El movimiento estudiantil que permanece en el edificio de Rectoría presentó un pliego de solicitudes. Entre ellas, piden garantías de no represalias por la toma.
El Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) condicionó la entrega de las instalaciones de la Rectoría al cumplimiento de un amplio pliego de peticiones que incluye la renuncia del rector Carlos Araya Leandro, la apertura de una mesa de negociación sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y garantías de no represalias contra quienes participan en la protesta.
El documento, leído este 29 de abril de 2026 en una conferencia de prensa a las afueras de la Rectoría, surge en el contexto de la discusión presupuestaria del FEES 2027, luego de que el Poder Ejecutivo planteara un crecimiento nominal del 0% y diera por cerrada la negociación en la Comisión de Enlace.
Según el movimiento estudiantil, esta situación representa una amenaza para becas, regionalización, investigación, acción social y condiciones materiales de estudio.
Ante esto, el 22 de abril varios estudiantes realizaron protestas y decidieron tomar el mencionado edificio y sacar de este a funcionarios de la UCR.
Entre las principales exigencias figura la instalación, en un plazo máximo de 24 horas, de una mesa formal de negociación con participación estudiantil efectiva. En este espacio participarían la Rectoría, el Consejo Universitario, representaciones electas del Directorio de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) y delegación del Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA), con acompañamiento jurídico y levantamiento de actas.
"Dicha mesa deberá estar conformada por al menos dos personas representantes por cada sector participante, garantizando participación estudiantil efectiva, publicidad del proceso, capacidad real de toma de acuerdos y seguimiento verificable de los compromisos asumidos", indica el documento.
También solicitan un acuerdo que garantice que la toma del edificio sea reconocida como un acto legítimo de protesta por la Oficina Jurídica de la UCR, amparado en derechos constitucionales.
El pliego incluye además la solicitud de renuncia del rector Araya por “pérdida de confianza política en su conducción de la defensa del FEES y su ineficiencia en la gestión, defensa y distribución de los recursos internos de la UCR".
Los estudiantes plantean que, en caso de no concretarse, el Consejo Universitario debe convocar a una asamblea plebiscitaria para someter a votación la revocatoria de su mandato. Asimismo, piden una rendición de cuentas pública ante la comunidad universitaria y la eventual convocatoria a elecciones extraordinarias en caso de destitución.
También llaman a implementar medidas de transparencia, como la publicación de datos abiertos sobre el presupuesto universitario y un informe certificado sobre el estado del sistema de becas.
En materia institucional, el movimiento exige garantías de no represalias, como la prohibición de procesos disciplinarios, sanciones académicas o intervenciones policiales dentro del campus, así como la justificación de ausencias relacionadas con la protesta.
El documento incorpora, además, una agenda amplia de demandas que abarcan desde la defensa activa del FEES, incluyendo la convocatoria a marchas y eventuales paros, hasta reformas en la representación estudiantil, condiciones de becas, transporte, salud, infraestructura y equidad para poblaciones específicas, como estudiantes indígenas, personas trans y madres universitarias. Las 69 peticiones realizadas se pueden observar en este documento.
El movimiento solicitó una respuesta formal y calendarizada por parte de las autoridades universitarias en un plazo de 24 horas para las medidas urgentes y de cinco días hábiles para el resto de demandas, y advirtió que la desocupación del edificio dependerá del cumplimiento verificable de estos puntos.
La UCR señaló que se referirá a lo relacionado con la toma del edificio este 29 de abril, sin embargo, al cierre de esta noticia aún no se había realizado.