La diputada Marta Esquivel Rodríguez presentó un proyecto de acuerdo legislativo que busca establecer un reglamento de transparencia y anti-cabildeo en los nombramientos públicos que corresponden a la Asamblea Legislativa.
La propuesta abarcaría la elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y Subcontraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y cualquier otro cargo cuya designación corresponda al Congreso. El texto sostiene que estos procesos deben responder a criterios de mérito, capacidad, experiencia e idoneidad profesional.
El proyecto define el cabildeo como cualquier comunicación escrita, verbal o electrónica dirigida a una diputación o a personal legislativo con el propósito de influir en una recomendación, un dictamen o un voto. También considera cabildeo informal las reuniones, llamadas, mensajes o encuentros realizados fuera de los canales oficiales.
La iniciativa permitiría que las personas postulantes interactúen con las diputaciones únicamente durante audiencias públicas oficiales, transmitidas y grabadas por los medios de la Asamblea Legislativa. Además, prohibiría reuniones privadas, almuerzos, cenas, visitas a despachos y comunicaciones telefónicas o digitales desde la apertura del concurso hasta la votación del Plenario.
El articulado obliga a las diputaciones a informar, dentro de un plazo máximo de 24 horas, cualquier abordaje imprevisto de una candidatura en pasillos, actos públicos o actividades ajenas al Congreso. El legislador tendría que detallar lo conversado en una denominada “Bitácora Pública de Contactos de Nombramientos”.
El documento también exige que las personas aspirantes presenten una declaración jurada con sus vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con diputaciones, ministros o magistrados. También deberán informar sobre litigios activos relacionados con el Estado, partidos políticos o legisladores, así como donaciones o militancia partidaria durante los últimos 10 años.
La propuesta ordena excluir de forma inmediata e inapelable a cualquier candidatura que realice, autorice o tolere gestiones informales a su favor. Para las diputaciones plantea una amonestación pública, la pérdida de su puesto en la Comisión de Nombramientos y el traslado del caso a la Procuraduría de la Ética Pública y al Tribunal Supremo de Elecciones.
El texto contiene, sin embargo, varias contradicciones y vacíos en su formulación. Aunque establece que toda interacción debe ocurrir exclusivamente durante las audiencias públicas, también regula los contactos involuntarios sin precisar expresamente si estos constituyen una excepción a esa prohibición.
La iniciativa también plantea trasladar casos al Tribunal Supremo de Elecciones para abrir procesos de pérdida de credenciales, pero no identifica la norma que permitiría aplicar esa consecuencia. Actualmente la Constitución Política solo contempla la destitución de un diputado por faltas al deber de probidad, pero la ley aprobada por al menos 38 votos que disponga las causales no ha sido emitida.
El proyecto tampoco determina qué dependencia administrará la bitácora, cómo la publicará, cuáles datos podría reservar ni cuál procedimiento seguirán las autoridades ante denuncias anónimas.
Breves
Este lunes no se votaron proyectos de ley en el plenario. La sesión se extendió hasta casi las 9:00 p. m. para discutir el presupuesto extraordinario, pero no llegó a votarse.
Proyectos dictaminados
Este lunes no sesionaron las comisiones dictaminadoras.
Leyes publicadas
Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.