Mandatario acusó “abuso de poder” por parte de la Fiscalía en la detención de la presidenta de la Caja.

El presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, arremetió contra el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras la detención de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y de otros altos funcionarios de esa institución.

En conferencia de prensa desde la Casa Presidencial, Chaves calificó el arresto de Esquivel como un acto de "abuso de poder" y un "show mediático", señalando que la justicia está actuando de manera "desproporcionada" y con "sesgos políticos".

El mandatario inició su discurso señalando que lo ocurrido con Esquivel no debería ser motivo de orgullo para la historia democrática de Costa Rica, describiendo la situación como un "punto negro" (sic.) en el que se utilizó el Poder Judicial para intimidar y amedrentar al gobierno. Según Chaves, la Fiscalía detuvo a Esquivel sin pruebas sólidas de delito alguno, y el hecho de haberla trasladado en una perrera, con esposas y sometida al escarnio público, fue un acto "humillante" e "innecesario".

Chaves criticó la actuación de la Fiscalía General, encabezada por Carlo Díaz Sánchez, al señalar que —según él—, el proceso judicial contra Esquivel no tiene bases legales sólidas. La principal acusación que enfrenta la presidenta de la CCSS está relacionada con un contrato que, según el presidente, nunca fue adjudicado ni ha representado pérdidas para las finanzas públicas.

Dato D+: Los altos mandos de la CCSS están imputados por los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

El presidente calificó la detención de Esquivel como un intento de la Fiscalía por montar un espectáculo mediático, sugiriendo que el caso fue manipulado para desprestigiar tanto a la funcionaria como a su gobierno. En contraste, Chaves señaló otros casos de corrupción donde los acusados no han enfrentado medidas similares, mencionando específicamente el caso de Ofelia Taitelbaum, exdefensora de los habitantes, quien fue condenada a prisión por falsificación de documentos pero aún no ha sido encarcelada para que purgue su sentencia.

"Lo ocurrido esta semana expone una vez más que la justicia pronta y servida solo aplica para algunos", aseveró Chaves, comparando el caso de Esquivel con otros casos de corrupción en los que los acusados no han sido sometidos al mismo nivel de escrutinio o detención. El presidente mencionó los casos Aldesa y Cochinilla, entre otros, y destacó la lentitud del Ministerio Público para actuar en esos casos en contraste con la rapidez con que se actuó en contra de Esquivel.

Chaves sugirió que la detención de Esquivel es parte de un esfuerzo más amplio por desestabilizar a su gobierno y a la Junta Directiva de la CCSS, en la que se encuentran otros miembros del sector privado que también fueron detenidos. Según el presidente, el verdadero "pecado" de Esquivel es haber sido una "mujer valiente" que ha "luchado contra la corrupción" y ha intentado "poner orden" en una de las instituciones más importantes del país.

El mandatario fue aún más allá al insinuar que la Fiscalía está siendo manipulada por actores políticos que buscan frenar los avances de su administración. Chaves aseguró que detrás de las acciones judiciales hay una agenda política que intenta intimidar a los funcionarios públicos y que, de continuar así, podría afectar negativamente a la gobernabilidad del país.

El presidente expresó su apoyo a Marta Esquivel, afirmando que el gobierno y "la mayoría del pueblo costarricense" reconocen su trabajo y dedicación. "Doña Marta no cometió delito alguno", afirmó Chaves, subrayando que la investigación de la Fiscalía se basa en acusaciones "sin sustento", ya que el contrato en cuestión no fue adjudicado y, por tanto, —según él—, no ha habido perjuicio económico para la CCSS.

Chaves planteó la pregunta retórica de si la justicia en Costa Rica está politizada, señalando que casos como el de Esquivel evidencian un sesgo en el sistema judicial. Para el presidente, la rapidez con la que actuó la Fiscalía en este caso contrasta con la "lentitud" observada en otros procesos judiciales de alto perfil, como los casos Aldesa, Cochinilla y Coopeservidores, lo que —según él— pone en duda la imparcialidad del sistema judicial.

Chaves también advirtió que lo ocurrido con Esquivel podría repetirse con otros funcionarios del gobierno, insinuando que el caso es un mensaje para amedrentar a los servidores públicos. "¿Qué sigue, don Carlo? ¿Allanar mi casa?", se preguntó el presidente, dirigiéndose al fiscal general, Carlo Díaz.

Además de los cuestionamientos judiciales, Chaves expresó su preocupación por las posibles consecuencias que la suspensión de Esquivel y otros miembros de la Junta Directiva de la CCSS podría tener para el sistema de salud pública. Según el presidente, la paralización de importantes proyectos de infraestructura hospitalaria, como el nuevo Hospital de Cartago, la Torre de la Esperanza y el Hospital Tony Facio, podría perjudicar a miles de costarricenses que dependen de los servicios de la CCSS.

Chaves afirmó que las acciones de la Fiscalía podrían generar un caos en el sistema de salud y afectar a más de 585.000 personas que dependen de los servicios de atención integral en salud (Ebáis) de la CCSS. "¿Será que lo que quieren es un caos?", se preguntó, sugiriendo que el objetivo final podría ser la desestabilización de la institución.

Al finalizar su discurso, Chaves llamó al pueblo costarricense a "estar vigilantes" y a reflexionar sobre los recientes acontecimientos. En sus palabras, lo que está en juego no es solo el futuro de Marta Esquivel, sino la integridad del sistema judicial y el respeto a los derechos humanos en el país.

Chaves insistió en que no tolerará lo que considera una “matonería” por parte de la Fiscalía. “Hoy es Marta Esquivel, pero mañana podría ser cualquiera de ustedes, cualquier ciudadano decente de este país”, advirtió.

El presidente también invitó a la ciudadanía a cuestionar las acciones del Ministerio Público y a estar atentos a las señales que, —según él—, indican una "peligrosa" deriva hacia el autoritarismo en el manejo de la justicia en Costa Rica.