Establece que para efectos de esta constatación de la veracidad de las declaraciones, la Contraloría General de la República (CGR) deberá informar al Banco Central de Costa Rica (BCCR), al menos una vez al año, los nombres y cédulas de todas las personas funcionarias obligadas a realizar la declaración patrimonial, y BCCR , en plazo máximo de 10 días hábiles, deberá reportar a la CGR un informe que detalle las personas o estructuras jurídicas en las que las personas funcionarias aparezcan como accionistas o beneficiarias finales, de conformidad con la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. La información que reciba la CGR será de carácter confidencial frente a terceros,