Las bases conceptuales del voto y su funcionamiento dentro de la colectividad organizada han sido ampliamente estudiadas y precisadas en función de diferentes modelos y lineamientos de análisis, señalando ser un elemento adyacente a la libertad de existencia y la elección del ser humano, derivado de los principios fundamentales de accesibilidad a la decisión y representatividad ideológica y fundamental en el poder electo. Esta teoría señala tener una larga data, y aún en sus concepciones más extremas, radica en aquella condición más esencial del ser humano, entiéndase el libre albedrío, que al menos en su idea esencial implica la elección autónoma y consciente de la candidatura preferida por el votante.
Esta dinámica y de manera inexorable, señala la necesidad de la existencia de una pluralidad de opciones políticas, las cuales son presentadas al votante en la denominada papeleta electoral, que cumple a manera de una oferta de los gestores y aspirantes a los puestos de poder de elección popular, siendo su contraparte el electorado, quienes desde su condición humana del libre albedrío proceden al ejercicio de su voto, precisamente por la decisión y elección final. Esta idea es bastante pura en su concepción, pues se basa en la precisión conductual del elector dada por sus patrones de conducta y decisorios en función de su afinidad ideológica y política, no obstante, al hacer referencia a colectividades organizadas, el comportamiento emocional y la conducta de masas infieren en gran medida en esta acción, implicando una tergiversación del poder de elección real.
En línea de lo anterior surge a la luz de la teoría de la decisión electoral un paradigma de interés, que señala la contraposición de dos elementos esenciales de la conducta del votante y la elección de la distribución del poder, siendo estos la eficiencia y la equidad, los cuales indican ser opuestos, al menos en la estructuración de este modelo, pudiendo visualizare una especie de plano cartesiano donde se ubica en el eje vertical la eficiencia y en el horizontal la equidad, implicando una relación curvilínea y ambivalente de estas variables, donde sus extremos parecen ser contrapuestos. Cabe indicar que la primera refiere a la forma más expedita de realizar alguna acción, al menor tiempo y costo, mientras que la segunda implica la accesibilidad y reparto de recursos de forma igualitaria para todos los participantes.
Al observar este modelo paradigmático y al asociarse a la teoría de la elección popular, siendo en este caso la dada para la oferta electoral, parece crearse una contraindicación ambivalente, pues se detalla que a mayor repartición de los recursos por igual, implicaría una mayor cantidad de opciones de elección y una representatividad amplísima de candidatos, pero con una dilución sumamente marcada de las alternativas, mientras que en la eficiencia se observaría una manera expedita de maximización de contenidos, tiempo, costo y formas, lo cual precisaría un agrupamiento de las fuerzas electorales únicamente en aquellas ideas o agrupaciones de concentración y representación con ponderación considerable.
El punto anterior es observable al analizar la arena electoral del país, donde parece darse una oferta política conformada por un número de 20 agrupaciones, las cuales denotan un mosaico de interés en materia de las ideologías existentes en el espectro político-económico, presentado virtualmente casi toda opción política en esta conformación dada por los ejes horizontal, con propiedad estatal a la izquierda y su concepción privada en la derecha, así como por el eje vertical, que señala el autoritarismo en su parte alta y el libertarismo en la parte baja. Al cruzar estos ejes se crean cuatro enfoques marcados, el estatismo (izquierda y arriba), el socialismo (izquierda y abajo), el conservadurismo (derecha y arriba) y el liberalismo (derecha y abajo), dinámica que señala una equidad cuasi absoluta de la variabilidad de opciones para el voto en una primera ronda.
Ahora bien, los cuatro enfoques antes señalados encuentran también una división dentro de cada uno de ellos, dados por el extremo, el económico, el romántico y el moderado, esto en función de la radicalización de sus posiciones en mayor o menor medida. Al observar esta extrema pluralidad de opciones políticas en un país pequeño como es el caso del entorno nacional, sin duda permite una maximización al extremo de la equidad de postulación y representatividad de ideologías posibles de elección, señalando incluso que las doctrinas más extremas encuentran cabida en esta especie de equidad de ideas, donde incluso se observan posiciones que rayan en posturas casi ridículas como la nacionalización de toda propiedad privada, la eliminación de la empresa, o bien, el cierre de las entidades de gobierno encargadas de la política económica, entre otras.
Con base en lo anterior surge el paradigma de la equidad versus la eficiencia, pues por un lado dicha gama de pluralidades ideológicas, en efecto, es equitativo en expresión, por otra parte, al presentarse una oferta electoral tan diluida, contando incluso con posiciones extremas inaplicables, evidentemente resta eficiencia al proceso de elección popular, no mal entendiendo esto únicamente en referencia de los recursos financieros, mismos que se requieren en demasía para este tipo de proceso, sino también en términos de la eficiencia de la elección de la persona. Es acá donde parece crearse una paradoja ligada a la decisión y al libre albedrío, implicando que a mayor cantidad de opciones de donde escoger en una contienda política, la efectividad y la atinencia de la elección final presentada por la persona tiende a ser menos exacta y más distorsionada, en particular por la disonancia dada por la pluralidad improcedente de alternativas inviables.
En este punto es fundamental recalcar que este paradigma de eficiencia y equidad en la decisión popular no promulga una posición extrema en ninguno de los dos ejes, ni tampoco condena su aplicación en cualquier vía, sino más bien busca un punto medio que permita establecer parámetros mínimos de accesibilidad a la participación de la pluralidad ideológica, pero donde no se lleguen a extremos con planteamientos que simplemente no tienen aplicabilidad en la práctica. Este tema llama al establecimiento del denominado pragmatismo político de la oferta, es decir, plantea la interrogante de ¿Cuántos partidos políticos son eficientes y equitativos en una contienda electoral?,
Aunque la respuesta a la pregunta anterior señala una dificultad profunda y una gestión heurística y hermeneútica sumamente potentes, la teoría señala algunos aspectos a considerar, tales como la cantidad de votantes inscritos en el padrón electoral, los mecanismos de acceso a la deuda política, los valores constitucionales existentes en la norma prima de la república, donde los postulados de las agrupaciones participantes no pueden ser contrarios a ellos, además del presupuesto público, la infraestructura y otros. Al desarrollar este ejercicio intelectual y comparativo de la eficiencia y la equidad, es evidente lo contraproducente que parece ser la existencia de una papeleta amplísima con la atinencia y efectividad de la decisión individual, implicando el génesis de distorsiones conductuales, sesgos de validación y aspectos emocionales que afectan el libre albedrío a medida que existen cantidades extremas de partidos participantes.
Entonces ¿Cuál es el número ideal de partidos políticos participantes en una contienda?, quizás esta respuesta amerite un galardón a quien logre detallarla con exactitud, y aunque han habido aproximaciones a algoritmos que tratan de definir este quantum ideal, esto depende totalmente del contexto y el país, debiendo señalarse a la vez que el establecimiento de un límite de partidos posibles de inscripción podría reñir con los principios más esenciales de la democracia participativa, no obstante, la eficiencia de la decisión depende del raciocinio del elector responsable y de la priorización de las opciones electorales hacia la ideología más funcional.
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