La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa rechazó este martes por mayoría el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para "contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad" tras concluir que la propuesta era inconstitucional.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.692 recibió el voto a favor de los oficialistas Alexander Barrantes Chacón y Jorge Rojas López; mientras que en contra votaron Horacio Alvarado Bogantes del PUSC, Gilberto Campos Cruz del PLP, Alejandra Larios Trejos del PLN y Priscilla Vindas Salazar del Frente Amplio.
Esos congresistas, junto al presidente de la comisión, Gilbert Jiménez Siles aprobaron de previo un informe de subcomisión que recomendó el dictamen negativo y archivo del expediente al señalar que habiendo sido estudiado el fondo de la propuesta, el marco jurídico vigente y consideradas las respuestas recibidas por las instituciones consultadas, se acogían los criterios técnicos vertidos que objetaron el texto.
En ese sentido, por ejemplo, el Ministerio Público señaló que la idea del Ejecutivo pretendía introducir al sistema penal costarricense elementos del derecho penal de autor, sustentado en la peligrosidad, lo cual es incompatible con el principio de culpabilidad y con el derecho penal del acto que existe en Costa Rica.
"Considerando los roces de constitucionalidad de dichas reformas, al basarse en la peligrosidad del autor del hecho, en contradicción con nuestra legislación regida por el principio de inocencia y por lo tanto, no permite anticipar que la persona representa un peligro social, sin que esto constituya la imposición de una sanción anticipada, esta subcomisión recomienda el archivo del expediente legislativo, que además de estos vicios a nivel constitucional, conllevaría, sin un estudio técnico, tal y como lo señala otro órgano judicial experto en la materia, cual es la Defensa Pública, una desmedida saturación del sistema carcelario, un aumento y saturación de los procesos judiciales y en general una afectación significativa en el funcionamiento del Poder Judicial", dice el informe negativo acogido.
La subcomisión también se hizo eco del informe del Departamento de Servicios Técnicos que señaló serios riesgos de inconstitucionalidad en el proyecto de ley, por establecer disposiciones muy amplias, sin distinciones, que atentarían contra el principio de racionalidad y proporcionalidad, debido a que obligaría a las personas juzgadoras a tomar decisiones innecesarias y desproporcionadas.
La propuesta del proyecto era, según su texto base, disminuir la posibilidad de aplicar el monitoreo electrónico mediante tobillera disminuyendo el máximo de la pena en la que se puede aplicar esta alternativa, pasándola de seis años a cuatro años.
Por otro lado la iniciativa prohibía aplicar esa medida en los hechos en los que se hubiesen usado armas blancas, ni tampoco en los delitos previstos en la Ley 8204 sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, sin diferenciación alguna de los delitos allí contenidos.
El tercer cambio era la introducción del concepto de "peligro para la sociedad" para prohibir la aplicación de esta pena alternativa, así como para establecer una obligación de imponer automáticamente prisión preventiva para personas catalogadas de esa forma, sin que se hubiese definido en el proyecto qué se debía entender por "peligro para la sociedad".
Alexander Barrantes Chacón del oficialismo criticó el informe de subcomisión al afirmar que este era no solo impreciso sino inconsistente, y que contenía "apreciaciones inaceptables" como que era inconstitucional, y que debía discutirse por el fondo con detenimiento.
Es un proyecto que presentó el Ejecutivo, me preocupan las apreciaciones de que es inconstitucional, no podemos determinar las inconstitucionalidad si nosotros no somos quienes tenemos la potestad de definirlo.
Gilberto Campos Cruz del PLP criticó al oficialista por atacar, además, los informes de Servicios Técnicos señalando que era una incoherencia criticar esos documentos sólo cuando no eran favorables a proyectos de ley del gobierno.
El proyecto está malo, malo; y no solo es que está malo, es que hay cinco proyectos en esta comisión que van por ese lado, y uno nuevo del Ministerio Público que todavía no ha ingresado a la corriente porque está en modificaciones y recomendaciones... metieron un concepto indeterminado que ahora es dificil de defender.
En similar sentido la diputada Alejandra Larios Trejos del PLN dijo que no podía estar a favor de un proyecto que ponía en riesgo garantías constitucionales de las personas, y que como abogada sabía la importancia de respetar los derechos de las personas.
Como he dicho aquí en más de una ocasión... es que si a mi me dicen que con esto se va a solucionar el problema de delincuencia del país y va a poder permitir detener al delincuente más grande de Costa Rica a todo mundo le suena bien... pero no se vale jugar así con las personas, porque tengo que pensar si eso me lo van a aplicar a mi; ¿y si a alguien se le ocurre pensar que mañana yo soy peligrosa para la sociedad? ¿qué garantías voy a tener? El informe está presentado desde el 16 de noviembre del año pasado; hubo 3 meses en que se pudieron haber planteado reformas, mejoras, propuesto algo acerca del proyecto, pero no se hizo por parte de las personas interesadas, y es claro que no es prioridad porque quien lo sacó fue el Poder Ejecutivo, y por eso se dejó de discutir aquí.
En paralelo, la comisión dictaminó negativamente y por unanimidad el expediente 23.978 "Ley para asegurar el destino de recursos del Impuesto a las Personas Jurídicas para inversión en seguridad", aunque ya hay una propuesta similar adelantada en el Plenario bajo el expediente 23.973.
Breves
— La Uccaep y el Ministerio de Ambiente dejaron plantados a los congresistas de la Comisión de Ambiente donde estaban convocados para referirse al proyecto de ley para prohibir la exploración y explotación de petróleo. El órgano legislativo acordó darles una última oportunidad de presentarse para la próxima semana, pues caso contrario los desconvocarán y proseguirán con el dictamen del proyecto de ley.
— La Comisión Especial de Turismo dictaminó afirmativamente el expediente 23.826 "Ley de apoyo al sector turismo mediante la reducción del IVA".
— La Comisión de Asuntos Económicos rechazó el expediente 23.747 "Reforma al artículo 46 de la Ley N° 7558 “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica” del 3 de noviembre de 1995, para eliminar el uso de billetes y monedas en los servicios públicos".
— La Comisión de Asuntos Sociales rechazó el expediente 22.950 "Declaración del 29 de octubre de 1821 como la fecha de la Independencia de Costa Rica". También rechazó el expediente 23.524 "Ley para fortalecer el Fondo de Capitalización Laboral".
— La Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó los expedientes 23.102 "Adición de un nuevo inciso al artículo 6 del Título IV “Responsabilidad fiscal de la República”, de la Ley N.º 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018", 23.132 "Eliminación del IVA en el transporte de combustibles", 23.623 "Ley para incorporar al Benemérito Cuerpo de Bomberos en las excepciones del artículo 6 del Título IV de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 4 de diciembre del 2018" y 23.624 "Ley para excluir los recursos destinados a la población en vulnerabilidad social y mejoramiento de la salud pública, provenientes de las transferencias del Programa de Bienestar Social de la Junta de Protección Social, de la Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas".
— La Comisión de Infraestructura le dejó claro al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que la propuesta del Poder Ejecutivo de hacer una "interpretación auténtica" de varios artículos de la Ley de Contratación Pública para seguir adelante con el modelo de ejecución de la obra que hasta ahora el gobierno ha usado, y que ha sido objetada por la Contraloría General de la República, no irá a ningún lado, y en su lugar se enfocarán en la otra propuesta de Zapote para reformar los dos artículos y modificar la ley de modo que se permita hacer lo que el Ejecutivo pretende.
Jorge Dengo, presidente de la comisión y diputado del PLP dijo que la interpretación auténtica sería dificil porque implicaría revisar las actas que dieron origen a la ley en cuestión y que eso podría no dar frutos adecuados sobre cuál fue la verdadera intención de los legisladores que promulgaron la norma, mientras que Alejandro Pacheco del PUSC fue más tajante en decirle a Acosta que no cabe una interpretación auténtica porque los artículos en cuestión son absolutamente claros en su redacción.







