Región ya presenta evidencia de movilidad climática y desplazamientos forzados por desastres.

El más reciente Informe Estado de la Región del Programa Estado de la Nación confirma que el cambio climático ya tiene efectos visibles y significativos en Centroamérica y República Dominicana (CARD). Esta situación agudiza problemas estructurales que comprometen las condiciones para el desarrollo humano sostenible.

La región enfrenta una creciente vulnerabilidad climática que afecta directamente a las personas, medios de vida, ecosistemas, infraestructuras y economías locales. El problema se agrava por patrones de crecimiento urbano desordenado, desigualdades sociales, asimetrías territoriales y fragilidades productivas, señala el documento.

Hallazgos del estudio

Entre los principales hallazgos, el estudio destaca:

  • Aumento de la temperatura promedio

Bajo el escenario climático más pesimista analizado en el informe, se proyecta un incremento entre 2 °C y 4 °C en casi todos los municipios de la región hacia finales del siglo.

  • Disminución de precipitaciones

Se anticipa una reducción del 5 % al 31 %, dependiendo del país, con mayor impacto en el Corredor Seco Centroamericano (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) y las zonas costeras de República Dominicana.

  • Eventos extremos

Se estima que en los próximos años se tendrá un aumento de las lluvias intensas que provocan inundaciones y deslizamientos, en paralelo con sequías prolongadas, acentuando la vulnerabilidad histórica de la población e infraestructuras de la región CARD en un contexto de desarrollo humano sostenible limitado.

  • Impactos en sectores clave

El cambio climático afecta los cultivos, la cobertura forestal, la generación hidroeléctrica y el acceso al agua, este último afectando en especial zonas densamente pobladas. La mayoría de las centrales hidroeléctricas están ubicadas en municipios con pronóstico de menor precipitación.

  • Riesgos en zonas costeras

El aumento del nivel del mar y ciclones más intensos amenazan especialmente a Belice, Honduras, Panamá y el Caribe en general, en donde se estima que 17 de cada 100 habitantes que viven en zonas costeras de baja elevación serían directamente afectadas.

La región ya presenta evidencia de movilidad climática y desplazamientos forzados por desastres, como ha sucedido con cerca de 2,1 millones de personas desplazadas en América Latina y el Caribe solo en 2023. El informe recuerda que se estima que para 2050, hasta 17 millones de personas podrían verse desplazadas en la región por causas climáticas y ambientales.

Desafíos y oportunidades de la adaptación

A partir de la evidencia recopilada en el Sétimo Informe Estado de la Región, se delinearon escenarios probables.

En el caso de Costa Rica, la aridez avanza especialmente en Guanacaste, afectando municipios clave como Liberia, Santa Cruz y Carrillo. Para 2079-2099, se tiene previsto que estos cantones enfrenten aridez permanente, comprometiendo agricultura, ganadería y turismo.

En el caso de Carrillo y Bagaces, estos presentan alta exposición con 52 y 34 desastres hidrometeorológicos, respectivamente.

Ante ese y otros escenarios el informe alerta que, si bien las políticas de adaptación avanzan, no lo hacen con las condiciones ni el ritmo necesario para garantizar la sostenibilidad de las acciones o reducir los riesgos.

El análisis de 269 experiencias de adaptación en los países de Centroamérica y República Dominicana (sin Nicaragua) revela que el 88% de ellas han contado con participación estatal, aunque casi todas han requerido alianzas estratégicas con el sector privado, sociedad civil, organismos cooperantes, ONG y academia.

Al respecto, el estudio identifica importantes limitaciones como lo son:

  • Alta dependencia de financiamiento internacional.
  • Limitada capacidad institucional en algunos territorios.
  • Necesidad de una mayor articulación territorial y multisectorial.

El estudio puntualiza que, actualmente, el 55 % de las acciones de adaptación en marcha se centran en biodiversidad, conservación y promoción de prácticas agrícolas sostenibles, y el 65 % están alineadas con políticas públicas estatales. Sin embargo, más de la mitad de las iniciativas fueron impulsadas por otros actores distintos al Estado, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el liderazgo gubernamental.

En este contexto, también consideran que es crucial identificar los retos ambientales que los países enfrentarán localmente y cómo un enfoque de adaptación puede ofrecer soluciones específicas para mitigar riesgos e identificar nuevas oportunidades.

El análisis enfatiza que la región estudiada tiene una baja participación en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero una alta exposición a sus efectos. Por ello, la adaptación al cambio climático no es solo una urgencia ambiental, sino una condición imprescindible para garantizar las actividades sociales y productivas en el presente y futuro de la región.

Ante los hallazgos, llaman a los gobiernos, ciudadanía, sociedad civil y comunidad internacional a redoblar esfuerzos y recursos para impulsar una agenda de interés común de adaptación climática con visión de largo plazo, equidad territorial y sostenibilidad para proteger el patrimonio ambiental, sentando las bases de un modelo de desarrollo más justo e inclusivo.