149 de las 187 personas reportadas como inhabilitadas por el Ministerio de Seguridad no aparecen registradas en la Plataforma Integrada de Empleo Público; seis ya figuran contratadas en otras instituciones.
La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría sobre el diseño e implementación de mecanismos de control para prevenir riesgos en el proceso de reclutamiento y selección de personal policial del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), y encontró incumplimientos significativos en esa gestión.
El informe señaló falta de articulación entre la gestión de riesgos del proceso y las metas estratégicas institucionales, debilidades en el diseño e implementación de controles y riesgos de nombramiento de personal inhabilitado en cargos policiales y públicos.
La auditoría encontró que, de 187 personas reportadas como inhabilitadas por Seguridad entre 2022 y 2026, 149 no aparecen registradas en la Plataforma Integrada de Empleo Público (PIEP), administrada por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC). La Contraloría también identificó seis casos de personas con inhabilitación que figuran contratadas en otras instituciones públicas.
El informe añadió que, durante 2026, la DGSC rechazó el registro de al menos ocho personas exfuncionarias policiales con impedimento legal para ejercer cargos policiales, tramitadas por el Ministerio en 2025. Según señaló el informe, la DGSC argumentó que su sistema solo permite registrar inhabilitaciones para ejercer cargos públicos en general.
La Contraloría concluyó:
La situación de que la base de datos centralizada de la PIEP no incluya el registro de la totalidad de personas en condición de inhabilitación para cargos policiales o públicos en general del MSP, ha materializado el riesgo de nombramiento de personas inhabilitadas en otras instituciones del sector público".
El ente contralor también señaló que la desarticulación de la gestión de riesgos del proceso de reclutamiento y selección policial con el marco estratégico institucional limita la capacidad del Ministerio para mitigar riesgos operativos y de corrupción, así como para fortalecer la integridad del proceso.
El informe agregó:
Debilidades en el diseño e implementación de controles del proceso de reclutamiento y selección policial eleva (sic.) el riesgo de contratar personal sin la integridad o idoneidad requerida, aumenta la vulnerabilidad ante eventualidades de índole operativa, legal y reputacional de la institución".
Como parte de las disposiciones, la Contraloría ordenó a la DGSC establecer y ejecutar las acciones necesarias para registrar y publicar la información relativa a las personas inhabilitadas para ocupar cargos en cuerpos policiales bajo los alcances de la Ley General de Policía.
La CGR también ordenó a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad elaborar e implementar una valoración de riesgos para el proceso de reclutamiento y selección de personal policial.