El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate, el proyecto de ley que le permitirá a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) suscribir alianzas estratégicas para impulsar obras como la marina de Limón.
La iniciativa recibió el respaldo unánime de 54 diputados, después de varias semanas de negociación entre las cinco fracciones legislativas. La presidenta legislativa, Yara Jiménez, fijó la votación en segundo debate para el jueves 25 de junio.
El avance del expediente llegó tras un acuerdo político que permitió modificar la versión original del proyecto, la cual generó reparos en sectores de oposición por el alcance de las alianzas estratégicas y por las herramientas de fiscalización sobre eventuales acuerdos con actores públicos o privados.
La reforma modifica el inciso a) del artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Japdeva y añade un inciso al artículo 6, con el fin de ampliar las competencias de la institución portuaria para suscribir alianzas estratégicas y otras formas de asociación empresarial, dentro o fuera del país, con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Japdeva podrá utilizar esas alianzas para desarrollar proyectos de inversión de capital, infraestructura, comercio, investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y otras actividades relacionadas con sus competencias. El texto también establece que cada iniciativa deberá contar con estudios técnicos y de factibilidad que demuestren beneficios económicos, financieros y sociales reales para la provincia de Limón.
El proyecto autoriza que las alianzas involucren bienes inmuebles propiedad de las partes o bajo su administración, así como el desarrollo de la infraestructura necesaria para cumplir los objetivos acordados. El texto excluye expresamente el patrimonio natural del Estado.
La reforma también establece límites sobre los bienes públicos vinculados con los muelles de Japdeva. Las instalaciones que se construyan en esos espacios no podrán salir del dominio público ni enajenarse, arrendarse o gravarse, directa o indirectamente, aunque sí podrán explotarse por el socio estratégico junto con Japdeva, bajo las reglas que defina el reglamento.
Uno de los puntos centrales del acuerdo legislativo fue mantener controles sobre las alianzas. Aunque el proyecto exceptúa estos contratos de los procedimientos ordinarios de contratación pública, la reforma establece que deberán respetar los principios constitucionales de transparencia, eficiencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de la Hacienda Pública.
Además, la Contraloría General de la República ejercerá fiscalización posterior y los contratos requerirán refrendo contralor en los casos y condiciones que establezca la normativa del órgano contralor.
“Las disposiciones de este inciso no podrán generar prácticas monopolísticas absolutas o relativas de conformidad con la legislación vigente. Los contratos de las alianzas estratégicas deberán contemplar el pago por parte del aliado estratégico de un canon para financiar la supervisión, fiscalización, y seguimiento no menor al uno coma cinco por ciento (1,5%) de los ingresos brutos de cada alianza”, dice la propuesta aprobada.
El Consejo de Administración de Japdeva tendrá que autorizar y aprobar cada alianza estratégica. El plazo máximo de los acuerdos será de 50 años y, en cada caso, la institución deberá justificarlo mediante estudios técnicos y económicos, según la magnitud de la obra y su modelo financiero.
El texto también obliga a que el reglamento defina los procedimientos para escoger a los aliados estratégicos. Esos procesos deberán tomar en cuenta el análisis de riesgos y ventajas del proyecto, la administración de esos riesgos, la experiencia técnica y la capacidad financiera del aliado, los mecanismos de fiscalización de Japdeva, la resolución de conflictos durante la ejecución y el cumplimiento del régimen de prohibiciones de la Ley General de Contratación Pública.
En el caso específico de las marinas, la reforma faculta a Japdeva, como autoridad portuaria, para otorgar concesiones en bienes bajo su administración, de conformidad con la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos. La norma aplicará mientras esos bienes no resulten necesarios para el cumplimiento de los fines legales de la institución.
El aliado estratégico también deberá contar con la viabilidad técnica favorable de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (Cimat), entidad creada por la Ley 7744.
El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta Jaén, defendió el avance de la iniciativa y afirmó que Limón lleva 36 años esperando la marina.
Hoy podemos decirles a los limonenses que hemos cumplido. Desde 2008, no habíamos hecho nada, solo esfuerzos infructuosos. Me congratulo de haber trabajado en conjunto con las otras fracciones en una propuesta que esperamos le lleve prosperidad al pueblo limonense. Las costas requieren nuestro mayor esfuerzo”.
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), señaló que las versiones anteriores del proyecto, incluida la propuesta original que presentó la exdiputada socialcristiana María Marta Carballo, tenían problemas porque podían afectar la normativa de contratación pública y los principios constitucionales de transparencia.
Este no es el texto original del gobierno, ni las mociones que habíamos redactado las fracciones de oposición. Es una integración de las diferentes propuestas, así se hace el trabajo legislativo, es un ejemplo de buenas prácticas”.
El proyecto establece además que el Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento de la ley, con consulta pública, en un plazo máximo de seis meses a partir de su entrada en vigencia.
Breves
— Con 42 votos a favor y 9 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.625 "Definición del límite entre los cantones de Alajuela y Belén de las provincias de Alajuela y Heredia". Esta iniciativa tiene cuestionamientos de constitucionalidad, pues al alterar límites de dos provincias requeriría un proceso de reforma constitucional, por lo que sus opositores llevarán el expediente a revisión de la Sala Constitucional.
— Con 52 votos a favor y 0 en contra se aprobó que la Asamblea Legislativa exprese su respaldo a la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan Mayufis a la secretaría general de las Organización de las Naciones Unidas (ONU).
— Con 52 votos a favor y 0 en contra se aprobó una prórroga del plazo cuatrienal del expediente 23.205 "Ley de Creación del Fondo de Crecimiento para la Región Huetar Caribe".
— Con 54 votos a favor y 0 en contra se acordó dedicar la sesión de plenario de este miércoles a recibir el informe anual de labores de la Defensoría de los Habitantes.
— Un grupo de diputados y diputadas liderados por el Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una consulta facultativa de constitucionalidad contra el proyecto de ley del primer presupuesto extraordinario de 2026, expediente 25.589, al considerar que durante su trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios se aprobaron mociones con posibles vicios sustanciales de procedimiento.
Proyectos dictaminados
Este martes no se dictaminaron proyectos en las comisiones.
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.