Por Andrés Eduardo Fung Chen - Estudiante de la carrera de Ingeniería Informática
¿Se vuelven obsoletos los servicios de la CCSS en vista de la clara corrupción que la rodea? La respuesta es obvia: no, la población todavía los utiliza (Vargas, 2011). Esta respuesta mantiene al país en un estado de conformidad, pero se siente incompleta porque la población y los funcionarios de la CCSS están conscientes de la corrupción en el trasfondo (Cercone et al., 2000). En un país donde los servicios públicos deben mejorar las condiciones socioeconómicas (Bolaños-Garita, 2021), ¿cómo puede la institución dominante del sector público de la salud gastar su presupuesto en instancias innecesarias, sin estudios previos y de manera evasiva o clandestina? ¿Y cómo lo sigue haciendo cuando se le ha denunciado varias veces por falta de fiscalización de las acciones que toman sus altos ejecutivos? (Mora- Solano, 2019)
El principal problema de la CCSS es de cuentas por cobrar que paralizan su funcionamiento. El mayor deudor de la CCSS es el Estado, que acumula una deuda de ₡1.95 billones para el 2020 por problemas que surgieron hace más de una década, como el aumento de plazas durante el gobierno de Oscar Arias (2006-2010) (Mora-Solano, 2019) y el subsidio del Ministerio de Educación Pública a los profesores del 2010 al 2014 (Ugarte-Jiménez, 2020). De acuerdo con la OPS (2011), estas deudas disminuyen los ingresos de la CCSS (Mora-Solano, 2019, p. 57), su capacidad de financiar servicios y mejoras de infraestructura y, consecuentemente, alargan las listas de espera. Una gran porción de la deuda es hacia el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la contribución solidaria para trabajadores independientes y asegurados voluntarios, lo cual disminuye el acceso a pensiones y servicios a los grupos en pobreza, pobreza extrema, indigentes y privados de libertad (Rodríguez, 2020).
Es igual de preocupante la ineficiencia del proceso de resolución de esta crisis. Las cifras del endeudamiento del Estado no fueron calculadas de manera transparente hasta el 2019, cuando la Contraloría General de la República (CGR) encontró una diferencia de ₡190,116 millones con respecto a la deuda reportada en los estados financieros del Poder Ejecutivo (CGR, 2019, p. 4). En el 2020, la CGR indicó que la Gerencia Financiera de la Caja solo tenía conocimiento de la ejecución del 7% de los ₡45,000 millones asignados al Fondo de Contingencias de la CCSS para compras de emergencia (May-Grosser,2020). Finalmente, en el 2021 demostró la omisión de estudios para la selección de compras excepcionales mediante un muestreo de expedientes de contrataciones excepcionales, de los cuales un 56% carecían de análisis técnicos que los justificaran (Villalobos-Saborío, 2021) y 43% de un análisis de responsabilidad de precios (CGR, 2021, p. 16).
A pesar de los problemas anteriores, el gobierno de Carlos Alvarado, la Ministra de Hacienda y el Presidente Ejecutivo de la CCSS muestran rechazo por solucionar la situación que se les ha denunciado (Pomareda-García, 2020). A mediados del 2020, acordaron una transferencia del 10% de los créditos de apoyo presupuestario del Ministerio de Hacienda a la CCSS para cancelar la deuda (El País C.R., 2020). Sin embargo, la estrategia no ha tenido efecto ya que las deudas se mantienen y siguen creciendo (Valverde, 2021). Más recientemente, la Sala Constitucional condenó al Estado a asumir como deuda la diferencia de la pensión mínima del IVM que erróneamente no se incluyó en el Presupuesto Nacional del 2018 (Ugarte- Jiménez, 2021). No obstante, resulta inadecuado mantener la esperanza de esta orden debido a la historia de inacción que tienen tanto la CCSS como el Estado acerca del tema.
A modo de conclusión, regreso a la pregunta planteada al principio. Los servicios de salud que ofrece la CCSS no se vuelven obsoletos en su totalidad al tomar en cuenta el evidente mal manejo de su presupuesto. No obstante, se paralizan procesos de ayuda a los más necesitados que son la clave para alcanzar una equidad socioeconómica. El Estado mantiene una deuda perpetua con la CCSS y el manejo inestable del presupuesto del Fondo no le permite medir cuánto ha sido destinado hacia la ayuda pública en realidad. Por todo lo anterior, precisa mantener una actitud pesimista hacia la CCSS y sus servicios.
