La ABC sostiene que el expediente 23.908 no incorpora todos los criterios técnicos necesarios ni define responsabilidades para quienes cometen los delitos.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) aseguró que el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios, aprobado en primer debate por la Comisión Plena III bajo el expediente 23.908, está lejos de solucionar el crimen organizado vinculado a estos delitos.
Según la asociación, las estafas electrónicas constituyen un fenómeno asociado al crimen organizado que requiere un enfoque integral basado en la prevención, la educación financiera y la cooperación entre autoridades, entidades financieras y ciudadanía.
La ABC señaló que la Comisión Plena III no atendió todos los criterios técnicos necesarios para abordar el problema de manera integral y afirmó que la iniciativa no establece responsabilidades para quienes cometen el delito.
Asimismo, subrayó que insistió reiteradamente en la incorporación expresa de la figura de la culpa grave como elemento técnico dentro del análisis de responsabilidades. A criterio de la asociación, incluir este concepto permitiría precisar mejor los supuestos en que corresponde o no una indemnización, fortalecer la seguridad jurídica del régimen y garantizar un equilibrio adecuado entre la protección de las personas usuarias y los principios de justicia y razonabilidad.
De acuerdo con la ABC, el texto actual omite aspectos que considera fundamentales; no obstante, reconoce que sí establece un principio de responsabilidad para las entidades financieras en la custodia de los recursos de sus clientes, obligación que, según señaló, ya se encuentra contemplada en la legislación vigente.
Cámara de Bancos también señala la necesidad de ajustes
La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica (CBF) reconoció la gravedad del aumento de las estafas electrónicas, pero advirtió que el proyecto aprobado requiere ajustes para evitar efectos negativos sobre personas, pymes y empresas
Según la Cámara, trasladar de forma amplia o prácticamente automática la responsabilidad económica a las entidades financieras no desarticula las redes criminales y podría generar consecuencias no deseadas para el sistema financiero nacional.
El sector señaló que imponer esa obligación podría encarecer los servicios financieros, aumentar comisiones, endurecer requisitos de crédito y presionar al alza las tasas de interés, lo que incluso podría provocar exclusión financiera y empujar a personas hacia mecanismos informales de financiamiento.
La Cámara reiteró que comparte el objetivo de proteger a las víctimas, pero pidió que la normativa se construya con equilibrio, proporcionalidad y criterios técnicos claros para no debilitar el sistema financiero formal.