Proyecto de ley cuenta con el respaldo de 15 firmas del PUSC, PLN, NR y PLP.

Quince congresistas de cuatro bancadas legislativas presentaron un proyecto de ley (expediente 23.980) para cerrarle la posibilidad al Banco Central de Costa Rica (BCCR) de solicitar a instituciones públicas y privadas información no anonimizada de los usuarios o de los consumidores del sector financiero nacional.

La iniciativa de ley introduce un nuevo artículo 40 bis a la Ley Orgánica del BCCR (Ley 7558) que establecería que cuando el Central requiera solicitar información, esta será “suministrada por la Superintendencia General de Entidades Financieras en forma anonimizada, sin excepción, salvo que dicha solicitud provenga de una orden judicial o que exista una ley habilitante para tales efectos”.

Adicionalmente el nuevo artículo incluiría una prohibición para que el Banco Central no pueda “solicitar de forma masiva a cualquier institución pública o privada del sector financiero, información personal de los usuarios o de los consumidores del sector financiero nacional, de forma tal que no sea posible asociar o vincular los datos del usuario con la respectiva cuenta”.

Dato D+: El proyecto de ley no modifica la Ley del Sistema de Estadística Nacional (SEN) que establece la obligación de “todas las personas físicas o jurídicas, residentes en el país o no, están obligadas a suministrar, de palabra, por escrito o por cualquier medio, de manera gratuita y en el plazo fijado, los datos, las informaciones de carácter estadístico y los registros administrativos que las instituciones públicas del SEN les soliciten

Según señala la exposición de motivos del texto, la propuesta surge ante la diferencia de criterios entre el Banco Central y la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) sobre el acceso a datos personalizados de “transacciones cambiarias, específicamente sobre la compra y venta de divisas en las entidades financieras”, y adicionalmente, mediante una modificación del Reglamento del Sistema de Pagos el BCCR también “está exigiendo a las entidades financieras que le entreguen la información de las transacciones cambiarias que realizan los clientes; incluyendo nombre, número de cédula y montos de todas las personas físicas y jurídicas que compran divisas sin justificar el propósito de esa solicitud ni la base legal que la respalda”.

El proyecto cuenta con la firma principal de Alejandro Pacheco Castro del Partido Unidad Social Cristiana con sus compañeros de fracción Carlos Felipe García Molina, Horacio Alvarado Bogantes, Vanessa De Paul Castro Mora, María Daniela Rojas Salas, María Marta Carballo Arce, Leslye Rubén Bojorges León, Carlos Andrés Robles Obando y Melina Ajoy Palma; así como de Fabricio Alvarado Muñoz y Olga Morera Arrieta de Nueva República;  Jorge Eduardo Dengo Rosabal y Eliécer Feinzaig Mintz del Partido Liberal Progresista; y Óscar Izquierdo Sandí y Alejandra Larios Trejos del Partido Liberación Nacional.