Gerencias generales de la banca pública alegan “quiebre de confianza” tras postura de la ABC sobre proyecto de ley de estafas electrónicas.
Las gerencias generales del Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica y Banco Popular y de Desarrollo Comunal comunicaron su renuncia “formal, inmediata e irrevocable” a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), tras cuestionar las manifestaciones públicas emitidas por la vocería de esa organización sobre el proyecto de ley 23.908, relacionado con la protección de personas consumidoras en la custodia de su dinero.
Luego de que la ABC calificara la iniciativa de ley como “balanceado y justo” y como un “avance significativo”, las gerencias de los bancos señalaron que eso generó la percepción de un respaldo sectorial a un proyecto que, según indicaron, presenta implicaciones negativas para la estabilidad del sistema financiero y la seguridad jurídica.
La carta continuó:
Si bien horas después se emitió un segundo comunicado que matizó esa posición, el daño reputacional ya estaba consumado. La contradicción pública, ampliamente recogida por los medios de comunicación, afectó la credibilidad del sector bancario, debilitó la claridad del mensaje técnico y expuso a las entidades —en particular a la banca pública— a cuestionamientos injustificados por parte de la ciudadanía, autoridades y usuarios".
Las gerencias expusieron varias objeciones técnicas al proyecto. Las consideraciones expresadas son:
- El proyecto adolece de contradicciones serias que generan un desequilibrio, violatorio de los derechos constitucionales de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad.
- Es arbitrario, no fundamentado en reglas de la ciencia y la técnica, siendo confiscatorio y contrario a la seguridad jurídica.
- La asignación objetiva y amplia de responsabilidad a las entidades financieras, incluso en casos donde la sustracción de recursos deriva de la acción de terceros criminales altamente organizados, sin una adecuada ponderación del comportamiento del usuario ni del nexo causal.
- La omisión del concepto de culpa grave, elemento indispensable para preservar un equilibrio razonable entre derechos y deberes, y para evitar incentivos perversos que terminen favoreciendo el fraude.
- La ausencia de responsabilidades claras y efectivas para los verdaderos perpetradores del delito, trasladando el peso económico, operativo y reputacional a las entidades financieras, sin atacar el núcleo del crimen organizado.
- El riesgo de incremento en costos sistémicos, que inevitablemente se trasladan al conjunto de los usuarios, afectando inclusión financiera, tarifas, acceso al crédito y sostenibilidad del sistema.
- La generación de inseguridad jurídica, al introducir regímenes de responsabilidad que se superponen o contradicen marcos ya existentes y consolidados
Las entidades indicaron que han invertido históricamente en ciberseguridad, educación financiera y prevención del fraude, y afirmaron que su salida responde a la necesidad de mantener coherencia técnica y responsabilidad institucional.
"La ABC, como instancia gremial, tiene la responsabilidad de emitir posiciones claras, coherentes y técnicamente consistentes, especialmente en temas de alta sensibilidad social y política. Cuando esa responsabilidad se incumple, se compromete no solo la imagen de la Asociación, sino también la de las entidades que la integran", puntualizaron.
Las gerencias agradecieron a la ABC por los espacios de diálogo compartidos en el pasado, pero consideran que el contexto actual les obliga a "marcar una posición firme y transparente ante la ciudadanía y ante el país".
El documento fue suscrito por Julio César Delgado, gerente general del BCR; Ginal Carvajal Vega, gerente general corporativa del Banco Popular; y Rosaysella Ulloa Villalobos, gerente general del Banco Nacional de Costa Rica.
El mencionado proyecto de ley, propuesto por el liberacionista Óscar Izquierdo Sandí, invierte la carga de la prueba a favor de las personas estafadas electrónicas que acudan a la vía judicial tras haber sufrido de una sustracción de los recursos de sus cuentas bancarias. El texto pretende resolver la falta de regulaciones y de normativa en esta materia.
La propuesta fue aprobada en primer debate por la Comisión Plena III el pasado 25 de abril y se encuentra a la espera de la segunda discusión.