El proyecto de ley busca limitar el otorgamiento del arresto domiciliario con monitoreo electrónico reduciendo la posibilidad de aplicación solo a personas cuya pena impuesta sea menor de cuatro años, así como que no se pueda aplicar en casos de delitos en que se hayan utilizado armas blancas, o contemplados en los artículos 59 y 74 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley 8204). Además, incluye la posibilidad de revocar la medida en casos en que la persona altere, dañe, se desprenda del dispositivo, no reporte cualquier falla o alteración involuntaria y no acate las condiciones impuestas; realice la comisión de un delito de flagrancia; haya sido elevada a juicio o se le haya impuesto medidas de prisión preventiva.