Proyecto retoma iniciativa presentada en 2015 que fue archivada por vencimiento de su plazo cuatrienal.
La diputada del Partido Progreso Social Democráctico (PPSD), Luz Mary Alpízar Loaiza, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.896) que pretende establecer que todos los órganos colegiados de las instituciones públicas del país deberán asegurar la representación paritaria de ambos sexos, de forma que en todo órgano colegiado impar la diferencia entre el total de hombres y mujeres no sea superior a uno.
Según señala la exposición de motivos, la iniciativa fue presentada originalmente por la exdiputada Maureen Cecilia Clarke Clarke, del Partido Liberación Nacional (PLN) en el 2015 bajo el expediente 19.670, sin embargo fue archivada en 2019 al vencer su plazo cuatrienal. El texto señala:
Se supone que 10 años después de haber sido presentada la propuesta, el país tuvo que haber avanzado en comprender que solo hay un camino para que las mujeres logremos los espacios de decisión, que es la paridad, no obstante, eso no ha sido así”.
El texto señala que tras una revisión de la conformación de 27 órganos colegiados de instituciones públicas en febrero de este año, se encontró que en ocho instituciones persiste una mayoría de un género en particular, con las diferencias entre un género y otro en la composición de las juntas oscilando entre los 3 y 7 miembros, y detalla:
En instituciones autónomas como el CNP, el 100% de los miembros de su junta directiva son hombres. En el INDER el 86% del órgano colegiado está compuesto también por varones. E inclusive con la recién creada Promotora de Innovación e Investigación en 2021, solo el 22 % de los miembros de su órgano directivo se trata de mujeres”.
El proyecto añade que en el caso del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) la mayoría de miembros de sus juntas directivas eran mujeres.
El texto presentado aplicaría para las juntas directivas de las instituciones autónomas, las instituciones semiautónomas, los órganos de desconcentración mínima, de desconcentración máxima y con personalidad jurídica instrumental, empresas públicas estatales, entes públicos no estatales, de naturaleza corporativa o semiautónomas.
Adicionalmente, el proyecto establece un transitorio, de manera que las Juntas Directivas que estén integradas antes de la entrada en vigencia de la ley seguirán funcionando tal como fueron conformadas por las entidades correspondientes, hasta que se deban hacer nuevos nombramientos.
La iniciativa fue presentada con la firma de respaldo de las diputadas del PLN Alejandra Larios Trejos, Rosaura Méndez Gamboa, Paulina Ramírez Portuguez, Sonia Rojas Méndez y Katherine Andrea Moreira Brown, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Vanessa de Paul Castro Mora, Rocío Alfaro Molina del Frente Amplio, así como las independientes María Marta Padilla Bonilla, Cynthia Córdoba Serrano, Kattia Cambronero Aguiluz, Johana Obando Bonilla y Gloria Navas Montero, y ahora deberá ser asignada a una comisión legislativa para que inicie su trámite.
