Reforma también facilitaría a conductores evitar el pago de multas administrativas al reducir el plazo de prescripción por debajo del plazo de vigencia de las licencias de conducir.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo Arce, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.652) para que se condone la totalidad de las deudas tanto la deuda principal como intereses generados por las boletas de infracciones administrativas que se hayan hecho desde el 1 de enero del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2022.
Dato D+: Las infracciones administrativas son aquellas que no tienen sanciones penales, ni rebajan puntos de la licencia de conducir, y quedan registradas al número de placa del carro o a la licencia de la persona conductora dependiendo de la infracción.
Según señala la exposición de motivos del proyecto, durante el periodo de 2020 a 2022 aumentaron la cantidad de multas por infracciones administrativas, debido a la implementación de la restricción vehicular sanitaria y muchas todavía siguen estando pendientes de ser canceladas, por lo que el texto justifica la propuesta de condonación indicando:
Muchas personas se encuentran con necesidad de un empleo, de un empleo no calificado, semicalificado o calificado que solicita la licencia de conducir al día y muchos de ellos cuentan con infracciones administrativas pendientes por pagar y no pueden ser elegidos en una nómina por falta de ese requisito".
El proyecto propone que se condonen todas las multas (y los intereses) realizadas entre 2020 y 2022. La cifra se estima en 675.922 multas que ascienden a un monto de 56.371 millones de colones. Sin embargo al reducir el plazo de prescripción, también quedarían prescritas las multas pendientes de 2018 y 2019, que serían 338.190, sumando un total de 27.959 millones de colones.
El proyecto también propone autorizar al Cosevi a hacer arreglos de pagos con las multas pendientes no prescritas realizadas luego del 1 de enero del 2023, las cuales a agosto de este año serían 344.980 multas y que representan 30.740 millones de colones.
Adicionalmente, la exposición de motivos del proyecto, señala que el artículo 190 de la Ley de Tránsito por vías públicas y terrestres y seguridad vial (Ley 9078) establece que que las multas impuestas por infracciones administrativas prescriben a los siete años, aun cuando la acción penal en materia de accidentes por colisión y sus multas prescriben en dos años, por lo que señala:
Este proyecto propone armonizar los plazos de prescripción con el fin de proporcionar más seguridad jurídica dentro del marco del instituto de la prescripción en nuestro país”.
La iniciativa de ley propone entonces reducir el plazo de prescripción de las multas administrativas de 7 a 2 años.
Dado que existe una obligación de cancelar estas multas al momento de renovar la licencia, lo que sucede en periodos de entre 3 y 6 años, la mayoría de las multas administrativas podrían ser ignoradas por las personas, porque podrían dejarse prescribir dentro del plazo de renovación de la licencia.
Por ejemplo, de aprobarse la iniciativa de ley presentada, una persona que tenga la licencia de conducir por 6 años, podría no pagar todas las multas administrativas que reciba en los primeros 4 años que tenga la licencia, y aun así renovar el permiso de conducir, teniendo que cancelar solo las multas administrativas que reciba en los últimos dos años de vigencia de su licencia, y renovarla sin inconveniente por 6 años más, dado que las multas administrativas no deducen puntos de la licencia.
La diputada Carballo aseguró a Delfino.cr, que las multas del periodo 2018-2019 no serían condonadas con su proyecto de ley, a pesar de que al modificar el plazo de prescripción en el artículo 190 de la Ley 9078, las personas podrían solicitar la prescripción alegando el principio de retroactividad favorable.
