En Costa Rica, al igual que en muchos países de América Latina, la figura del oficial de cumplimiento surge como una respuesta directa para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, derivadas de las recomendaciones GAFI.
La inquietud a nivel global sobre los efectos adversos del lavado de activos en la sociedad, no solo a nivel económico, sino también social, cultural y político, ha impulsado a los países a unir esfuerzos e implementar diversas medidas legales, regulatorias y normativas con el objetivo de combatir estos delitos y preservar la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica.
En el año 2017, la Asamblea Legislativa decretó la Ley N° 9449 “Reforma de los artículos 15, 15 bis, 16, 81 y adición de los artículos 15 ter y 16 bis a la Ley N.° 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, LC/FT). Esta nueva normativa viene a exigir que dentro de la estructura organizativa de ciertas entidades se incorpore la figura del oficial de cumplimiento.
El oficial de cumplimiento es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sujeto obligado.
Es aquí donde la figura del oficial de cumplimiento toma protagonismo y se posiciona como un aliado esencial en la prevención y detección de estas actividades ilícitas, porque despliega una serie de funciones claves para promover, desarrollar y vigilar el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación de todos los riesgos relacionados con dichas actividades.
El oficial de cumplimiento se encarga de garantizar que las organizaciones cumplan con las regulaciones y apliquen medidas efectivas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ellos son los encargados de elaborar y actualizar el manual de prevención del riesgo dentro de cada organización, de establecer y mantener procedimientos de debida diligencia del cliente (KYC), un componente crítico del cumplimiento de LC/FT. Adicionalmente, se aseguran de llevar a cabo controles exhaustivos sobre clientes, contrapartes y socios comerciales para detectar y evaluar posibles riesgos. Pero su labor no se detiene ahí, también realizan un monitoreo continuo de transacciones en busca de patrones o actividades sospechosas que suministren los indicios suficientes para determinar la existencia de transacciones sospechosa y así informar a las autoridades correspondientes a través de la plataforma UIF del ICD.
Este oficial actúa como punto de contacto entre la organización y las autoridades, asegurando que todas las operaciones se realicen dentro del marco legal establecido. Además de su función de supervisión y control, el oficial de cumplimiento también desempeña un papel educativo y de sensibilización dentro de la organización, capacitando a los empleados sobre las normativas relevantes y fomentando una cultura de integridad y responsabilidad compartida.
La globalización ha proporcionado al crimen organizado nuevas oportunidades para expandirse y diversificarse aprovechando cualquier debilidad. Las estadísticas muestran un crecimiento exponencial en el flujo de dinero ilícito en nuestro país año tras año y nadie está a salvo de este riesgo. Por lo tanto, es esencial para todas las organizaciones, pero especialmente las que desarrollen actividades y profesiones sujetas a supervisión, que pongan especial atención a la designación de su Oficial de Cumplimiento.
El desconocimiento o incumplimiento de las labores del oficial de cumplimiento puede tener consecuencias graves para una organización, que van desde daños a la reputación pasando por sanciones legales hasta pérdidas financieras significativas, en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en nuestro país. En otro sentido, el oficial de cumplimiento puede ser un activo invaluable para proteger la reputación y mitigar riesgos de las organizaciones.
Pero más allá de esto, el oficial de cumplimiento es un actor clave para el país en su lucha contra estas actividades delictivas debiendo asumir un compromiso social y moral, para poder heredar a las futuras generaciones una Costa Rica más segura.
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