El dinero y el susto
— Ayer la Asamblea Legislativa hizo algo que la ciudadanía viene reclamando desde hace años: le entró finalmente al tema de las estafas digitales. La tarde de este miércoles se aprobó en segundo debate el expediente 23.908, la llamada “Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero”, que obliga a bancos y entidades financieras (públicas y privadas) a responder cuando un cliente pierde plata por estafas electrónicas.
— El visto bueno llegó en la Comisión con Potestad Plena III, a partir de 14 votos a favor y 0 en contra. Traducción: pasó el último portón legislativo y ahora va al Ejecutivo para firma y publicación. Digo, salvo que salte una liebre como pasó con el expediente 24.037 que modificaba la Ley 9920 para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres y que Chaves decidió vetar.
— Por cierto, ayer el presidente le tiró a medio mundo, arrancando por Carlos Araya Leandro (el rector de la UCR a quien llamó “vaca sagrada”) y concluyendo con la Sala Constitucional, en un descargo en el que hasta la jerarca del Micitt (Paula Bogantes Zamora) salió rascando:
No me diga que yo respeto a la Sala IV, porque le considero una falta de respeto suya hacia mí decir que nosotros respetamos a la Sala IV. La tenemos que obedecer, pero respetarla no”.
— Pues bien, ese famoso veto del que les acabo de hablar le significó a Chaves un miércoles de dar... pero también de recibir.
— La diputada Rosaura Méndez Gamboa, autora del proyecto y claramente indispuesta por el veto, le reclamó sin rodeos:
A ver presidente, a usted no le interesa el deporte. Cuatro años y no ha hecho nada por el deporte (...) Decir que las vías públicas de este país no son para eventos deportivos lo alejan a usted de la realidad, y me da claridad en su desconocimiento del deporte”.
— La legisladora aseguró que hará todo lo posible por conseguir el resello: “Vamos a resellar el proyecto y trabajar porque este país requiere la apertura de las vías públicas para hacer deporte”. Estaremos atentos, tenemos claro que pocas personas le han tratado de dar una mano al deporte recientemente y la señora Méndez es una de ellas.
— Listo, volvamos a nuestro tema medular: las estafas digitales y el proyecto aprobado. Hay un dato político que no es menor: la votación se dio con víctimas presentes en la barra, presionando con carteles y gritos de “ya tuvieron tres años”, mientras algunos diputados —como Daniela Rojas Salas— intentaban frenar el trámite alegando que el texto aún tiene falencias.
— Y sí, es cierto que el país recibe una (¡muy necesaria!) promesa de alivio pero también es verdad que recibe una ley muy discutida, con críticas técnicas serias (Sugef... ABC... La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras...) y con un riesgo obvio de expectativas infladas si la conversación pública se va por el atajo de “ya los bancos tienen que pagar siempre”.
— Vamos por partes, porque aquí el diablo no está en la banca: está en el procedimiento.
— ¿Qué cambia la ley, en simple?
— 1) Establece como regla general la responsabilidad objetiva de la entidad financiera por la sustracción ilegítima de dinero en cuentas bajo su custodia. Dicho en tico: si la plata salió de su sistema y usted dice “yo no autoricé eso”, el punto de partida ya no es “demuéstrelo usted”… sino “que explique el banco”.
— 2) Introduce la inversión de la carga de la prueba en favor de la víctima, tanto en sede administrativa como judicial. Esto es, probablemente, el corazón político del proyecto: deja de poner toda la mochila sobre el estafado.
— 3) Obliga a los bancos a tener mecanismos ágiles para investigar, congelar y restituir montos identificados como provenientes de fraude, cuando existan elementos suficientes para concluir que la transacción fue ilegítima.
— Pero (y este “pero” es el tamaño de la ley)… la norma no dice “pague y calle”.
— ¿Cuándo NO responde el banco? La ley fija excepciones que la entidad puede invocar, pero tiene que demostrarlas:
— A) Autofraude (autoestafa). Es decir, cuando se pruebe que el reclamo es un montaje para sacar plata.
— B) Cuando el banco demuestre que cumple con estándares adecuados de ciberseguridad instruidos por Sugef y que, por ende, es ajeno a la producción del daño.
— Además, el texto (según lo discutido) contempla supuestos como dolo del usuario o movimientos que se interpretan como transferencias entre cuentas del mismo titular para rechazar el reclamo.
— Es decir: hay candados. La pelea será, inevitablemente, por quién prueba qué y con qué calidad de evidencia.
— ¿Cómo sería el trámite de un reclamo? Aquí está el “manual operativo” que se desprende del texto discutido:
— La persona afectada tendría 30 días naturales para presentar el reclamo ante el banco, por medio de formulario, adjuntando copia de la denuncia ante el OIJ. Que por cierto, ¿adivinen qué delito lideró el anuario estadístico 2025 del OIJ? Ajá, un caso cada 16 minutos...
— Seguimos con el proceso: el banco tiene 30 días naturales para investigar y resolver, con una prórroga por una sola vez de hasta 10 días hábiles (avisando con anticipación).
— En esa investigación, la entidad debe acreditar, entre otras cosas, que cumple con la normativa de seguridad y que sus sistemas no fueron vulnerados, revisando patrones transaccionales, autenticación, dispositivos, actividad atípica, etc. Ojo: si el banco rechaza, debe notificar con evidencia y un análisis forense/bitácora; y además remitir copia a OIJ y a Sugef.
— Sugef tendría un plazo corto (se habla de 10 días hábiles) para validar “mediante acto razonado” si el rechazo está debidamente fundamentado. Si Sugef no ratifica, el banco debe restituir fondos o reabrir cuenta en un máximo de 10 días hábiles (sin perjuicio de pelearlo luego en sede judicial). Si Sugef confirma, la persona usuaria podría ir a vía judicial.
— Si el banco más bien determina que el reclamo es procedente, debe acreditar los fondos, reabrir cuenta si aplica, eliminar cargos e intereses asociados y devolver montos cobrados con intereses.
— ¿Y qué pasa con la gente que “se hace la víctima”? El proyecto incluye penas de prisión para quien reclame fraudulentamente para obtener beneficio económico. O sea: el legislador intentó balancear la ley, con medidas para sancionar el oportunismo.
— Hasta ahí, el espíritu general es claro: que el riesgo no lo cargue solo el ciudadano cuando el dinero está en un sistema que, por definición, vende seguridad, custodia y confianza.
— Pero ahora vamos al otro ojo, el clínico.
— ¿Por qué este proyecto ha recibido tantas críticas?
— Sugef se opuso y pidió frenar el avance y mandar el texto a consulta a la Sala IV. Sus preocupaciones (dicho sin tecnicismos) son estas:
— El modelo le asigna a Sugef un rol que se parece al de un tribunal resolviendo controversias caso a caso, lo que podría desnaturalizar su función y abrir broncas de debido proceso.
— Los plazos para revisar expedientes “técnicos” hechos por los propios bancos son muy reducidos. Eso podría terminar empujando muchos casos a tribunales de todos modos: más costos, más demoras, más frustración.
— Hay dudas de diseño institucional: competencias que podrían corresponder a Conassif versus Sugef. Si eso está flojo, la ley se vuelve más litigiosa y más fácil de impugnar.
— La ABC por su lado ha insistido en que se ha vendido una idea incorrecta: que la ley implicará indemnización automática para toda víctima en todo caso. Subrayan entonces que el texto crea un procedimiento, con análisis, revisión de Sugef y eventual vía judicial.
— Hay además un tema práctico que no es menor: el proyecto se centra en operaciones vinculadas con cuentas bancarias. Según el señalamiento gremial, no cubre tarjetas de crédito. Eso implica que habrá estafas que sigan caminando por otra lógica y, por ende, por otra frustración pública...
— Además, hubo cambios en el camino que dejaron a alguna gente molesta: se eliminó un transitorio que obligaba a reintegrar montos a víctimas que habían reclamado antes de la entrada en vigencia, por ejemplo. O sea: para muchas víctimas “históricas”, esta ley podría llegar tarde.
— Finalmente, el elefante en la habitación: varios legisladores advirtieron que el texto no “cierra el portillo” al crimen organizado y que incluso podría abrir incentivos perversos. Daniela Rojas, por ejemplo, llegó a decir que esto no es la solución que el país necesita, aunque terminó votándolo a favor. Ese “a favor, pero…” es básicamente la firma de agua del expediente.
— El pleito en torno a esta ley ha sido tan tan fuerte que los bancos estatales renunciaron a la ABC. O sea, la discusión no solo partió al Congreso: también partió al sector financiero en su representación política.
— Entonces, ¿qué tenemos al cierre de hoy?
— Una ley que nace de un reclamo legítimo y masivo: la gente está siendo estafada con una frecuencia obscena, y el sistema —hasta ahora— ha operado con una asimetría brutal: el banco tiene la infraestructura, la información y los peritajes; el ciudadano tiene el susto, el formulario y la peregrinación.
— ¿Y el Poder Judicial? ¡Los tiempos de Dios!
— Pero también hay que tener claro que la ley avanza con dudas legítimas: si el diseño institucional y operativo es defectuoso, podríamos terminar con una “protección” que en la práctica se vuelve lenta, judicializada y frustrante, justo lo que se supone que venía a evitar.
— Dicho en una frase: el proyecto intenta corregir una injusticia real, pero su eficacia dependerá de una pregunta sencilla y cruel: ¿se podrá ejecutar sin convertir cada estafa en un mini juicio?
— Ahora el balón está en el Ejecutivo. Si lo firma, vendrá el siguiente capítulo: la letra fina de estándares, protocolos, capacidad de revisión y —por supuesto— la primera ola de casos reales que nos dirá si esta ley es un salvavidas… o un flotador con instrucciones confusas.
— Crucemos los dedos...
Bonus track: Junta de Salud del Hospital Geriátrico: “Llevar la nueva sede hasta 2038 es totalmente inaceptable”.
Hidden track: Rodrigo Chaves y Laura Fernández se reunirán con Donald Trump y líderes de la región.
Remix: ICE propone obra de $13,8 millones para reducir inundaciones en quebrada Los Negritos.
Asamblea Legislativa
Congreso admite a trámite reforma constitucional para obligar al presidente a escuchar a las fracciones tras su informe anual
El plenario admitió a trámite una propuesta de reforma constitucional que modificaría el procedimiento del mensaje presidencial que se presenta cada mayo ante el Congreso, obligando al presidente de la república a asistir al día siguiente de su discurso para escuchar las intervenciones de las jefaturas de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa. La iniciativa, impulsada por Nueva República, será ahora analizada por una comisión especial, que tendrá un mes plazo para recomendar al plenario aprobarla o no.
Los detalles en Barra de Prensa.
Reporte Internacional
Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Cuba y expulsa a su embajador
El Gobierno de Ecuador ordenó este miércoles la expulsión de todo el personal diplomático de Cuba acreditado en Quito, incluido su embajador, Basilio Gutiérrez, y dispuso el retiro del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja; la decisión implica la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución que buscaba limitar la guerra impulsada por el presidente Donald Trump contra Irán, en una votación que reflejó el respaldo inicial de la mayoría republicana a la ofensiva militar en Oriente Medio. Por último, el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático podría poner en riesgo a decenas de millones de personas más de lo que estimaban los científicos y los planificadores gubernamentales, según un estudio publicado este miércoles en la revista Nature.
Los detalles en el Reporte Internacional.
La Jornada
Dulce Agüero logra podio para Costa Rica en el Pipeline Bodyboarding Championship
La surfista costarricense de bodyboard Dulce Agüero Navarro consiguió el tercer lugar en el Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship, una de las competencias más reconocidas a nivel mundial en esta disciplina. Además, la comunidad Run Like a Girl organizará el próximo 8 de marzo la Carrera de la Mujer, mientras el Torneo de Golf de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños celebrará en 2026 su edición número 21 con el objetivo de recaudar $150.000 para la compra de equipo médico especializado destinado al Hospital Nacional de Niños.
Los detalles en La Jornada.
Botonetas
— San José: Este jueves 5 de marzo ChepeCletas realizará el recorrido Safari por Historias y Leyendas: Una Noche en Amón, una caminata guiada por el Barrio Amón que explorará acontecimientos históricos, arquitectura patrimonial y relatos tradicionales vinculados a este sector de San José.
— Ambiente: El Consejo Nacional de Rectores (Conare) anunció la apertura de la convocatoria del Premio a la Innovación en Gestión Ambiental Empresarial con enfoque en Cambio Climático 2026, iniciativa que reconoce a empresas públicas, grandes empresas, MIPYMES, cooperativas, asociaciones y otras organizaciones que desarrollen soluciones innovadoras frente al cambio climático.
— Música: La banda indie costarricense que combina rock alternativo con elementos funk, electrónicos, espaciales y pop, Sincrónico, regresa 20 años después de su debut para realizar un único concierto en London Room, San José, el jueves 5 de marzo a las 8:30 pm.
— Gastronomía: La Municipalidad de San José y la Embajada de España en Costa Rica realizarán la VII Feria de la Gastronomía Española el sábado 7 de marzo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Parque Nacional.
— Premios: La Academia de Geografía e Historia abre convocatoria para el Premio Nacional de Historia “Cleto González Víquez” 2025.