Cuando un líder fuerte impone un sucesor sin autonomía, sin identidad ni legitimidad propias, no piensa en el futuro del país sino en el suyo propio. Ese delfín no resulta de una competencia democrática ni de un liderazgo emergente, es una pieza funcional diseñada para garantizar continuidad, influencia e impunidad una vez abandonado el cargo. Para que ese esquema funcione, el líder debe impedir que el sucesor piense, actúe o se diferencie, imponiendo un mandato artificial, sumiso y débil.
El delfinazgo, descrito por Guillermo O’Donnell como democracia delegativa y por Hugo Quiroga como subrogación consentida, no implica alternancia, es apenas una transferencia controlada del poder. No es continuidad programática sino subordinación política. La democracia madura requiere de alternancia y responsabilidad frente al escrutinio público, no solo cambio de caras.
América Latina ofrece ejemplos numerosos, infelices y trágicos, como para fingir ingenuidad; el patrón es recurrente. Valga mencionar solo algunos casos dramáticos: Isabel Perón heredó el poder de su marido fallecido Juan Domingo Perón; sin liderazgo propio, incompetente y débil políticamente, aceleró el colapso institucional argentino de 1976. Keiko Fujimori intentó eternizar el fujimorismo arrastrando desastrosamente al Perú con un legado caótico del que aún no se recupera. Estamos presenciando el final escénico de Nicolás Maduro, caso extremo de sucesor designado, incapaz de gobernar sin el espectro del líder muerto, sostenido por fraudes, represión, incompetencia y destrucción sistemática de la democracia.
Costa Rica no se parece a esos países. Aunque ha conocido candidaturas continuistas, también ha sabido preservar la alternancia y realizar correcciones institucionales. En democracias sanas, los sucesores marcan diferencias, introducen límites y asumen costos, aunque ningún sistema está vacunado contra el poder personalista.
¿Cómo se manifiesta esta lógica en Laura Fernández? Ella es percibida, por buena parte de la ciudadanía, sin exageración retórica ni caricatura opositora sino con hechos observables, como delfina de Rodrigo Chaves. Su visibilidad pública e identidad política están siempre bajo la sombra del presidente; no emergió como líder con ideas propias ni proyecto diferenciado, sino como la prolongación funcional del poder vigente. Por su ilegitimidad sería incapaz de gobernar con independencia, pues carece del margen político requerido.
Cuando la candidatura aparece como el simple relevo de un autócrata que exige continuidad, no hay opciones, solo obediencia. El padrinazgo político es explícito; Chaves no actúa como un presidente saliente dispuesto a retirarse sino como un jefe que pretende extender su influencia más allá del mandato constitucional. La delfina deberá cumplir con la función de preservar su poder, bloquear la renovación de liderazgos, mantener la lógica confrontativa y desprestigiar los contrapesos. La regla del delfinazgo es simple y férrea; el delfín no contradice ni corrige, ni delimita, ni decide, ni critica, porque no puede; simplemente obedece simulando criterio propio, sin desafiar al mentor.
Presenta su discurso político como técnico y “realista”, pero sus silencios no son neutralidad sino complicidad; no cuestiona los abusos ni la reputación del jefe, ni su tono beligerante, ni su hostilidad hacia la prensa, ni las agresiones sistemáticas a las instituciones de control constitucional. Rebautiza la censura como “orden”, la concentración del poder como “eficiencia” y el desprecio por la oposición como “madurez política”. No hay ruptura, ni siquiera simbólica.
Karl Popper advirtió que el enemigo natural del autoritarismo es el control; el del delfín es la pregunta incómoda y para esquivarla, se reviste de tecnicismos, moderación estética y racionalidad administrativa; no insulta, le basta el servilismo pulido y “aceptable”. Alexis de Tocqueville anticipó que quien depende del poder jamás se preguntará “¿hasta dónde?” porque al hacerlo implicaría reconocer sus límites. Hannah Arendt explicó que el autoritarismo moderno no siempre impone la violencia sino la complicidad de personas respetables que las administran con argumentos razonables. La banalidad del mal no grita, solo gestiona. Andreas Schedler analizó casos de elecciones sin democracia en donde no hizo falta eliminar el voto, simplemente reducirlo a opciones inevitables. Laura Fernández encarna esas versiones “administradas” del continuismo; no es fanática, es funcional; normaliza elegantemente el servilismo. Como advirtió O’Donnell, cuando el poder se delega sin controles la democracia se vacía desde adentro; Quiroga reafirmó que la subordinación consentida no anula súbitamente la democracia; la degrada lentamente hasta volverla irreconocible.
Aunque las encuestas otorgan a Fernández un apoyo significativo, el elevado porcentaje de indecisos refleja desconfianza. El electorado percibe que no se le ofrece un proyecto autónomo sino una mera prolongación sin distancia discursiva, ni autonomía, ni límites claros, siquiera simbólicos. Su narrativa replica la del presidente: deslegitimar controles, victimizarse ante la crítica y reducir el pluralismo a un obstáculo. Eso no es coincidencia ideológica, es burdo alineamiento estratégico.
La metáfora de la delfina no es insultante ni exagerada; describe una persona cuyos silencios ante los excesos no se interpretan como prudencia sino como sumisión; es alguien que firma decretos con garabatos en el aire y a quien se le prohíbe asistir a debates públicos por miedo de que la acorralen sus contrincantes. Encarna la imagen de quien no se presenta dispuesta a gobernar sin permisos explícitos; no es más que un vehículo para que el poder autocrático siga ejerciéndose sin rendir cuentas; es apenas una heredera. Elegir a una delfina no es otorgar poder a quien ya dejó claro que no quiere, o no puede, ejercerlo con independencia.
Las democracias no mueren solo por golpes espectaculares, también por continuidades dóciles, sucesiones obedientes y gobernantes que prometen estabilidad mientras consolidan el deterioro. El peligro no es solo el autoritarismo explícito, sino su versión elegante, silenciosa y administrada. Por ello, el electorado enfrenta una pregunta inevitable: ¿quién gobernará si esta candidatura triunfara? ¿Una presidenta con iniciativas, capacidad de control y voluntad de límite, o un poder con rostro prestado que operará desde las sombras?
La advertencia es inequívoca, no admite eufemismos ni retórica: no hay democracia funcional si el poder se reproduce por delegación. Optar por una candidata sin autonomía no constituye continuidad responsable sino la renuncia al control ciudadano, paradójicamente mediante el voto. Equivale a validar el continuismo, bajo apariencia institucional, con efectos previsibles y regresivos al volver opcional la rendición de cuentas. Si la sociedad acepta que la autoridad no se retire y más bien se reconfigure bajo otra titularidad, el deterioro ya no sería accidental sino una consecuencia previsible y consentida. En tal escenario la autocracia no necesita imponerse ni justificarse, se normaliza, se vuelve procedimental, respetable, rutinaria y legitimada por una mascarada de estabilidad y eficiencia. El problema ya no sería quién gobierna sino quién deja de controlar.
Si la ciudadanía abdica su función crítica, el poder entra por la vía electoral con lenguaje técnico, gestos moderados y aplausos resignados. Luego, como ha sucedido en otros países, la apelación a la sorpresa o a la ingenuidad llegará tarde, pues las señales estaban a la vista y fueron deliberada o torpemente ignoradas. El día después, lamentablemente, evidenciará que la elección no marcó el inicio de un nuevo ciclo sino la sustitución de la vigilancia democrática por obediencia y conformismo. Recuérdese que Venezuela no colapsó súbitamente, lo fue haciendo poco a poco mientras la ciudadanía dejaba degradar su democracia creyendo que eso no les sucedería. Cuando una sociedad adopta esta lógica, la democracia no se pierde de golpe, se renuncia a ella con su propio voto, sin coerción, ni dramatismo, ni con la posibilidad de alegar desconocimiento.
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