Informe técnico señala fallas estructurales en el modelo de infraestructura escolar y advierte riesgo de cierre en más de 100 centros educativos del país.
La Defensoría de los Habitantes notificó oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe técnico que cuestiona el actual modelo de infraestructura escolar en el país y advierte sobre las condiciones críticas en las que miles de estudiantes reciben lecciones.
Según el documento, el curso lectivo 2026 inició con 389 centros educativos que mantienen órdenes sanitarias vigentes y que aún no cuentan con proyectos asignados para su reparación o remodelación.
Además, el MEP acumula 871 advertencias sanitarias a nivel nacional, de las cuales 101 se encuentran en “categoría roja”, lo que implica riesgo inminente de cierre total por representar un peligro para la comunidad educativa. La mayoría de estos casos se concentra en la provincia de Limón.
Foto: Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, ubicada en Barrio Carit. Lea también: Defensoría de los Habitantes detecta deterioro estructural en Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno tras inspección.
El ente defensor resaltó que el problema no responde únicamente a la falta de presupuesto o planificación, sino también a un modelo administrativo que delega en las Juntas de Educación y Administrativas la responsabilidad de gestionar proyectos de infraestructura de alta complejidad técnica y financiera.
Actualmente, el Estado transfiere recursos a estas juntas —integradas principalmente por padres de familia y miembros voluntarios de la comunidad— para contratar profesionales, supervisar obras y administrar proyectos constructivos que, en algunos casos, superan cientos de millones de colones.
La Defensoría advirtió que esta dinámica ha provocado que importantes recursos permanezcan congelados en cuentas de Caja Única, mientras numerosos centros educativos continúan operando en condiciones precarias y con proyectos inconclusos desde hace más de una década.
Foto: Escuela Cecilio Lindo Morales, ubicada en el distrito de Juan Viñas. Lea también: Defensoría de los Habitantes detecta condiciones críticas en la Escuela Cecilio Lindo Morales.
En el informe, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, subrayó:
El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, quien asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso".
El análisis de la Defensoría identifica cuatro problemas estructurales: la sobrecarga de responsabilidades técnicas sobre las juntas, la existencia de fondos ociosos debido a trámites burocráticos, la falta de un diagnóstico actualizado sobre el estado de las escuelas y el aumento de las desigualdades entre centros educativos urbanos y rurales.
Foto: Escuela Las Brisas, en el distrito de Pocosol. Lea también: Defensoría advierte condiciones críticas en escuela de Pocosol con orden sanitaria vigente desde 2015.
Como parte de las recomendaciones, el ente defensor solicitó al MEP elaborar una programación decenal de inversiones entre 2026 y 2035, con prioridades definidas para intervenir centros con órdenes sanitarias.
Asimismo, pidió que el MEP asuma de manera exclusiva y profesional la responsabilidad sobre el ciclo completo de construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, dejando a las juntas comunitarias un rol de vigilancia y acompañamiento social.
La Defensoría reiteró que el financiamiento del derecho a la educación no debe depender únicamente de la matrícula estudiantil, sino también de las condiciones de infraestructura necesarias para garantizar entornos seguros, limpios y adecuados para el aprendizaje.