Juzgado no encontró prueba suficiente para elevar el caso juicio.
El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Buenos Aires dictó el archivo definitivo del caso en el que se investigó el asesinato del líder indígena, Sergio Rojas Ortiz.
La noticia, compartida por la familia del líder indígena, llegó luego de que el pasado mes de diciembre se realizó una audiencia preliminar en la que se conoció la solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público, así como una querella para el envío a juicio de parte de los hijos e hijas de Rojas Ortiz.
La determinación del Juzgado fue dictar el sobreseimiento definitivo a favor de las dos personas no indígenas imputadas. El ente juzgador indicó que la prueba recolectada producto de la investigación no reúne el grado de probabilidad necesario para realizar un juicio, según explicó el abogado de la familia de Rojas Ortiz, Oscar Retana Montenegro.
En declaraciones a Delfino.cr el abogado comentó que en el proceso de la investigación llegaron a ser tres las personas imputadas, pero una de ellas falleció.
El caso sí se comparte que tuvo dificultades materiales como el [hecho de] que no hubo testigos presenciales, la hora en que se realizó el homicidio y la falta de testimonios que aportaran prueba directa. Esto desde un inicio dificultó la investigación como tal".
El líder indígena fue asesinado de siete balazos la noche del 18 de marzo del 2019 en el territorio indígena bribri de Salitre, en medio del conflicto originado por el proceso de recuperación de territorios que iniciaron personas indígenas en 2011.
Rojas Ortiz ya había sido víctima de varios intentos de homicidio y era sujeto de medidas cautelares de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril del 2015.
Dichas medidas cautelares ordenaban al Estado garantizar la protección, vida e integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre, sin embargo el país no logró cumplir con las disposiciones ordenadas.
Al respecto, Retana Montenegro recordó que desde hace aproximadamente 15 años Sergio Rojas Ortiz desde la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, evidenció todo un aparato de discriminación racial y sistemática contra los pueblos indígenas en el cantón de Buenos Aires y Pérez Zeledón, en donde se encuentra el territorio indígena China Kichá del pueblo Cabécar.
Hay una serie de evidencias de esto como [lo] es la falta de acceso a la justicia, mecanismos que no son eficaces para resolver la problemática de tierras de los pueblos indígenas, aunado a ello todo el tema del acceso y la falta de confianza de las autoridades por parte de las personas indígenas".
Continuó:
Creemos que también por supuesto el homicidio tuvo un fin intimidante hacia las personas defensoras de sus derechos humanos en Salitre".
El defensor de la familia también agregó que la investigación del homicidio fue compleja debido a que no contó con testimonios precisos sobre la participación de las personas imputadas en los hechos.
Se hicieron varios actos investigativos, intervención de comunicaciones, tanto de mensajes de texto como llamadas, hubo más de 25 personas entrevistadas a efecto de recopilar información, testigos protegidos, etcétera, y no se pudo llegar al grado de probabilidad suficiente para elevarlos a juicio".
Amplió:
Mantenemos que parte de sus fallos es la falta de una legislación adecuada que contemple la realidad de los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos y se comparte que hace falta un resguardo mayor".
Esta determinación judicial pone fin a la investigación penal por el homicidio del líder indígena. La familia de Rojas exhortó al Estado de Costa Rica a que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte.
Además que se cumpla, mediante mecanismos eficientes, la recuperación de tierras indígenas en manos de usurpadores terratenientes no indígenas; y la petición de crear normas jurídicas que protejan a las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, incluyendo la ratificación del Acuerdo de Escazú.
En setiembre de 2020 el Ministerio Público ya había solicitado el archivo del caso al justificar que "el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación". En ese momento, el Sistema de las Naciones Unidas (ONU), había pedido al Estado costarricense continuar la investigación penal.
La petición de archivo fue rechazada por el Juzgado Penal de Buenos Aires en enero de 2021 y se había ordenado continuar los actos investigativos, que ahora finalizaron en el archivo.
Retana Montenegro agregó que ahora los hijos e hijas de Sergio Rojas analizan que acciones tomar próximamente en la vía internacional.
