El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate y tras un intenso debate el proyecto de ley de las bancadas de Nueva República, Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y del oficialismo que otorga una prórroga de un año a las unidades de autobús de los años 2007 y 2008 para prestar el servicio de transporte público.
La iniciativa tramitada en el expediente 23.782 recibió 38 votos a favor y 8 en contra, estos últimos provenientes del Frente Amplio y de Andrea Álvarez Marín del PLN quienes se apartó de la línea de fracción.
Según dispone el texto aprobado las unidades de autobús en ruta regular modelos 2007 y 2008 podrán seguir dando el servicio por un año, contado a partir de que la ley entre en vigencia. El permiso, sin embargo, aplicará únicamente para unidades de autobuseras que clasifiquen como micro, pequeñas o medianas empresas de acuerdo con la clasificación de la Aresep; así como las cooperativas.
Por otro lado el texto dispone que la entidad encargada de llevar a cabo la revisión técnica vehicular (Dekra) deberá verificar de previo el cumplimiento de los requisitos técnicos de la flota del transporte público que circule bajo esta habilitación; así como que las unidades de transporte que sobrepasen los 15 años de antigüedad y se acojan al plazo adicional establecido en esta propuesta deberán realizar la inspección técnica vehicular cada cuatro meses y cumplir con las condiciones de accesibilidad establecidas en la Ley 7600 y su reglamento.
La votación de segundo debate se dio luego de que en noviembre del año pasado la Sala Constitucional declarara que el proyecto de ley no tenía vicios de fondo o de procedimiento al resolver una consulta de constitucionalidad entablada por la Defensoría de los Habitantes, quien acusó una falta de consulta a las personas con discapacidad así como vulneración al principio de no regresividad en materia de derechos humanos.
La discusión por el fondo del proyecto se tensó por momentos con recriminaciones entre quienes lo apoyaban y adversaban.
Andrea Álvarez Marín del PLN señaló que se opuso en primer debate y lo haría de nuevo en el segundo porque las personas con discapacidad merecían un servicio de transporte público de calidad, pero los usuarios en general también.
En sentido similar se pronunció la jefa de fracción del Frente Amplio, Sofía Guillén Pérez, quien dijo que su bancada votaría en contra porque de tres demandas hechas durante su trámite de comisión, una no fue satisfecha: la de realizar una verdadera consulta a las personas con discapacidad.
Ambas congresistas citaron además el voto salvado emitido por la magistrada constitucional Anamari Garro Vargas, quien cuestionó que el proyecto no tenía criterios técnicos suficientes que demostraran que la pandemia todavía estaba repercutiendo negativamente en el sector autobusero, y que ello motivara ampliar la vida útil de las unidades; así como el hecho de que la consulta dirigida a las personas con discapacidad se canalizó a través de la Aresep y no del Conapdis, pese a que esta última es la institución pública enfocada en esa población vulnerable.
Por el contrario a favor de la iniciativa hablaron Luis Diego Vargas del Liberal Progresista, Kattia Rivera Soto del PLN, Vanessa de Paul Castro del PUSC y Olga Morera Arrieta de Nueva República entre otros.
Particularmente, la diputada verdiblanca Monserrat Ruiz Guevara criticó que se alegara que no se hizo un proceso de consulta a las personas con discapacidad, señalando que ella hizo una consulta a Mónica Alfaro del colectivo de personas con discapacidad de Atenas, y que ella se expresó a favor del proyecto, por lo que llamó a no monopolizar la bandera de esa población vulnerable.
Breves
— La Comisión de Asuntos Económicos aprobó una moción para que el Ministerio de Hacienda destine a la Caja Costarricense de Seguro Social 40% ($160 millones) de los $400 millones de los contratos de préstamo entre Costa Rica, el BID y la Agencia Francesa de Desarrollo destinados a financiar el programa "Hacia una economía verde: apoyo al Plan de Descarbonización" (expediente 23.502), además de condicionar que Hacienda pueda usar el 60% hasta que haya efectivamente transferido los recursos a la CCSS. La moción, impulsada por el Frente Amplio, fue apoyada por Sofía Guillén, Monserrat Ruiz, Olga Morera, Kattia Rivera y Vanessa de Paul Castro, y se emitió dado que Hacienda ha, reiteradamente, retenido la transferencia de recursos aprobados por el Congreso a la CCSS. Asimismo constituye un golpe político al oficialismo, quien semanas atrás presentó mociones a ese proyecto para mas bien eliminar del todo la transferencia a la Seguridad Social.
— Los supremos poderes acordaron este martes en reunión en Casa Presidencial darle vía rápida en el Congreso a diez iniciativas de ley en materia de seguridad. Aunque no se habló de números de expediente específicos, el fiscal general Carlo Díaz señaló que cuatro ya están en agenda del Congreso, tres están presentados y otros tres aún están en redacción.
Las iniciativas ya convocadas versan sobre:
- Impedir la naturalización de extranjeros condenados por delitos dolosos con pena superior a 3 años en los últimos 10 años en Costa Rica o el extranjero (posiblemente expediente 23.800)
- Una reforma para agilizar el comiso del Estado a bienes o recursos que las personas no puedan justificar como adquiridos lícitamente (capitales emergentes)
- Ampliar a 10 años la mancha en la hoja de delincuencia para personas que hayan terminado sus condenas (posiblemente expediente 23.746)
- Tipificación y sanción de los préstamos gota a gota con penas de hasta 15 años de cárcel (posiblemente expediente 23.575)
Las iniciativas ya existentes pero que no están convocadas versan sobre:
- Ampliar los delitos sobre los cuales el Poder Judicial puede realizar escuchas o intervenciones de telecomunicaciones (posiblemente expediente 23.690)
- Endurecer las penas por posesión y uso de armas ilegales
- Modificar el otorgamiento de tobilleras electrónicas de monitoreo
Mientras que las iniciativas que aún están en redacción se mencionaron:
- Uno para reducir la discrecionalidad de los jueces para dictar prisión preventiva
- Endurecer las penas a los adultos que usen a menores de edad en actos delictivos
- Ampliar los plazos para procesar menores de edad que cometan delitos.
