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Aprobado en comisión proyecto de ley para imponer prisión preventiva obligatoria

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente y por unanimidad este jueves un proyecto de ley suscrito por congresistas de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana para reformar el otorgamiento de la prisión preventiva, incluido el otorgamiento obligatorio de esa medida cuando se esté ante una serie de delitos particularmente graves.

Se trata del expediente 23.986 denominado "Ley para garantizar la prisión preventiva en delitos de peligro social" y sobre el cual se aprobó el informe de la subcomisión que estudió el texto y, a su vez, un nuevo texto sustitutivo que fue consensuado en la mesa de trabajo sobre seguridad de los tres poderes de la República.

El texto dictaminado dispone una reforma al artículo 239 del Código Procesal Penal que se refiere a la obligatoriedad de imponer la prisión preventiva, reformando su inciso d) para incluir "peligro para la comunidad" como un factor que el juez debe analizar. Asimismo, se agrega un texto que establece que el juez deberá valorar las circunstancias del hecho delictivo y de las condiciones particulares en que se encuentren la víctima, el denunciante, los testigos y la comunidad, de las que pueda desprenderse un riesgo fundado que pueda afectar la integridad personal, la vida o constituyan actos de terrorismo.

Por otro lado, en ese mismo inciso se establece que el otorgamiento de la prisión preventiva deberá tomarse encuentra especialmente tratándose de delitos previstos en la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (Ley 8589).

Luego, en el artículo 239 bis del Código Procesal Penal, el texto reforma el párrafo inicial, el inciso d) y agrega un nuevo inciso e).

Con el primer cambio se elimina la discrecionalidad del juez de dictar o no la prisión preventiva, cambiando el verbo "podrá" por "ordenará", de modo que "el tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, cuando exista la probabilidad de que la persona cometió o participó en la comisión de un hecho delictivo, el delito esté sancionado con pena de prisión y se cumpla el presupuesto establecido en el artículo 37 de la Constitución Política".

Con la modificación al inciso d) los jueces quedarían obligados a dictar prisión preventiva en delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, homicidio simple, homicidio calificado, delitos sexuales contra personas menores de edad, y delitos en los que medie la utilización de armas de fuego; mientras que con el nuevo inciso e) también se tendrá que imponer prisión preventiva cuando "se participe a personas menores de edad en la comisión de hechos delictivos".

Estas nuevas causales se sumarían a las ya existentes, sobre las cuales también en adelante tendría que fijarse una prisión preventiva obligatoria para los jueces: cuando se trate de delincuencia organizada; cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de hechos delictivos en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas; cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la propiedad en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas; y cuando el hecho punible sea realizado presumiblemente por quien haya sido sometido al menos en dos ocasiones a procesos penales en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, en los cuales se hayan formulado acusación y solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio Público, aunque estos no se encuentren concluidos.

El Departamento de Servicios Técnicos del Congreso advirtió meses atrás que el obligar a otorgar prisión preventiva por razones distintas a los intereses del proceso legal, objetivamente señalados y debidamente fundamentados, era una violación al derecho a la libertad y a la presunción de inocencia, pues solo podía emitirse como última medida.

La prisión preventiva reviste un carácter excepcional en virtud de que el ordinal 39 de nuestra Carta Magna, obliga a las personas juzgadoras y en la generalidad al aparato jurisdiccional, a tratar a las personas imputadas en un hecho ilícito como inocentes y mantener incólume el principio de inocencia, hasta que mediante sentencia firme posterior a un juicio justo, se tengan por demostrados y probados los hechos que se les venían atribuyendo, razón por la que deben tratar de afectar en lo más mínimo los derechos y las garantías de las personas.

Inclusive Servicios Técnicos citó el voto 13661-2007 de la Sala Constitucional en el que ese tribunal reiteró "que la medida cautelar de prisión preventiva debe utilizarse cuando no quede ninguna otra alternativa al Tribunal, descartadas todas las demás, a fin de garantizar los fines del proceso y mediando el cumplimiento estricto de las exigencias constitucionales desarrolladas en los artículos 239 y siguientes del Código Procesal Penal".

De lo anterior deriva que cuando sea necesario imponer alguna una medida cautelar al imputado, pero a la luz del principio de proporcionalidad resulte viable aplicar una medida menos gravosa que la prisión preventiva, en efecto deberá de aplicarse alguna de las medidas del artículo 244 del Código Procesal Penal, ello en estricto respeto al carácter excepcional del instituto consagrado en el numeral 239 del citado Código. No podría considerarse a la prisión preventiva como una especie de pena anticipada, pues ello contravendría a la naturaleza y finalidad de tal instituto, haciendo imposible e inconciliable su aplicación con los principios básicos de un Estado de Derecho.

Servicios Técnicos agregó que en virtud de esa sentencia de la Sala, el impedirle a los jueces dictar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, aunque haya elementos objetivos que lo permitieran, constituye una violación constitucional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) también se ha pronunciado contra las prisiones preventivas automáticas u oficiosas al recordar que, en reiteradas ocasiones, esa corte ha dicho que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva, por lo que existe una "obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia".

Proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia. Efectivamente, en ocasiones anteriores, el Tribunal ha estimado que al privar de la libertad, en forma innecesaria o desproporcionada, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, el Estado incurre en una violación del derecho de toda persona a que se le presuma inocente, reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. A igual conclusión se debe llegar si el Estado mantiene a una persona privada de su libertad preventivamente más allá de los límites temporales que impone el derecho consagrado en el artículo 7.5 de la Convención Americana (…).

El texto dictaminado pasará ahora al Plenario para el trámite de mociones de fondo vía artículo 137, las cuales deberán ser analizadas por la Comisión. Concluido ese trámite, o si no se presentan, el texto pasará a discusión y votación por el fondo en sus dos debates.

Breves

— Con 35 votos a favor y 6 en contra se aprobó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 21.807 "Reforma de los artículos 3, 4, 7, 69 y 70 de la Ley de Biodiversidad N.º 7788, de 30 de abril de 1998 y sus reformas".

— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó que en la sesión ordinaria del 11 de marzo de 2024 y de conformidad con la Ley 10399 se reciba al presidente del Banco Central para que rinda el informe requerido por un espacio de 25 minutos y luego se realice un debate reglado de hasta 118 minutos.

— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó que en la sesión ordinaria del 4 de marzo de 2024 y de conformidad con la Ley 10399 se reciba al ministro de Hacienda para que rinda el informe requerido por un espacio de 25 minutos y luego se realice un debate reglado de hasta 118 minutos.

— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.746 "Ley para fortalecer el Registro Judicial y evitar la impunidad".

— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó el expediente 23.717 "Reglamento de Diputaciones para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política".