Bernal Aragón aseguró que existe una “imposibilidad real” de cumplir con la normativa y adelantó que la Contraloría analiza posibles cambios junto con el Poder Ejecutivo.
El subcontralor general de la República y contralor en ejercicio, Bernal Aragón Barquero, cuestionó este jueves una ley aprobada por la Asamblea Legislativa en abril anterior que amplió la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR) a todo el personal de varios cuerpos policiales del país.
Aragón señaló durante una reunión con las Jefaturas de Fracción del Congreso que la institución encontró dificultades para ejecutar la nueva disposición y aseguró que existe una “imposibilidad real” de cumplir con la normativa en los términos actuales.
Eso es complicado, no solo por el tipo de personas que está obligando a declarar, sino por el tipo de seguimiento que hay que darle. Y entonces estamos revisando todo eso”.
La disposición cuestionada consta en la Ley 10.949, tramitada mediante el expediente 24.235, que reformó el artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. El Congreso la aprobó en segundo debate el 16 de abril de 2026, con 43 votos a favor y sin votos en contra.
El proyecto buscó incorporar a la totalidad del personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria dentro de los funcionarios obligados a rendir una declaración patrimonial ante la Contraloría.
Aragón indicó que la CGR ya planteó al Ministerio de Hacienda las dificultades para ejecutar inmediatamente la obligación, debido a los cambios internos que, según explicó, requiere su puesta en marcha.
Le planteamos al Ministerio de Hacienda la imposibilidad de ejecutarlo inmediatamente, porque se requiere un cambio normativo interno muy grande para hacerlo”.
El subcontralor añadió que la institución inició conversaciones con el Poder Ejecutivo porque la nueva regulación también podría afectar el proceso de incorporación de nuevos funcionarios a los cuerpos policiales.
Esto puede implicar también que el esfuerzo que se hace para nombrar nuevos miembros de las fuerzas públicas se vea, pues, afectado notoriamente”.
Aragón no detalló qué modificaciones concretas propondrá la Contraloría ni si pretende reducir el número de funcionarios alcanzados por la obligación. Indicó que la institución apenas analiza posibles alternativas y que posteriormente llevará una propuesta ante las jefaturas legislativas.
Pero eso estamos apenas analizándolo para ver qué soluciones planteamos, cómo lo hacemos y va a ser un tema también que estamos buscándole cómo simplificarlo. Pero es un tema serio, serio por la seguridad pública, serio por el nombramiento que cuesta de hacer de los miembros de la Fuerza Pública, el OIJ y otros cuerpos policiales. Y serio, porque hay una imposibilidad real de poder cumplir, en el fondo, con la normativa”.
La iniciativa que dio origen a la Ley 10.949 ingresó al Congreso el 21 de marzo de 2024 y recibió una dispensa especial de trámites el 14 de abril de 2026 para hacerle modificaciones puntuales al texto. Ese mismo día obtuvo primer debate con 41 votos a favor, uno en contra y 15 diputados ausentes; dos días después recibió la aprobación definitiva.