Cuatro miembros de la Junta Directiva de la Caja también fueron suspendidos por el mismo periodo.
El Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó la suspensión del cargo a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, por seis meses.
La información fue compartida por el Ministerio Público a través de sus redes sociales, este 10 de octubre, en donde se detalló que la suspensión también se giró en contra de:
- María Isabel Camareno Camareno, representante del Estado en la Junta Directiva de la Caja.
- Johnny Alfredo Gómez Pana, representante de los patronos en la Junta Directiva.
- Zeirith Rojas Cerna, representante de los patronos y vicepresidente de la Junta Directiva.
- María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, exgerenta general interina de la CCSS.
A estos cinco funcionario también se les dictó otras medidas cautelares como no tener ningún tipo de contacto, perturbar o molestar a ninguno de los 11 testigos de la causa, ni influir de ninguna manera con la licitación cuestionada.
Respecto a los imputados de apellidos Quirós, Araya y Porras el Juzgado no impuso ningún tipo de medida cautelar.
La causa se sigue bajo el expediente 24-000267-1218-PE.
Caso Barrenador
Las medidas cautelares se giran en medio de una investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
Por este caso, denominado como "Caso Barrenador", el pasado 23 de setiembre la Fapta coordinó 28 allanamientos que dieron con la detención de ocho altos funcionarios y exfuncionarios de la institución. Las personas imputadas fueron trasladas al II Circuito Judicial de San José, en Goicochea, donde pasaron una noche y, tras la audiencia de medidas cautelares fueron puestas en libertad.
De acuerdo con la Fiscalía se trata de un hecho en el que la junta asumió el conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS.
Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control e influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12.400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas.
Es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio, explicó la Fiscalía.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de la Junta Directa de la CCSS sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se otorgó por 10 años.
Chaves había dicho que no habían "pruebas absolutas de ningún delito"
Posterior a estas diligencias, el 25 de setiembre, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, pidió al juez encargado de la causa, "que se le pare a la fiscalía, porque aquí lo que hay es un abuso de la fiscalía".
En ese momento Chaves Robles afirmó que "no hay pruebas absolutas de ningún delito". Además, aseguró que la Fiscalía incluyendo al fiscal general, Carlo Díaz, cometió un grave error al detener a Esquivel Rodríguez.
En conferencia de prensa desde la Casa Presidencial, Chaves calificó el arresto de Esquivel como un acto de "abuso de poder" y un "show mediático", señalando que la justicia está actuando de manera "desproporcionada" y con "sesgos políticos".
Además, el mandatario afirmó que se utilizó el Poder Judicial para intimidar y amedrentar al gobierno. Según Chaves, el hecho de haberla trasladado en una perrera, con esposas y sometida al escarnio público, fue un acto "humillante" e "innecesario".
El presidente también advirtió que lo ocurrido con Esquivel podría repetirse con otros funcionarios del gobierno, insinuando que el caso es un mensaje para amedrentar a los servidores públicos. "¿Qué sigue, don Carlo? ¿Allanar mi casa?", se preguntó Chaves dirigiéndose al fiscal general, Carlo Díaz.
