La decisión correcta es evitar la continuidad del magistrado Sánchez.
El 15 de noviembre de 2012 el plenario de la Asamblea Legislativa, liderados por la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), acordó por mayoría calificada rechazar la reelección el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro.
A pesar de los cuestionamientos que han tenido múltiples magistrados que no merecían una reelección en su cargo, como el eterno Jesús Ramírez Quirós, era la primera vez en la historia de la segunda república que la Asamblea Legislativa ejercía su potestad constitucional de no darle continuidad a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Las razones para no reelegir al magistrado Cruz eran, en palabras del entonces jefe de la fracción del PLN, Fabio Molina Rojas, enviar un mensaje a la Corte para que se alineara, ya que un sector del poder político del país le recriminaba al magistrado Cruz salvar su voto en casos como el TLC y Crucitas, y el mensaje era claro: “o se acomodan o los quitamos”.
Gracias a nuestra institucionalidad, la Sala Constitucional, conformada para esa decisión plenamente por suplentes, anuló la decisión de la Asamblea señalando que la votación se había dado posterior a la fecha de vencimiento del nombramiento de Fernando Cruz; por lo que, de acuerdo con lo que estable nuestra Constitución Política, el nombramiento había sido tácitamente ratificado y Cruz podía seguir 8 años mas en su puesto en la Sala Constitucional.
En aquel entonces, con voto secreto y con las motivaciones incorrectas, el PLN trató de enviarle un mensaje o a la Corte Suprema de Justicia, que era: “o se alinean o se van”.
La situación en la que nos encontramos ante la reelección del magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, es diametralmente opuesta a lo sucedido en el 2012 con el magistrado Cruz.
A pesar de que diputaciones del PLN, como Dinorah Barquero Barquero, hayan tratado de desestimar los cuestionamientos en contra del magistrado calificándolas de un “ataque a la institucionalidad”, lo cierto es que son personas y organizaciones honestas las que han levantando la voz de alerta ante la posible continuidad del magistrado Sánchez, como la jueza de Trabajo, Silvia Elena Arce Meneses, publicamente ha denunciado haber sido sufrido un acto obsceno no consentido por parte del magistrado de la Sala II en el año 2000.
Contrario a lo que pasó en 2012, los cuestionamientos actuales sobre el magistrado Sánchez no tienen que ver con sus decisiones como miembro de la Sala II, sino por su capacidad, material y ética, para seguir ocupando ese cargo.
En el 2012, y algunas ocasiones posteriores, se ha tratado de enviar el mensaje incorrecto al Poder Judicial de que deben alinearse. Sin embargo, la reelección del magistrado Sánchez Ramírez se presenta como una oportunidad para que la Asamblea envíe el mensaje correcto al Poder Judicial, que es: “no importa quién le eligió, si una persona no está a la altura del cargo, no debe continuar”.
En 2012 la bancada del PLN acordó oponerse a la reelección del magistrado Cruz Castro para enviar el mensaje equivocado, pero ahora tienen la posibilidad de oponerse a una reelección del magistrado Sánchez Ramírez para enviar el mensaje correcto: “quien no cumpla sus obligaciones, no debe seguir en un alto cargo”.
Algunas figuras dentro del PLN; como Montserrat Ruiz y José Joaquín Hernández han manifestado su oposición a la reelección del magistrado, pero sin el apoyo del grueso de esa fracción es casi imposible alcanzar la mayoría calificada necesaria para evitar la continuidad del magistrado.
La bancada del PLN representa un tercio de la Asamblea Legislativa, por lo que sobre ellos recae lo que suceda sobre la reelección del magistrado Sánchez.
Al resto de mortales solo nos queda alzar la voz y esperar al próximo 28 de agosto para saber si la bancada del PLN estará a la altura de la historia y evitará la reelección del magistrado Sánchez por las razones correctas, o si están dispuestos a seguir sumando motivos para quienes argumentan que en este país existe una red de cuido.
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