Un acuerdo entre la bancada oficialista y el Partido Liberal Progresista (PLP) permitió destrabar el trámite del proyecto de ley que busca impulsar vuelos de bajo costo entre Costa Rica y países de Centroamérica, y al mismo tiempo desbloquear el proyecto de ley para destinar a obras de infraestructura el dinero que el país recibió prestado para crear un fondo de avales y garantías durante la pandemia de COVID-19.
Tras varias semanas de bloqueo a ambas iniciativas y múltiples encuentros para intentar llegar a acuerdos, Pilar Cisneros Gallo, jefa de la bancada del partido de gobierno anunció que retiraron 60 mociones que bloqueaban el proyecto a cambio de que se aprobara un texto sustitutivo y este fuera enviado en consulta a sectores turísticos y otras entidades que se oponen a la iniciativa.
El texto sustitutivo del proyecto fue aprobado inmediatamente después del retiro de las mociones, aunque el oficialismo lo votó de manera negativa, y de seguido se votaron dos mociones para enviar la nueva redacción a consulta.
En su versión original la iniciativa del PLP pretendía disminuir los impuestos asociados a los boletos aéreos a un máximo de $23 siempre y cuando los tickets no superaran los $40 en una vía o los $80 en ida y vuelta. Con la moción aprobada el monto aumenta de $40 a $50, según explicó Eli Feinzaig, para incluir más compañías aéreas en el esquema.
Además, la nueva redacción contempla vuelos con escalas, siempre y cuando su costo no exceda los $50.
Cisneros dejó claro que aunque destrababan la iniciativa, igualmente la votarían en contra porque el texto sustitutivo no realizaba cambios sustanciales que atendieran las objeciones que ha hecho el Poder Ejecutivo.
El oficialismo bloqueó esta iniciativa con más de medio centenar de mociones, en su mayoría basura o con fines de filibusterismo, lo que entrabó el plenario pues el proyecto había sido dispensado de trámite, de modo que las mociones tenían que conocerse allí y no en una comisión dictaminadora.
Al retirar las mociones, permitir aprobar el texto sustitutivo y aprobar las mociones de consulta, el PLP retiró varias mociones que también impedían el avance del proyecto de ley para destinar a infraestructura pública los recursos que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le prestó a Costa Rica para construir un fondo de avales y garantías durante la pandemia por COVID-19, pero que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles no quiso implementar.
Luis Diego Vargas, jefe de fracción del PLP, explicó que sobre este proyecto se llegó a un acuerdo verbal con el ministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, para que el gobierno avance con obras prioritarias en rutas de la Zona Norte del país, sin cambiar la distribución de los recursos que ya fue acordada en el proyecto de ley.
Breves
— Con 48 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.776 "Autorización al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para que condone las deudas pendientes de los adjudicatarios de las tierras para viviendas de interés social del Asentamiento Campesino La Amistad, de Tacares de Grecia, Alajuela".
— Con 46 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.246 "Ley para penalizar el maltrato animal en los criaderos de animales domésticos".
— Con 38 votos a favor y 7 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.554 "Ley de creación del Fondo Azul de los Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros para la Conservación y el Desarrollo Económico de las Zonas Costeras".
— Con 48 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.655 "Ley contra la Desaparición Forzada de Personas".
— La Comisión Especial de Infraestructura dictaminó afirmativamente el expediente 24.051 "Adición de un Inciso K) al Artículo 2 de la Ley 3155, Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus reformas".
— La Comisión Especial de Heredia dictaminó afirmativamente el expediente 23.924 "Reforma a los artículos 1, 3, 5, 6, 11, 12 y 24 de la Ley de Patentes del Cantón de Sarapiquí No. 9935 del 18 de diciembre del 2020".
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 24.104 "Reforma a los artículos 195 y 316 del Código Penal para imponer una pena proporcional a las amenazas con arma de fuego a civiles y a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones" y el expediente 24.107 "Creación de la figura de la persona mentora dentro del proceso penal juvenil". Por el contrario, dictaminó negativamente el expediente 24.175 "Reforma a los artículos 9, 58, 59, 106 y 109 y adición de un artículo 79 Bis de la Ley N° 7576 de Justicia Penal Juvenil".
— Congresistas de cuatro bancadas abandonaron el plenario legislativo cuando estaba por iniciar la juramentación del magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez para un nuevo periodo de ocho años como magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
