En mi pueblo, los viejitos decían que un problema no se soluciona desvistiendo un santo para vestir otro. Esta situación, sin embargo, es lo que está sucediendo con la pretendida redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), por parte de algunas universidades públicas, y otros actores externos.

La Universidad de Costa Rica es la más grande del país, ocupa la primera posición en Centroamérica, el puesto 20 en América Latina y 497 a nivel mundial.  Si alguien lo está haciendo bien, lo ideal es que se le apoye para que lo haga aún mejor, en lugar de considerarla como “el oponente a frenar”. Se debe evitar esa arraigada costumbre pueblerina del “que le vaya bien, pero no mejor que a mí”.

Aún más importante, cualquier modificación en los porcentajes de asignación requiere la presentación de datos que la justifiquen. Cualquier decisión de esta naturaleza debe basarse en argumentos sólidos. Por lo tanto, cada universidad debería aportar sus números e indicadores de impacto para que, posteriormente, se discuta y se negocie de manera racional y técnica.

Como referencia, la UCR cuenta con la mayor matrícula del país, con alrededor de 45.000 estudiantes. Este año hay 22.248 estudiantes becados, de los cuales un 76% tiene beca 5, la más alta. Se están destinando 39 mil millones de colones a becas. Además, un 43% de los nuevos ingresos lo hace en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), siendo también la universidad con más graduados en estas áreas.

La universidad tiene presencia en todo el país a través de 8 sedes, 4 recintos y 18 fincas y estaciones experimentales. Presenta la mayor oferta académica con 183 carreras en diversas áreas de conocimiento. También cuenta con 275 posgrados, de los cuales 57 son específicamente en especialidades médicas. El cuerpo docente está compuesto por aproximadamente 7000 docentes, donde un 40% de los que están en régimen, ostentan el grado de doctorado. Posee, además, 6 museos y 51 centros e institutos de investigación, muchos de los cuales son referentes nacionales e internacionales, como el Laname y el Clodomiro Picado.

Anualmente, la UCR desarrolla más de 1750 proyectos de investigación y publica alrededor de 950 artículos científicos en revistas de alto prestigio internacional. Esta cifra representa aproximadamente el 63% de la producción académica de todas las universidades públicas del país. Además, se ejecutan más de 750 actividades de acción social que generan un impacto positivo en diversas comunidades a nivel nacional.

Sin embargo, uno de los argumentos utilizados para justificar la redistribución es que las universidades no son las mismas de los años 70, cuando la mayoría fueron creadas. Han crecido y, por tanto, tienen más necesidades. Necesitan más para crecer más. Es cierto, pero lo mismo le ha sucedido a la UCR. Todas tienen costos fijos crecientes y necesidades apremiantes. Además, es irreal pensar que, en un país con recursos limitados, sus cinco universidades púbicas van a tener el mismo presupuesto y todas van a estar dentro de las 500 mejores del planeta.

Por eso, antes de redistribuir, a lo interno del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) se debe realizar un ejercicio serio y profundo de optimización de recursos. Se debería empezar por hacer una evaluación rigurosa del CONARE mismo, como ente de coordinación, así como del impacto en la sociedad respecto a lo que se invierte en esta entidad.

En segundo lugar, llegó el momento de tener esa conversación incómoda a lo interno de CONARE y hablar de fusión de universidades. Algunos beneficios de la fusión incluyen la reducción de duplicidades, la disminución de costos, la concentración de expertos, la conformación de sinergias y la simplificación de la gobernabilidad. Concretamente la UTN y el TEC deberían fusionarse debido a sus múltiples afinidades, así como la UNED y la UNA. El país se beneficiaría de contar con un nuevo sistema universitario público más robusto.

La fusión plantea, sin embargo, un dilema fundamental sobre quién debería tomar la iniciativa para llevarla a cabo. Externamente, el gobierno no puede hacerlo debido a la autonomía universitaria. Internamente, las propias universidades tampoco parecen dispuestas, ya que ninguna quiere renunciar a su status quo.

En estos tiempos extraordinarios, tocará tomar medidas extraordinarias. Urge realizar cambios en CONARE para mejorar su gobernabilidad, eficiencia e impacto. Debe hacerse desde adentro. Llegó el momento.

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