El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, vetó el expediente 24.037 aprobado por la Asamblea Legislativa, que modificaba la Ley 9920 para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres. El Ejecutivo devolvió el decreto legislativo al Congreso argumentando razones de conveniencia, oportunidad e inconstitucionalidad.
La reforma aprobada por los diputados eliminaba el pago del costo operativo que debían asumir los organizadores de eventos deportivos por el despliegue de la Policía de Tránsito cuando se utilizan o cierran vías públicas. El texto trasladaba la coordinación del operativo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a la Policía de Tránsito, sin exigir el pago de ese servicio por parte de los organizadores, fueran privados o públicos.
Además, la reforma establecía nuevos requisitos para autorizar estas actividades. Entre ellos, que los eventos formaran parte de un calendario anual avalado por la federación deportiva correspondiente, remitido a la Dirección General de la Policía de Tránsito en la segunda quincena de febrero de cada año. También requería la autorización del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y mantenía el plazo máximo de 30 días hábiles para resolver las solicitudes de permiso.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo argumentó que el proyecto introduce cambios que podrían afectar el marco jurídico vigente sobre el uso de las vías públicas. Según el veto, las carreteras y calles constituyen bienes de dominio público destinados al tránsito de personas y vehículos, por lo que su cierre o utilización para actividades distintas debe manejarse bajo criterios estrictos de interés público y autorización administrativa.
Otro de los cuestionamientos se dirige a la modificación sobre la declaratoria de utilidad pública. El Ejecutivo sostiene que el texto aprobado traslada esa declaratoria hacia las organizaciones deportivas y no hacia el evento específico, lo que implicaría que cada actividad deba tramitar nuevamente esa condición para justificar el uso de vías públicas.
El veto de Chaves también señala inconsistencias en la distribución de competencias institucionales. En particular, advierte que el proyecto asigna funciones de coordinación del tránsito a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, cuando la normativa vigente establece que esa responsabilidad recae principalmente en la Dirección General de la Policía de Tránsito.
Asimismo, el Ejecutivo considera problemático que se elimine el pago del costo operativo de la Policía de Tránsito sin establecer mecanismos claros para cubrir esos gastos. Según el documento, la participación del cuerpo policial implica recursos humanos y operativos que deben valorarse de acuerdo con la capacidad institucional y presupuestaria.
El veto suspende la entrada en vigencia de la reforma aprobada por el Congreso. Ahora la Asamblea Legislativa deberá decidir si acoge las observaciones del Ejecutivo o intenta resellar el proyecto con la mayoría calificada requerida por la Constitución Política.