Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Aprobados en primer debate tres proyectos de ley de la agenda de seguridad

Aprobados en primer debate tres proyectos de ley de la agenda de seguridad

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, este miércoles, tres proyectos de ley de la agenda de seguridad.

La primera iniciativa, tramitada en el expediente 23.800 fue planteado por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez y su compañero liberacionista Danny Vargas Serrano y reforma la Ley de Opciones y Naturalizaciones del año 1950 para incluir una nueva causal para anular la adquisición de la nacionalidad costarricense que haga un extranjero.

En ese sentido, el texto aprobado dispone que la nacionalidad costarricense no se otorgará a personas condenadas por delito doloso con una pena privativa de libertad superior a tres años, tanto en Costa Rica como en el extranjero, siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense y el individuo sea imputable.

Además, se introdujeron disposiciones específicas para casos en los que la persona solicitante tenga procesos judiciales pendientes. En ese sentido, el trámite de solicitud de naturalización se suspenderá hasta que se cuente con una sentencia firme y definitiva de los Tribunales de Justicia respectivos. Esta medida pretende evitar que los solicitantes obtengan la naturalización mientras están involucrados en procesos legales que puedan afectar su idoneidad para ser ciudadanos naturalizados.

En términos de excepciones a la negación de la naturalización, el proyecto establece tres categorías específicas de personas que quedan exentas de dicho impedimento. Estas incluyen a las personas refugiadas, apátridas y asiladas, siempre y cuando cumplan ciertos criterios adicionales. Por ejemplo, las personas refugiadas que tengan antecedentes penales previos al otorgamiento de la categoría de refugio pueden ser eximidas de la negación de naturalización si la causa de persecución en su país de origen radica precisamente en esa condena.

Asimismo, se establece una excepción para personas apátridas y asiladas que cuenten con antecedentes penales previos a la declaración de su condición, siempre y cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores tuviera conocimiento de la condena al momento de la declaración y haya decidido otorgarles la condición de apátrida o asilado a pesar de ello. Estas excepciones buscan reconocer situaciones especiales en las que la persecución o la falta de reconocimiento nacional pueden haber contribuido a la situación legal de la persona solicitante.

Esta iniciativa obtuvo el voto afirmativo de los 43 congresistas presentes y ahora deberá recibir segundo debate.

El segundo proyecto en materia de seguridad que fue votado fue el expediente 23.806, propuesto por el diputado Leslye Bojorges León de la Unidad Social Cristiana y que pretende subsanar los problemas en la ley que impiden un funcionamiento o aprovechamiento adecuado del proceso penal de flagrancia. 

En ese sentido, el texto votado afirmativamente por los 42 presentes dispone que el procedimiento especial de flagrancia será obligatorio desde el inicio hasta la conclusión del proceso en estas circunstancias, eliminando la opción excepcional que permitía el procedimiento ordinario. Esto implica una gestión más expedita y específica para este tipo de delitos, asegurando una respuesta rápida y eficiente por parte del sistema judicial.

En cuanto a la constitución del tribunal de juicio, se mantiene su competencia según lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero se añade la posibilidad de realizar el debate de manera inmediata, a menos que sea necesario recabar pruebas esenciales. Esta medida busca agilizar el proceso y evitar demoras innecesarias que puedan dilatar la administración de justicia.

La realización de la audiencia por parte del tribunal también experimenta cambios pues se establece la continuidad de la audiencia en casos de remisión a la justicia restaurativa, así como la consideración de pruebas útiles.

En cuanto al dictado de la prisión preventiva, se amplían las condiciones para su imposición, permitiendo su solicitud en cualquier momento del proceso y estableciendo plazos específicos para su duración y prórroga. Esto garantiza una gestión más flexible y proporcionada de las medidas cautelares, en línea con los principios de proporcionalidad y legalidad.

Por último, se establece un plazo máximo de 15 días hábiles para la celebración de la audiencia, con la posibilidad de prorrogarlo por hasta 25 días hábiles en caso de necesidad de recabar pruebas adicionales. Vencidos ambos plazos sin que haya iniciado el juicio corresponde remitir la causa al juicio ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria para la persona funcionaria responsable de la demora.

El tercer expediente en materia de seguridad es el expediente 23.999 "Protección de datos sensibles de víctimas y testigos: Adición de inciso I) al artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.º 9986, de 27 de mayo de 2021, y sus reformas" planteado por el jefe de fracción de Liberación Nacional, Oscar Izquierdo Sandí.

Con este proyecto, avalado por los 42 presentes al momento de su votación, se excluye de la aplicación de la Ley General de Contratación Pública las contrataciones que realice la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, al amparo de lo establecido en la Ley 8720, para evitar la identificación de personas que voluntariamente forman parte del Programa de Protección y Atención de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito.

También se aprobó con 42 votos a favor y en primer debate el expediente 23.328 "Ley de creación del Juzgado Penal de Bataán, en el Cantón de Matina".

Breves

— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.088 "Reforma al articulo 106 Quater de la Ley No. 4755 del 3 de mayo de 1971, denominada del Código de Normas y Procedimientos Tributarios". 

— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó el expediente 24.189 "Ratificación del nombramiento como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), al Sr. Álvaro Jesús Barrantes Chaves". 

— La Comisión de Honor dictaminó afirmativamente el expediente 23.878 "Declaratoria de Benemérito de las Artes Patrias a Arnoldo Herrera González".

Por el contrario, rechazó el expediente 23.603 "Declárase Ciudadano de Honor a José Guillermo Malavassi Vargas", el expediente 23.610 "Declárase Ciudadana de Honor a Sandra Molina Rojas conocida como “Sandra Cauffman”", el expediente 23.704 "Declaratoria de Ciudadanía de Honor para Marita Camacho Quirós", el expediente 23.789 "Declaración de Benemérito de la Patria al Ingeniero Agrónomo Enrique Jiménez Núnez" y el expediente 24.077 "Declaratoria de Benemérito de la Patria a la Orquesta Sinfónica de Heredia". 

— La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 23.578 "Ley para reducir el Impuesto sobre la Renta a las personas trabajadoras independientes de menores ingresos. Reforma del inciso c) del Artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas" y el expediente 23.194 "Ley para la no sujeción de las Asociaciones de Desarrollo Comunal al cobro del Impuesto al Valor Agregado".

Por el contrario, rechazó el expediente 23.130 "Ley para eliminar la actualización trimestral del Impuesto Único a los Combustibles" así como el expediente 23.285 "Ley para disminuir el precio de la Canasta Básica Tributaria. Adición de un inciso 37) al artículo 8, reforma del artículo 10 y derogación de los incisos a) y b) del punto 3 del artículo 11 de la Ley N°6826 “Ley de Impuesto al Valor Agregado” y adición de un nuevo inciso al artículo 3 de la Ley N°6054 “Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio".

— La Comisión de Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 23.448 "Ley para la regulación y el impulso de las franquicias". Por el contrario, rechazó el expediente 23.198 "Ley de modernización de la regulación de servicios, reforma a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Ley 7593 del 9 de agosto de 1996".