Al haberse entregado en el OIJ de Pérez Zeledón, Esquivel quedó bajo custodia de la Sección de Cárceles.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, respondió esta tarde a las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien durante una conferencia de prensa acusó a la institución de haber dado un trato inhumano a las personas detenidas en el marco de las investigaciones del caso Barrenador de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Zúñiga rechazó las afirmaciones, defendiendo la legalidad y transparencia del proceso, y negó que el OIJ actúe bajo intereses políticos o que exista una instrumentalización de la policía judicial.
En su declaración, Zúñiga fue enfático al afirmar que el OIJ siguió los protocolos establecidos, tanto a nivel nacional como internacional, para la protección de los derechos humanos de las personas detenidas. Indicó que las operaciones del caso Barrenador no difieren en absoluto de las implementadas en casos de alta repercusión como los conocidos "Diamante" y "Cochinilla", donde también se realizaron allanamientos y detenciones a funcionarios públicos de alto nivel.
Zúñiga explicó que, de las ocho personas detenidas, siete fueron trasladadas en vehículos tipo sedán o 4x4, los cuales son conducidos por los investigadores del OIJ. Estos vehículos son empleados habitualmente para el transporte de personas detenidas durante allanamientos en sus viviendas o en la vía pública. Sin embargo, en el caso particular de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, Zúñiga aclaró que, al haberse presentado voluntariamente en la sede del OIJ en Pérez Zeledón, fue puesta bajo la custodia de la Sección de Cárceles, lo que determinó su traslado en un vehículo especializado para el transporte de detenidos, comúnmente conocido como "perrera".
En el caso particular de la señora Esquivel, ella llega por sus propios medios al OIJ de Pérez Zeledón, es detenida al igual que los 7 restantes funcionarios de la CCSS, pero al estar ya bajo la custodia de la Sección de Cárceles, debe ser trasladada bajo la normativa que rige esa materia, o sea en el vehículo especializado que tiene esta sección (...) Hacerlo de otra manera sería conceder un trato diferenciado al que se otorga a las demás personas detenidas en las mismas condiciones.
El director del OIJ subrayó que este procedimiento está regulado por normativas internacionales y que recientemente fue auditado y certificado por la Asociación de Correccionales de América, una entidad que vela por el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en el tratamiento de personas detenidas.
En relación con las críticas sobre los allanamientos, Zúñiga defendió la necesidad de estas acciones aludiendo a la importancia de evitar la destrucción de pruebas relevantes, tales como documentos y dispositivos electrónicos. Añadió que las citaciones previas no son viables en este tipo de investigaciones, ya que podrían poner en riesgo la recolección de elementos probatorios.
"De manera firme, se rechaza que OIJ se preste para intereses políticos o de cualquier otra índole, en nuestro trabajo priva la transparencia y objetividad, además, los actos de investigación que se realizan tienen conforme al debido proceso, la revisión previa de las personas fiscales y los jueces y juezas de garantía,", señaló Zúñiga.
En 50 años de historia del OIJ, si algo ha quedado claro con la detención de miles de personas, es que el OIJ es una policía técnica, científica y que no está a la orden de ninguna asociación política de este país y mucho menos realiza de sus actuaciones un show para desviar la atención de los problemas del país, tenemos una responsabilidad muy grande que la hemos venido realizando y cumpliendo a cabalidad con demasiadas limitaciones de recursos".
Zúñiga también hizo un llamado al respeto hacia la labor que desempeñan los funcionarios del OIJ, quienes, según él, diariamente arriesgan su integridad para garantizar la seguridad y justicia en el país.
Finalmente, el director del OIJ aseguró que la institución continuará realizando su trabajo con total apego a la ley y de manera objetiva, investigando todos los delitos denunciados sin favorecer a ninguna persona o sector.
El país puede tener la confianza y tranquilidad de que el Organismo de Investigación Judicial, continuará desarrollando su labor de manera objetiva, proba y apegada a la ley, se investigarán todos los hechos delictivos denunciados, sin distinción ni tratos diferenciados para las personas que puedan resultar responsables, y será en las vías jurisdiccionales donde se valoren las actuaciones y se sienten las responsabilidades al amparo de la ley".