El proyecto de ley busca normar las condiciones de funcionamiento y atender la construcción de la infraestructura necesaria para que garantice el acceso y las condiciones de funcionamiento optimas de acuerdo con diseños apropiados y técnicamente elaborados con la más rentable inversión en términos de eficiencia y ahorro de los recursos utilizados, en el marco de la menor afectación de los intereses de los particulares. El proyecto sería financiado con un aporte anual de ₡1.000 millones del presupuesto de Cosevi, a distribuir el 50% al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para atender proporcionalmente según la extensión de la red vial de cada cantón, 35% a los cantones de menor Índice de Desarrollo Social, y 15% en partes iguales entre las municipalidades del país.