Fiscalía ya apeló la resolución.
El pasado 28 de abril el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José resolvió no acoger la nueva solicitud de medidas cautelares presentada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en el marco del expediente 24-000192-1218-PE, que investiga presuntas irregularidades en la recepción del edificio del Ciclotrón PET/CT de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La decisión fue confirmada ayer lunes por La Nación tras consulta al Departamento de Prensa del Poder Judicial. La resolución ya fue apelada por la Fiscalía, por lo que se está a la espera de que se programe una nueva audiencia.
La causa penal se centra en posibles delitos de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, y tiene como imputados a dos funcionarios universitarios de apellidos Cotter Murillo y Soto Retana, quienes en febrero fueron detenidos temporalmente durante una serie de allanamientos realizados por el Ministerio Público y el OIJ en cinco oficinas de la UCR, en sus viviendas, y en las instalaciones de la empresa constructora Navarro y Avilés, encargada del proyecto.
Tras su detención, ambos funcionarios fueron suspendidos como medida cautelar, y se les impuso la prohibición de acercarse a la OEPI y de contactar a testigos vinculados al proceso. Dicha resolución fue anulada posteriormente por el Tribunal Penal de Hacienda, lo que dio pie a la nueva solicitud presentada por la Fiscalía, ahora también rechazada.
En esta ocasión, el Juzgado consideró que los requisitos del artículo 239 del Código Procesal Penal no se encontraban satisfechos, en tanto no identificó indicios suficientes de la comisión del hecho delictivo por parte de los imputados para justificar una restricción de derechos en esta etapa procesal.
