Tres congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN) anunciaron al Plenario legislativo que ese partido no dará sus votos para que una reforma constitucional que pretende reducir el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la contribución estatal a los partidos políticos sea admitida a estudio de una comisión especial.
Este miércoles el Congreso continuó la discusión de admisibilidad de la reforma que se tramita en el expediente 21.953 y denominado "Reforma al artículo 96 de la Constitución Política sobre el Financiamiento de Partidos Políticos" que fue presentada por la antigua fracción del Partido Acción Ciudadana con el fin de rebajar el aporte del 0,19% al 0,11% del PIB.
Kattia Rivera Soto, diputada del PLN afirmó durante la discusión por el fondo de la reforma que esta era una que de primera entrada sonaba agradable porque se trataba de una reducción en momentos donde se hacen recortes en diferentes áreas, y que aunque uno de los argumentos para bajar el aporte era que nunca se había llegado a utilizar el 0,19% del PIB, los anteriores congresos fueron "prudentes" en realizar reducciones transitorias vía ley considerando las situaciones del país en cada momento concreto.
A mí me preocupa muchísimo si hacemos un cambio en la Constitución a largo plazo porque para muestra un botón: el señalamiento de la Organización de Estados Americanos es una gran realidad. Nosotros encontramos en este momento el riesgo que en determinadas campañas, en determinados lugares, personas de poca ética puedan aceptar dineros mal habidos y esa es la intención precisa y primaria que se tiene con ese acceso a la deuda política y es que todo sea de forma transparente, que todo sea de forma ordenada.
Rivera agregó que si bien puede sonar bonito y 'sexy' el recorte en la deuda política, como fracción lo habían analizado y consideraron que "este cambio no es conveniente, mucho menos tan a largo plazo como significa hacer un cambio en la Constitución Política".
En igual sentido el diputado Gilbert Jiménez Siles resaltó la importancia de la deuda política como mecanismo para que el narcotráfico y el crimen organizado no se infiltren en el financiamiento de las campañas políticas, al tiempo que denunció que en las recién pasadas elecciones municipales había gente de otras agrupaciones trabajando bajo pagos en efectivo y negó que fueran de su agrupación al señalar que el PLN "no trabaja con efectivo".
Claro que no trabajamos con efectivo, porque si trabajamos con efectivo estamos haciendo [un] acto [de] corrupción. ¡Y qué curioso! A Liberación si le dicen que es un partido corrupto, y esos partiditos que andan por ahí, repartiendo limosna con la gente... porque ahí no hay conciencia, ni hay ideales, ni liderazgos.
Finalmente la diputada Andrea Álvarez Marín dijo que si se leía la exposición del proyecto de reforma constitucional, bajar el porcentaje destinado a la deuda política hacía creer que era una buena iniciativa, pero que realmente se debía tener una discusión de por qué existe ese financiamiento público.
Es importante tomar eso en cuenta y no irse fácilmente por algo que parece atractivo, que a la ciudadanía le gusta si se le explica de forma superficial pero no si se va al fondo del asunto y la razón por la cual se tiene este modelo de financiamiento de partidos políticos, a diferencia de otros países donde más bien hay dependencia de financiamiento privado que termina influenciando el tipo de política que se lleva a cabo.
Álvarez agregó que el actual gobierno no cree en los partidos políticos ni en su fortalecimiento y que eso era visible claramente al existir "cuatro partidos de la Presidencia de la República", por lo que se debía velar por un fortalecimiento de partidos para que la gente que llegue al poder no utilice los partidos como un taxi.
La lista de oradores en la etapa de admisibilidad aún no se agota por lo que el tema se retomará el próximo miércoles si la agenda no es alterada en sentido contrario.
Breves
— El Fiscal General de la República, Carlo Díaz compareció ante la Comisión de la Mujer donde reportó que los delitos sexuales contra mujeres pasaron de 213 mil en el 2022 a 233 mil en el 2023, al punto que los delitos contra la integridad de las mujeres son la actividad delictiva que más se comete en Costa Rica, mientras las fiscalías no tienen personal especializado para atender los casos, que están durando en promedio hasta 390 días; y la mitad de las causas termina desestimada. Por su parte, el director del OIJ, Randall Zúñiga López sugirió crear un registro de ofensores sexuales con pruebas de ADN para prevenir y perseguir las reincidencias.
— El rector de la Universidad para la Paz, Francisco Rojas y el vicerrector, Juan Carlos Sainz-Borgo comparecieron ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior para referirse al expediente 22.596 "Aprobación del Protocolo Adicional al Convenio entre el Gobierno de Costa Rica y la Universidad para la Paz relativo a la sede de la Universidad" con el cual el Gobierno contribuiría con $50.000 por año fiscal a esa universidad, para cubrir una parte de los costos de su oficina central ubicada en Costa Rica. Varios congresistas cuestionaron el monto monetario y preguntaron si la permanencia de la universidad en el país estaba ligada a esos $50.000, a lo que Rojas respondió que no era una señal económica, pero sí una señal política y que ese aporte era esencial porque otros países hacían una especie de reclamo porque Costa Rica, si bien aportó el terreno de la sede, no aporta económicamente al mantenimiento de la sede. Diputados como Gilberto Campos del PLP, Melina Ajoy del PUSC y Monserrat Ruiz Guevara del PLN pidieron presentar evidencias del aporte económico que le genera la universidad al cantón de Mora, donde se ubica. El proyecto, además, tiene criterio técnico negativo de la Contraloría General de la República.
Posteriormente, la comisión dictaminó afirmativamente el expediente 23.844 "Aprobación de la Adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación" y el expediente 24.030 "Aprobación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra el 17 de junio 2022 y su Anexo: Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca"
— La Comisión de Municipalidades y Desarrollo Local Participativo rechazó por unanimidad el expediente 23.455 "Ley que autoriza al Estado para que desafecte de su uso público el ramal de vía férrea que atraviesa finca 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 en el distrito de Palmar, cantón de Osa". Asimismo se dictaminó afirmativamente el expediente 23.897 "Autorización a la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (Recope) para que done, a favor de la Municipalidad de San José, una Propiedad que se Afecta a Uso y Dominio Público".
— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 23.395 "Reforma a la Ley N.° 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, para establecer centros de estudio e investigación en las Zonas Francas".
— La Comisión Especial de Reformas Electorales rechazó el expediente 23.321 "Ley que modifica el artículo 58 e incisos a), b), e) y adición de incisos f) y g) al artículo 60 del Código Electoral, Ley N.° 8765" bajo la tesis de que una iniciativa similar se tramita bajo otro expediente.
— La contralora general de la República, Marta Acosta manifestó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que los 65 mil millones de colones incorporados en el primer presupuesto extraordinario para el pago con la CCSS no logran cubrir el monto faltante que el gobierno le debe dar a la Seguridad Social este año y, además, podría tener consecuencias en la liquidación presupuestaria. Ante una pregunta del diputado Jonathan Acuña del FA, Acosta señaló que la deuda del Estado con la Caja está creciendo más rápido que los desembolsos que hace Hacienda por instrucción de la Asamblea Legislativa de destinar el 10% de los créditos de apoyo presupuestario a bajar esa deuda.
— Con 36 votos a favor y 5 en contra (Frente Amplio) se aprobó el permiso para el atraque, permanencia en puerto y desembarque de la tripulación de la embarcación de bandera estadounidense "MV KELLIE CHOUEST" que estará desarrollando operaciones derivadas del acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos para la cooperación contra el tráfico ilícito de drogas.
