Las 10 iniciativas ahora deberán recibir el aval de los jefes de fracción del Congreso para agilizar su trámite.

Los jerarcas de los tres Supremos Poderes de la República acordaron avanzar en 10 proyectos para combatir la narcoactividad, la inseguridad y violencia en el país.

Se trata de los siguientes expedientes de ley ya en trámite legislativo:

Expediente 23.800: Reforma del Artículo 18 de la Ley N.° 1155, Ley de Opciones y Naturalizaciones, de 29 de abril de 1950. Proponente: Rodrigo Arias Sánchez y 1 firma adicional. Actualización: modifica los artículos 15 y 18 de la Ley N°1155, prohibiendo el otorgamiento de la naturalización y revocando la ciudadanía costarricense al extranjero naturalizado, cuando la persona extranjera haya sido condenada con sentencia en firme por cualquier delito con pena de prisión superior a los tres años, o cuente con un trámite de extradición.

Expediente 22.834: Reforma a la Ley 8754 Ley Contra la Delincuencia Organizada para Fortalecer la Función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Proponente: Poder Ejecutivo. Actualización: Se incorpora la figura de una medida cautelar para asegurar los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes, cuando estos sean iguales o superiores a los cincuenta mil dólares americanos. Adicionalmente, se autoriza al ICD a disponer de manera anticipada de los bienes dados en depósito judicial provisional. Asimismo, se amplía el lugar o medio en donde las personas jurídicas pueden ser notificados por un proceso de capitales emergentes.

Expediente 23.746: Ley para Fortalecer el Registro Judicial y Evitar la Impunidad. Proponente: Leslye Bojorges León. Actualización: Se aumentan los plazos en que se mantiene anotada la hoja de delincuencia. Con ello se pretende evitar que los delincuentes gocen de beneficios procesales al ser considerados como “primarios”, a pesar de haber sido condenados con anterioridad

Expediente 23.575: Ley para la Regulación y Sanción del Delito de Préstamo Gota a Gota. Proponente: Gloria Navas Montero y 1 firma adicional. Actualización: Propone crear el artículo 214 bis en el Código Penal, el cual regularía la extorsión cobratoria. Se impondría pena de prisión de cuatro a ocho años a quien mediante intimidación o amenazas por cualquier medio obligue a otra a pagar una deuda u obligación crediticia. La pena es de cinco a diez años si la víctima es menor de edad, adulta mayor, o persona en situación de discapacidad; si la amenaza la realizan dos o más personas; se realicen agresiones físicas o psicológicas; o bien, se utilicen armas o se causen daños a la propiedad. En caso de que se enmarque en la delincuencia organizada, la pena será de ocho a quince años.

Adicionalmente, se acordaron las modificaciones a los siguientes proyectos, que no están todavía convocados:

Expediente 23.690: Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones. Proponente: Poder Ejecutivo. Actualización: Serán susceptibles de ser investigados a través de la intervención telefónica los delitos de extorsión y homicidio simple. También se agregan las desapariciones cuando existan indicios suficientes que permitan presumir que la ausencia de una persona fue antecedida o propiciada por un delito. Además, se le impone al juez un plazo de hasta tres días naturales para resolver la solicitud de intervención telefónica, cuando se trate de un proceso ordinario; y de hasta cinco días naturales cuando sea un asunto de delincuencia organizada o tramitación compleja.

Expediente 24.095: Ley para el Fortalecimiento del Marco Sancionatorio de los Delitos Cometidos con Armas de Fuego Prohibidas. Reforma a la Ley de Armas y Explosivos, Ley N.° 7530 y Código Penal, Ley N. 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas. Proponente: Gloria Navas Montero y 1 firma adicionales. Actualización: aumentan las penas de los delitos relacionados con armas prohibidas, regulados en los artículos 89, 90 y 91de la Ley de Armas y Explosivos, y las agrava en un tercio cuando el hecho ilícito sea cometido en el marco de la delincuencia organizada. Adicionalmente, se aumentan las penas en los delitos en donde medie la utilización de armas de fuego prohibidas, sean simuladas o réplicas de esta, según sea el caso, propiamente en los siguientes delitos: agresión con armas, agresión calificada, amenazas agravadas y accionamiento de arma.

Expediente 24.096: Ley para Regular el Beneficio del Arresto Domiciliario con Brazalete Electrónico. Proponente: Gilberth Jiménez Siles y 1 firma adicional. Actualización: propone bajar de seis años, como se encuentra actualmente, a cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar este tipo de sanción. Adicionalmente, se agregan modalidades y delitos en los cuales no es procedente este castigo ni es aplicable como medida cautelar.

Durante el anuncio del día de ayer también se señalaron tres iniciativas que se presentarán a la corriente legislativa en los próximos días:

  1. Reforma de los Artículos 239 y 239 Bis del Código Procesal Penal. El proyecto pretende que en el artículo 239 se incluye el riesgo para “la comunidad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la nación”, como causal para dictar la detención provisional, la cual ha sido reconocida en las Reglas de Tokio. La reforma al artículo 239 bis, propone que se pueden aplicar otras causales a la prisión preventiva, siempre y cuando exista un grado de probabilidad y el hecho delictivo este penado con prisión, además, elimina la dependencia con especto al artículo 239 inciso b) en cuanto a la configuración del riesgo de fuga y obstaculización del proceso.
  2. Ley para Agravar la Penalidad del autor, Instigador y Cómplice que Participen Personas Menores de Edad en la Comisión de Hechos Delictivos. Pretende adicionar un artículo 74 bis al Código Penal, que agrava la pena en un tercio al autor, instigador y cómplice que participen a personas menores de edad en la comisión de algún hecho delictivo, y aumenta la pena en un medio cuando estos actos criminales en los que participan menores de edad se realicen en el marco de la delincuencia organizada.
  3. Reforma a los Artículos 9, 58, 59, 106 y 109 y Adición de un Artículo 79 Bis de la Ley N° 7576 de Justicia Pena Juvenil. El proyecto pretende incorporar, el riesgo para “la comunidad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la nación”, como causal para dictar la detención provisional, la cual ha sido reconocida en Instrumentos Internacionales y que se considera un complemento al peligro para la víctima, pues la comunidad puede ser considerada una víctima, dependiendo de la magnitud de los hechos o la manera en que estos la ponen en peligro.

Los presidentes del Ejecutivo, Rodrigo Chaves Robles; Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez; y Judicial, Orlando Aguirre Gómez, celebraron haber construido en conjunto la lista de propuestas de ley y esperan que estos proyectos doten de herramientas a los organismos de aplicar la justicia y devuelvan la tranquilidad a la ciudadanía.

Arias Sánchez comentó que el siguiente paso es tener una reunión con los jefes de fracción de los seis partidos presentes en la Asamblea Legislativa, para lograr que le den un aval a los  proyectos y agilizar los trámites en el Plenario en vistas de que se conviertan en leyes.

Según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2023 el país acumuló un total de 907 homicidios y se convirtió en el año con más muertes por esta categoría en la historia de Costa Rica.

El Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez, destacó que estas propuestas de ley vienen a darle al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial y a los diferentes cuerpos policiales, son herramientas contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El consenso sobre las iniciativas de ley se da luego de que el 30 de noviembre de 2023 los jerarcas de los poderes acordaron conformar un grupo de trabajo para revisar proyectos de ley en materia de seguridad. 

La comisión que estuvo conformada por representantes de los tres poderes, inició trabajos el pasado 8 de enero y tenía como fin afinar las iniciativas de ley antes de someterlos a la corriente legislativa. Esto para afinar su viabilidad antes de ser puestas en discusión.

Este grupo de trabajo se acordó luego de que el mandatario Chaves Robles trasladara a la Asamblea la responsabilidad de atender la crisis de inseguridad, tras ordenar a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, que desconvocara todos los proyectos de Seguridad que habían sido incluidos en la agenda y dejar solo los 26 proyectos de ley que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico había solicitado. La acción generó la molestia de diferentes sectores, como por ejemplo el Poder Legislativo, en donde los congresistas reprocharon la medida. 

Tras esto Rodrigo Arias Sánchez llamó al mandatario Rodrigo Chaves Robles con el objetivo de pactar un espacio de diálogo y llegar a consensos.