El presente proyecto de ley tiene como objetivo fundamental realizar un ajuste en el Código Penal de Costa Rica, específicamente en el artículo 195, con el fin de fortalecer la legislación existente en materia de amenazas, pasando la pena de quince a sesenta días de prisión a una de 3 a 5 años cuando la amenaza se realice con un arma de fuego; y se modifica el artículo 316 para aumentar las penas por Amenaza a un funcionario público de un mes a dos años, a una de tres a cinco años cuando la amenaza se realice con arma de fuego.