El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate un proyecto de ley del exdiputado José María Villalta y otros congresistas que permitirá a la Contraloría General de la República (CGR) acceder a la información contenida en el registro de accionistas y beneficiarios finales resguardado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 22.750, tiene como propósito que el ente auxiliar del congreso pueda comparar la información que los funcionarios públicos obligados a presentar una declaración patrimonial anual en razón de su cargo, con la información contenida en dicho registro de accionistas y corroborar su veracidad.

Según el texto aprobado por la unanimidad del congreso y que pasa ahora al Poder Ejecutivo para su sanción como Ley de la República, la Contraloría deberá informar al Banco Central al menos una vez al año los nombres y cédulas de todos los funcionarios obligados a realizar la declaración patrimonial.

Por su parte, el Central tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para remitir a la Contraloría un informe que detalle las personas o estructuras jurídicas en las que esos funcionarios aparezcan como accionistas o beneficiarios finales.

Al igual que la información de la declaración patrimonial, los datos que el BCCR le envíe a la Contraloría serán confidenciales frente a terceros.

Para este 2024 unos 21.000 funcionarios públicos estaban obligados a presentar su declaración patrimonial ante la Contraloría. El número incluyó a los nuevos y anteriores alcaldes, vicealcaldes y regidores.

Según la ley 8422 deben declarar la situación patrimonial los diputados, el presidente y los vicepresidentes de la República; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango y los viceministros; los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como en propiedad; el contralor y el subcontralor generales de la República; el defensor y el defensor adjunto de los habitantes; el procurador general y el procurador general adjunto de la República; el fiscal general de la República; los fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público; los rectores, los contralores o los subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior; el regulador general de la República; los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes; los oficiales mayores de los ministerios; los miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto; los presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los regidores, los propietarios y los suplentes, y los alcaldes municipales.

También deben declarar su situación patrimonial los empleados de las aduanas, los empleados que tramiten licitaciones públicas, los demás funcionarios públicos que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado; y los que aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos.

Según el artículo 46 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública será reprimido con prisión de seis meses a un año quien incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República.

Breves

— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.030 "Aprobación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra el 17 de junio 2022 y su Anexo: Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca". El acuerdo busca reducir las ayudas públicas mundiales que contribuyen al agotamiento de los recursos marinos a través del establecimiento de disciplinas sobre tres ejes fundamentales: 1) los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y actividades relacionadas. 2) los subsidios a la pesca o a las actividades relacionadas con la pesca respecto de una población sobreexplotada. 3) Subsidios otorgados a la pesca o actividades relacionadas con la pesca en zonas no reguladas de alta mar.

— Con 44 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23634 "Reforma del Artículo 293 del Código Procesal Penal, Ley N° 7594 del 4 de junio de 1996". La iniciativa dispone que el Ministerio Público gestionará de inmediato la prueba cuando una persona sea identificada como víctima de un delito sexual y esté dispuesta a rendir entrevista o declaración. Además, en casos de delitos sexuales, el juez deberá ordenar de inmediato la realización del anticipo de prueba a la víctima, con el fin de evitar su revictimización.

— Con 46 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.111 "Ley para la Dinamización del Sistema de Banca para el Desarrollo".

— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.762 "Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda Publica".

— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.058 "Adición de un Artículo 229 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus Reformas, Ley N° 8 del 29 de noviembre de 1937". El proyecto pretende otorgar el derecho a una pensión por sobrevivencia a los beneficiarios de los agentes judiciales que fallezcan en el cumplimiento de su deber, pero que en el momento del deceso no cumplan con los requisitos para gozar aún de una jubilación.

— Con 36 votos a favor y 7 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.834 "Reforma a la Ley 8754 "Ley contra la delincuencia organizada" para fortalecer la función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa".

— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.354 "Desafectación de un Bien Inmueble Perteneciente a la Municipalidad de San Mateo y su Donación a favor del Ministerio de Educación Pública".

— La Comisión Especial de Cartago dictaminó afirmativamente el expediente 23.915 "Cambio de denominación del Distrito III, Pejibaye, del Cantón IV, Jiménez, de la Provincia de Cartago, para el fortalecimiento de la identidad distrital".

— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 22.837 "Reforma a la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo".

— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 23.669 "Reforma de la Ley N° 10044 Fomento de la Economía Creativa y Cultural" y el expediente 23.752 "Ley para autorizar al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal a participar en el Sistema de Banca de Desarrollo como agente de segundo piso".

— La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 22.299 "Ley para posibilitar el retiro total de la pensión del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias a personas con enfermedades graves".

— La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó afirmativamente el expediente 23.599 "Ley para incentivar la inserción laboral de personas jóvenes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de personas mayores de 40 años".

— La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó afirmativamente el expediente 23.594 "Ley para garantizar la existencia y funcionamiento de los Comités Cantonales de la Persona Joven", así como el expediente 23.595 "Reforma de los artículos 25 y 27 de la Ley General de la Persona Joven, Ley N° 8261 de 20 de mayo de 2022 y sus reformas, para el nombramiento de representantes suplentes en la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven" y el expediente 23.726 "Ley de declaratoria de emergencia para la realización de mejoras de la Escuela Quebradas de Pérez Zeledón".

Por el contrario, el expediente 23.845 "Ley para la atracción de campus transfronterizos de educación superior (Campus Satélite)" fue rechazado por doble empate.

— La Comisión de Ambiente dictaminó afirmativamente el expediente 23.571 "Ley para la Adecuada Gestión de las Artes de Pesca Fantasma".

— La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 23.616 "Reforma al Artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional N ° 7135 y sus reformas"  y el expediente 23.997 "Reforma al artículo 18 y derogatoria de los artículos 19, 20, 21, 22 y 28 de la Ley N°3883 y sus reformas, Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, del 30 de mayo de 1967".