Por Andrés Varela Armijo – Estudiante de la carrera de Derecho
La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 9 que “el Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable [y] lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial” (Piedra, 2007, p. 10); además, le da el mismo rango e independencia al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero ¿podemos realmente afirmar que quienes nos gobiernan están respetando nuestra propia Constitución Política? Decir lo contrario podría ser una declaración atrevida y precipitada, cuando menos; sin embargo, no sería la primera vez que mi atrevimiento e imprudencia me lleven a intentar llegar a la verdad y, de esta manera, entrar en los rincones más oscuros de las relaciones de poder, o de Zapote, o de Cuesta de Moras o de… bueno, creo que el punto ya quedó claro.
Factores como que la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto con que el Ejecutivo pretende manejar el país, que sean los diputados quienes elijan los Magistrados del Poder Judicial, que el Presidente tenga la posibilidad de vetar leyes o que la Corte Suprema de Justicia pueda determinar la inconstitucionalidad de las leyes dictadas por los diputados son factores necesarios e indispensables para mantener controles en las acciones de los diferentes actores de cada uno de los Poderes… idealmente. No obstante, cuando dejan de ser procedimientos técnicos para ejercer ese control y se convierten en herramientas de manipulación para conseguir intereses políticos y económicos, es cuando podemos empezar a dudar de la verdadera independencia de los poderes y de la responsabilidad de los gobernantes que nos propone nuestra Constitución.
Es en este punto donde empezamos a notar escogencia de magistrados por ideología y no por atestados académicos y laborales, o la no firma de algún Decreto o Norma Técnica a cambio de la aprobación de alguna ley o presupuesto, o la declaración de inconstitucionalidad de algún impuesto que iba a afectar a los propios funcionarios que emiten dicha declaración, o un largo etcétera de hechos que hemos visto en de la historia reciente de las relaciones de los Poderes de la República, y que me hacen cuestionar si lo que se está buscando es poder político y económico para conservar el status quo, en vez de buscar el bienestar de toda la población que, en teoría, es para lo que se elige a los gobernantes.
Pero, entonces, ¿perdemos la esperanza? ¿Cuál es el desafío? El desafío es conseguir que las personas que lleguen a ocupar estos cargos sean personas íntegras, comprometidas con servir y no servirse, decididas a trabajar por el país y sus habitantes, no por sus “patrocinadores”, funcionarios enfocados en el desarrollo de las comunidades, no de sus bolsillos y egos. Me señalé a mí mismo como atrevido e imprudente, pues también soy idealista, soñador si se quiere, y creo firmemente que esto se puede conseguir. La educación es nuestra mejor herramienta. Como país hemos logrado que la educación llegue a casi todos los rincones de nuestro territorio, ahora debemos enfocarnos en que esta educación sea de calidad y en que estemos formando ciudadanos conscientes de la importancia del involucramiento en la política, ciudadanos que dejen de lado la apatía por quiénes y cómo se toman las decisiones en nuestro país, ciudadanos que quieran ser esas personas en el Poder para dirigir el rumbo de todos, pero no con poder sobre sus compatriotas.
