El Ministerio de Educación Pública recientemente anunció una actualización de los lineamientos sobre el uso de uniformes, cabello, piercings y tatuajes en los centros educativos, para el ciclo lectivo 2026. La noticia, que en otro contexto podría abrir un debate amplio sobre derechos individuales y modernización, hoy se siente como una cachetada en medio de uno de los naufragios educativos más graves de la historia reciente de nuestro país. El MEP hoy dedica tiempo a discutir la apariencia del estudiantado en un contexto global en el que cada vez más, países de altos niveles educativos comprenden y demuestran que ninguno de estos factores influye en el desempeño de la persona estudiante.

Esta decisión no es solo inoportuna, sino que es un síntoma de la profunda desconexión y la trágica miopía que ha caracterizado la gestión educativa de los más de tres años que tiene la administración Chaves Robles. Parece ser un denominador común en todas las instituciones dependientes del ejecutivo el enfocarse en la fachada mientras que los cimientos del sistema se desmoronan -y de forma cada vez más evidente-.

Hablemos de lo urgente, de lo que ese comunicado ignora. Vivimos un apagón educativo que no es una simple metáfora, sino una catástrofe que seguirá siendo causa de problemas por generaciones. Este apagón se traduce en miles de estudiantes que terminan la primaria y secundaria sin saber leer ni escribir funcionalmente, una brecha de aprendizaje que la pandemia profundizó y que la inacción ha vuelto crónica.

La evidencia más clara de este desastre la proporcionó el propio MEP al presentar los resultados de las Pruebas Nacionales Estandarizadas (PNE) del año anterior, los cuales fueron un reflejo del fracaso. Mostraron un rendimiento alarmantemente bajo en habilidades fundamentales como matemáticas y español; algo a lo que además se suma el Décimo Informe Estado de la Educación, publicado el presente año, donde se certifica que las personas egresadas de secundaria tienen niveles básicos -y propios de estudiantes de primaria- en comprensión lectora y racionamiento lógico-matemático.

Estas pruebas, diseñadas e implementadas por esta misma administración, deberían haber encendido todas las alarmas y provocado un estado de emergencia educativo. La respuesta lógica habría sido un plan de choque inmediato, una intervención masiva y focalizada para recuperar aprendizajes. Pero, en lugar de eso, lo que se recibe en las aulas para el próximo año es un debate sobre el largo del cabello y las uñas; limitaciones en la expresión de la identidad individual de cada una de las personas que estudian en las aulas.

La falta de prioridades es un reflejo directo de la falta de un norte claro. Durante los últimos años, Costa Rica no ha tenido una buena política educativa; ha tenido una sucesión de polémicas, improvisaciones y batallas ideológicas. La gestión de la exministra Anna Katharina Müller estuvo marcada por el conflicto constante, el desmantelamiento de programas sin sustitutos claros y una incapacidad manifiesta para articular una estrategia que respondiera a las problemáticas que aquejan tanto a estudiantes como docentes. Se perdieron meses valiosos en disputas estériles mientras el futuro de las juventudes corría en contra, el tiempo no apremia nunca, pero mucho menos cuando se trata de educar al presente y futuro de nuestro país.

La actual administración heredó una crisis causada por la pandemia y, lejos de atenuarla, parece haberla reforzado con una mezcla de negación e irreverencia. ¿Dónde está la "Ruta de la Educación"? ¿Cuál es el plan concreto para que los niños de las zonas rurales tengan la misma calidad educativa que los de la urbana? ¿Cómo vamos a revertir el hecho de que nuestros estudiantes no comprenden lo que leen? ¿Cómo puede eliminarse la brecha entre educación pública y privada? O ¿cómo podemos erradicar la brecha tecnológica que vive el estudiantado de muchas instituciones públicas del país?

No se trata de estar en contra de que un estudiante pueda llevar un tatuaje o el cabello teñido. Ese es un debate sobre la libertad personal que, eventualmente, tendrá que darse. El punto central es la abismal diferencia entre esa discusión superficial que nos presenta el ministerio y la emergencia que enfrentamos. Estamos en una situación casi comparable a que el capitán del Titanic, con el barco hundiéndose, hubiera dedicado sus últimas órdenes a regular el código de vestimenta de quienes se subían a los botes salvavidas.

El MEP no necesita regular con urgencia la estética en 2026. Necesita, hoy, un plan de rescate para la lectoescritura. Necesita garantizar que los docentes tengan las herramientas y el apoyo para enfrentar aulas con niveles de aprendizaje trágicamente dispares. Necesita una estrategia real de mejora de infraestructura para que los estudiantes no reciban clases en condiciones insalubres.

Este anuncio sobre la apariencia del estudiantado no es una política de modernización; es una distracción, una cortina de humo que intenta simular gestión donde solo hay vacío. Es, en el fondo, una falta de respeto a los docentes que hacen milagros en las aulas y a los padres de familia que ven cómo el futuro de sus hijos se desvanece en la incompetencia administrativa. Costa Rica puede esperar para decidir sobre tatuajes; pero necesita que el MEP decida, hoy, salvar la educación.

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