Congreso aprueba en primer debate reforma al régimen disciplinario del Poder Judicial
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en primer debate, un proyecto impulsado por el Poder Judicial que renueva su régimen disciplinario, al redefinir las faltas, ampliar el alcance de las sanciones y redistribuir las competencias para resolver estos procesos.
El texto aprobado por la unanimidad del plenario no solo introduce cambios estructurales, sino que define nuevas conductas sancionables y modifica la forma en que se tramitan los procedimientos disciplinarios.
La reforma elimina una limitación clave del régimen vigente: la imposibilidad de sancionar a personas sin un vínculo laboral activo. A partir de esta ley, el Poder Judicial podrá abrir procedimientos contra quienes integran listas de suplentes, elegibles o meritorios, incluso si no ocupan un cargo en ese momento; en esos casos, el proceso podrá concluir con su exclusión de dichas listas, lo que impide futuros nombramientos.
El proyecto establece que esta condición (pertenecer a listas) constituye una condición jurídica favorable que justifica la aplicación de controles disciplinarios aun sin relación laboral vigente. La iniciativa además rediseña el sistema institucional que conoce y resuelve las faltas; y crea y regula órganos disciplinarios específicos que asumirán funciones tanto de instrucción como de decisión dentro de los procedimientos.
Estos órganos operarán junto a instancias ya existentes como la Corte Plena, el Consejo Superior y la Auditoría Judicial, que mantienen competencias en materia disciplinaria, especialmente en la emisión de órdenes, recomendaciones y control interno.
La reforma permite que estos órganos especializados tramiten y resuelvan expedientes, lo que reduce la concentración de casos en la Corte Plena y redistribuye la carga de trabajo. En el modelo vigente, la Corte Plena concentra un volumen significativo de asuntos disciplinarios, por lo que la nueva ley introduciría un esquema en el que órganos técnicos asumen la tramitación y resolución de muchos de estos casos.
Uno de los cambios más relevantes del proyecto radica en la tipificación precisa de conductas sancionables. La reforma establece un catálogo unificado de faltas leves, graves y muy graves, que sustituye la dispersión normativa actual.
Entre las faltas leves, el texto incluye expresamente el retraso injustificado en el despacho de los asuntos, o en su resolución, lo que incorpora la mora judicial como conducta sancionable en su forma básica.
Sin embargo, el proyecto también tipifica como falta grave el retardo grave e injustificado en la administración de justicia, lo que introduce una distinción entre mora ordinaria y mora agravada según su intensidad o consecuencias.
El catálogo de faltas graves incluye además conductas como errores graves en la administración de justicia declarados jurisdiccionalmente, omisiones que provoquen la prescripción o caducidad de procesos, incumplimiento de órdenes o recomendaciones emitidas por la Corte Plena, el Consejo Superior o la Auditoría Judicial; y la falta de activación del régimen disciplinario cuando exista conocimiento de hechos sancionables.
En el caso de las faltas leves, el proyecto detalla conductas como faltas de respeto, ausencias injustificadas, impuntualidad en diligencias, abandono de labores o desatención de actuaciones judiciales, entre otras.
El nuevo régimen también fortalece las herramientas de investigación, incluida la posibilidad de utilizar pruebas provenientes de otros procesos, como intervenciones de comunicaciones en casos de corrupción. Además, el sistema establece obligaciones para que las autoridades comuniquen hechos que puedan constituir faltas, bajo riesgo de incurrir ellas mismas en responsabilidad disciplinaria.
El proyecto deberá superar un segundo debate en el plenario legislativo.
Breves
— Con 24 votos en contra y 19 a favor se rechazó el informe de mayoría de la Comisión Especial Investigadora sobre la CCSS, suscrito por Daniel Vargas Quirós (PPSD), Olga Morera Arrieta (NR), Luis Diego Vargas Rodríguez (Indep.) y María Marta Carballo Arce (PUSC). En su lugar, con 24 votos a favor y 19 en contra se aprobó el informe de minoría suscrito por Andrea Álvarez Marín (PLN), Dinorah Barquero Barquero (PLN) y Rocío Alfaro Molina (FA).
— Con 44 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.934 "Ley de licencias municipales para las actividades lucrativas del cantón de Monteverde".
— Con 44 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.731 "Autorización al Ministerio de Educación Pública para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral de Naranjo Platanares y se afecte a uso público".
— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.472 "Adición de un párrafo final al artículo 32 bis del Código de Comercio".
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.162 "Ley para la construcción, mejora y administración de las paradas de autobús, tren y taxi".
— Con 41 votos a favor y 5 en contra se aprobó en primer debate el expediente 25.158 "Ley para eliminar el beneficio de brazalete electrónico en delitos con armas".
— El plenario aprobó una moción para sesionar de manera extraordinaria el jueves 26 de marzo en horas de la mañana, con la siguiente agenda de proyectos:
- Expediente 25.183 "Aprobación de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo OPEP para el desarrollo internacional para financiar el proyecto de ampliación y mejoramiento del corredor Vial San José-San Ramón".
- Expediente 25.424 "Ley para la Protección del Desarrollo Económico y Social de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas".
- Expediente 25.079 "Habilitación del allanamiento en procedimientos de extradición, reforma a la Ley de Extradición, Ley N.º 4795 del 16 de julio de 1971 y sus reformas".}
- Expediente 24.489 "Ley de Arbolado Urbano".
- Expediente 24.542 "Reforma de los artículos 11, 14, 16, 17, 20, 22 y 24 de la Ley N° 8533, Regulación de las Ferias del Agricultor, del 18 de julio del 2006".
- Expediente 23.829 "Reforma y adición de varios artículos de la Ley de Planificación Urbana, Ley Nº 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas".
- Expediente 24.756 "Ley de promoción de la transición energética e incentivos en el sector automotriz para vehículos con combustibles alternativos limpios".
- Expediente 24.996 "Reforma a los Artículos 5 y 7, y adición de un Transitorio V a la Ley N.° 9428 Impuesto a las Personas Jurídicas de 21 de marzo de 2017 y sus reformas".
- Expediente 24.691 "Reforma a los artículos 1,2, y 6 de la Ley N°7372, Ley para Financiamiento y Desarrollo de Educación Técnica Profesional, 22 de noviembre de 1993".
- Expediente 24.812 "Declaración de la Marcha Fúnebre "Duelo de la Patria" como Símbolo Nacional de la República de Costa Rica".
Proyectos dictaminados
Este lunes no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.
Leyes publicadas
Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.