Movimiento cumple una semana con ocupación del edificio en San Pedro, mientras se registran cierres y marchas en otras sedes del país.
El conflicto estudiantil en la Universidad de Costa Rica (UCR) escaló en los últimos días con la extensión de protestas a distintas sedes regionales, en un contexto marcado por la toma del edificio de Rectoría en el campus Rodrigo Facio, que se mantiene desde el pasado 22 de abril.
La ocupación inició tras la fallida negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y derivó en el ingreso forzado al edificio por parte de un grupo de estudiantes. Desde entonces, las autoridades universitarias han manifestado su disposición al diálogo, mientras se mantienen tensiones en torno a las condiciones para facilitar ese acercamiento pues los estudiantes acusan a la Rectoría de desinformar.
Durante la semana, la Rectoría informó sobre intentos infructuosos de conciliar, así como de la recepción de una amenaza de tiroteo dirigida a las personas dentro del edificio, situación que motivó la activación de protocolos de seguridad y la presentación de una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Asimismo, las dependencias administrativas han operado de forma virtual como medida preventiva.
A una semana de iniciada la toma, la universidad hizo un llamado a deponer la ocupación y retomar el diálogo, señalando afectaciones en el funcionamiento institucional. En paralelo, surgieron diferencias internas en torno a la eventual intervención de la Fuerza Pública, opción que ha sido rechazada por el movimiento estudiantil.
La situación transcurre en paralelo a otros frentes abiertos para la Rectoría, incluyendo cuestionamientos a su costo operativo en comparación con las de las otras universidades públicas. Semanas atrás el movimiento estudiantil también pidió cuentas por gastos efectuados por la Rectoría en el restaurante Novillo Alegre por un monto superior a ₡818.000.
Esta es la tercera vez que el rector Carlos Araya Leandro enfrenta manifestaciones estudiantiles desde que inició labores en enero de 2025. En mayo del año pasado fue tomado el edificio de la FEUCR y en junio el edificio de la Facultad de Artes. Tanto entonces como ahora los movimientos han exigido su renuncia, solicitud que en en su momento fue respaldada incluso por William Méndez, desde el Consejo Universitario.
Protestas se extienden a sedes regionales
En los últimos días, las manifestaciones se han ampliado más allá de la sede central.
En la Sede del Atlántico, en Turrialba, estudiantes cerraron el campus como medida de presión por reclamos relacionados con infraestructura, servicios y condiciones estudiantiles. Entre las principales denuncias se incluyen el cierre prolongado de la biblioteca, la inhabilitación de residencias estudiantiles y atrasos en obras como la piscina y el auditorio.
Por su parte, en la Sede de Occidente, agrupaciones estudiantiles convocaron para este miércoles 29 de abril una marcha en San Ramón, que incluye un plantón y una movilización por el centro de la ciudad. La protesta tiene como eje la defensa del FEES y la exigencia de la renuncia del rector.
Estas acciones se suman a las manifestaciones registradas en la sede central, configurando un escenario de movilización estudiantil que combina demandas presupuestarias, cuestionamientos a la gestión universitaria y reclamos por condiciones en sedes regionales.
Exigencias y posición del movimiento
Entre las principales demandas del movimiento estudiantil se mantienen la renuncia del rector, la apertura de espacios formales de diálogo con participación estudiantil y garantías de no represalias para quienes participan en las protestas.
En un pronunciamiento divulgado el martes, el grupo que mantiene la ocupación reiteró su respaldo a la toma como un mecanismo legítimo de protesta ante lo que consideran un cierre de los canales de diálogo, al tiempo que insistió en la defensa del financiamiento de la educación superior pública.
Asimismo, rechazaron señalamientos sobre actos violentos y sostuvieron que la movilización responde a la necesidad de resguardar el acceso a la educación y las condiciones del estudiantado.
La situación se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades universitarias y los distintos sectores estudiantiles no logran concretar un espacio de negociación que permita desescalar el conflicto.