribo esto para defender una estructura administrativa por nostalgia. Tampoco desconozco que, en muchos países, la vigilancia vial corresponde a cuerpos policiales dependientes de ministerios de Seguridad, Gobernación o Interior. Esos modelos pueden funcionar. El problema no es únicamente dónde se ubica una policía dentro del organigrama estatal, sino qué capacidad, especialización y prioridad conserva.
Costa Rica cuenta con un cuerpo policial especializado, con identidad, experiencia y conocimiento acumulado en regulación vehicular, atención de siniestros, control del transporte, manejo de incidentes, escoltas, cierres de carreteras, fiscalización y prevención. Sin embargo, permanece dentro de un ministerio cuya agenda política, presupuestaria y administrativa está dominada por la infraestructura, la contratación de obra pública, las concesiones, el transporte público y el mantenimiento vial.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no es, por naturaleza, un ministerio policial. Dirigir una fuerza operativa que trabaja las 24 horas requiere una lógica distinta: mando permanente, disciplina, comunicaciones, planificación territorial, carrera profesional, equipamiento, entrenamiento continuo y capacidad de reacción. Cuando esas necesidades compiten con puentes, carreteras, licitaciones y grandes proyectos de movilidad, la función policial corre el riesgo de quedar relegada.
El debilitamiento tampoco es una percepción abstracta. En junio de 2024, oficiales denunciaron trabajar con camisas deterioradas, botas rotas, falta de capas para la lluvia, vehículos en mal estado y operativos realizados por una sola persona. El conflicto produjo acuerdos con las autoridades, pero dejó expuesta una realidad incompatible con la dignidad, la seguridad y la profesionalización que exige cualquier cuerpo policial.
La reciente declaratoria de inopia para nombrar a la persona titular de la Dirección General de la Policía de Tránsito plantea otro problema de fondo. El MOPT concluyó que ninguna persona funcionaria cumplía todos los requisitos establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, esa ausencia de elegibles no significa necesariamente que dentro de la institución no existan profesionales con experiencia, preparación académica, conocimiento operativo y capacidad para dirigirla.
El problema parece estar en el diseño de la ruta de acceso al cargo. El escalafón policial incorporó categorías y requisitos propios de estructuras policiales generales: rango de comisario, antigüedad como comisionado, experiencia formal de supervisión, concursos internos y cursos superiores, entre otras condiciones acumulativas. Esa trayectoria no formó parte, durante décadas, de la cultura profesional de la Policía de Tránsito ni fue desarrollada oportunamente para producir suficientes candidatos elegibles.
No elegible no significa no idóneo. Si el Estado pretende conservar una Policía de Tránsito especializada y adscrita al MOPT, también debe revisar y reglamentar adecuadamente el nombramiento de su máxima autoridad. No resulta coherente exigir una ruta concebida bajo parámetros ajenos a la evolución histórica de la institución y, después, declarar que no existen personas capaces de ocupar el puesto.
La normativa debe garantizar preparación, integridad y competencia, pero también reconocer la experiencia especializada. De lo contrario, en vez de ordenar la carrera profesional, termina bloqueándola. Una institución sin una vía razonable para elegir a su cabeza queda condenada a la interinidad, a soluciones excepcionales o a una dependencia cada vez mayor de estructuras policiales externas.
Ese vacío alimenta la posibilidad de una futura absorción por el Ministerio de Seguridad Pública. La colaboración ya existe: desde 2020, integrantes de la Fuerza Pública pueden recibir capacitación e investidura para fiscalizar determinadas infracciones de tránsito. La pregunta es si esa cooperación seguirá siendo complementaria o si, ante el debilitamiento de la Dirección General de la Policía de Tránsito, terminará convirtiéndose en una sustitución progresiva.
Tal vez la Policía de Tránsito deba permanecer en el MOPT. Tal vez necesite mayor autonomía. Tal vez su integración a Seguridad Pública termine siendo inevitable. Pero esa decisión debe responder a un análisis serio de política pública, no convertirse en el certificado de defunción de una institución especializada que el propio Estado dejó debilitar.