Diputados señalan debilitamiento institucional y trasladan expediente al Ministerio Público.
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó la noche de este lunes, en una sesión extraordinaria y tras varias horas de debate, el informe de minoría emitido por la Comisión Especial Investigadora sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que analizó —entre otros temas— el caso Barrenador, la crisis de especialistas, la tercerización de servicios en la institución, y el caos ocasionado por la implementación del sistema SAP-ERP.
La mayoría del plenario rechazó en votación 24 vs. 19 el informe presentado por el oficialismo y sus diputados satélites, el cual exoneraba de responsabilidad a la expresidenta de la CCSS y ahora diputada electa, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, por los hechos registrados en meses recientes en la institución; y en su lugar y con una votación exactamente a la inversa, aprobó el informe de minoría, presentado por Liberación Nacional y el Frente Amplio.
El documento aprobado concluye que la CCSS atraviesa un proceso de debilitamiento en su gobernanza, acompañado de decisiones estratégicas adoptadas sin respaldo técnico suficiente y con presunta subordinación a intereses del Poder Ejecutivo. El informe también advierte sobre actuaciones incompatibles con principios técnicos y legales, así como un deterioro en los mecanismos de control interno.
De lo expuesto, esta Comisión considera suficientemente demostrado que la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en conjunto con algunos miembros de la Junta Directiva, incurrió en actuaciones incompatibles con los principios de legalidad, razonabilidad, objetividad y buena administración que rigen la función pública. La totalidad de la prueba recabada refleja que la Presidencia Ejecutiva actuó bajo una línea de subordinación directa a los intereses del Poder Ejecutivo, comprometiendo la autonomía constitucional de la CCSS y alterando los equilibrios institucionales necesarios para la correcta gobernanza del servicio público de salud".
En esa misma línea, el texto cuestiona la idoneidad de nombramientos en la cúpula institucional, en particular el de la Presidencia Ejecutiva, como parte del análisis sobre la conducción de la entidad.
El informe dedica un apartado al denominado caso Barrenador, donde señala un daño a un modelo de contratación que, según el documento, había mostrado resultados positivos. La comisión asoció ese episodio con decisiones alejadas de criterios técnicos y legales y con una eventual influencia indebida del Poder Ejecutivo en procesos administrativos.
Otro de los ejes centrales del informe aprobado se refiere a las listas de espera y los servicios de diagnóstico. El informe describe un fracaso en la contención del crecimiento de las listas, incumplimientos en la hoja de ruta institucional y una gestión caracterizada por improvisación en programas como el de mamografías. También señala inestabilidad en la unidad técnica encargada, advertencias ignoradas sobre el déficit de especialistas y denuncias de injerencia política, con consecuencias directas para las personas usuarias.
En cuanto a las recomendaciones, el documento plantea la necesidad de determinar responsabilidades políticas y administrativas, reforzar la autonomía técnica de la CCSS y emprender reformas estructurales para atender las listas de espera. Además, propone fortalecer el recurso humano especializado, reformar el programa de mamografías, establecer mecanismos permanentes de transparencia y rendición de cuentas y revisar la gobernanza institucional .
Recomendaciones
El informe aprobado pide al Poder Ejecutivo adoptar una política pública explícita de respeto irrestricto a la autonomía constitucional de la CCSS, absteniéndose de incidir directa o indirectamente en decisiones técnicas o procesos licitatorios que correspondan exclusivamente a los órganos competentes. Asimismo, recomienda revisar los mecanismos de nombramiento y remoción de directivos garantizando criterios de idoneidad técnica y estabilidad institucional, así como verificar documentalmente la información utilizada, evitando desinformación que afecte la confianza pública y que propicien injerencia política que derive a una crisis institucional.
La aprobación del informe traslada el informe y la totalidad del expediente al Ministerio Público, para que lo use como insumo técnico y valore la eventual existencia de hechos que puedan constituir ilícitos penales, al tiempo que le pide a la Fiscalía valorar las posibles presiones políticas en la toma de decisiones en la CCSS, violentando así su autonomía.
Respecto a la CCSS, el informe le pide restablecer un marco regulatorio robusto en materia de tercerización que elimine vacíos normativos y limite la discrecionalidad, así como fortalecer la separación entre órgano evaluador y órgano decisor en procesos de contratación pública; blindar la participación obligatoria de la Dirección Jurídica y la Auditoría Interna en decisiones estratégicas; y regular estrictamente la convocatoria de sesiones extraordinarias garantizando certificación previa de legalidad y cuórum.
Adicionalmente se pide implementar un protocolo institucional que prevenga injerencias indebidas y garantice trazabilidad de decisiones, y garantizar que la toma de decisiones esté sustentada en estudios técnicos suficientes.