Existe un largo debate en torno al consumo de uso adulto de drogas y su regulación o prohibición. Este debate, por cierto, no ha estado exento de arrebatos y pasiones que, a menudo, limitan un abordaje técnico y objetivo. Desde los enfoques estrictamente sanitarios, la discusión sobre el consumo recreativo de drogas nos muestra el carácter complejo y cambiante de los fenómenos humanos y nos recuerda la pertinencia de que, como colectivo, sostengamos debates de manera abierta y que construyamos soluciones a partir de las mejores prácticas y la evidencia científica. 

En un Estado de Derecho como el nuestro, en efecto, existen diferentes foros donde podemos tener esas y otras discusiones. La prensa, la academia y el congreso son algunos de ellos. En un Estado de Derecho como el nuestro, además, existe un marco institucional que nos permite generar política pública a partir de criterios técnicos para así atender las necesidades de la población. Una política pública, finalmente, es el curso de acción propositivo establecido para responder a un problema o un conjunto de problemas de interés público que atañen a personas o colectivos de sociedad. Son, por tanto, tan dinámicas como la propia sociedad. Es decir, cambian, se transforman en el tiempo, se actualizan. 

Nadie podría negar que el consumo de cualquier droga constituye una problemática de interés público.  Ocurre tanto en nuestro país como en la región y en todo el mundo. Tenemos desde hace más de una década un aumento sostenido de las personas que han consumido drogas, al menos, en el último mes. Y esto, por supuesto, está íntimamente relacionado con problemáticas de salud y problemáticas sociales.  Es cierto que la mayoría de estas personas han consumido predominantemente drogas legales, pero resulta particularmente llamativo notar que el consumo de marihuana, de acuerdo con las cifras preliminares de la última encuesta del IAFA, empieza a acercarse al tabaco: un 4.1% de las personas encuestadas dijo haber consumido marihuana en el último mes. De esta cifra, cabe decir, la mayoría son hombres entre los 20 y los 40 años de edad. O sea, son personas mayores de edad a quienes los asiste la autonomía de la voluntad.  

Es interesante advertir que, si bien la percepción de la población en general sigue siendo negativa respecto a la regulación del uso de marihuana, se percibe una tendencia hacia la flexibilización de esas opiniones. Hoy, más de la mitad de las personas encuestadas está de acuerdo en el uso de marihuana con fines médicos o científicos, aunque un 67.2% no está de acuerdo en que se le entreguen dosis reguladas de marihuana a consumidores problemáticos.  Esta última es, en efecto una cifra alta, sin embargo, si nos vamos a las cifras del 2015 (73%), podemos constatar que existe una tendencia de la dinámica de la población hacia una mayor aceptación del uso de la marihuana, aún para fines no médicos ni científicos. 

Las sociedades cambian y los usos de las sustancias también cambian. Tal vez parezca una obviedad. Pero a veces es importante recordarlo.  A lo largo del siglo XVII, por ejemplo, en Europa se suscitó una acalorada discusión acerca del consumo de chocolate. Es más, llegó a prohibirse y a ser considerado por la Santa Inquisición como una bebida pecaminosa. En el siglo XVI, por citar otro caso, el café era considerado satánico en buena parte de Italia. Y ni qué decir de un episodio más reciente en el tiempo: la ley seca en los Estados Unidos.  

Hoy sabemos, gracias a la información científica, que el consumo problemático de café o chocolate o alcohol tiene impactos negativos en la salud. Y en el caso del consumo de bebidas alcohólicas (cuyas consecuencias están ampliamente estudiadas), en la mayoría de los países se han desarrollado regulaciones que apelan a la decisión individual responsable basada en información fidedigna. En estos países (el nuestro, por ejemplo) se establecen mecanismos que prohíben la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y se sanciona el consumo de licor en el ámbito laboral o antes de conducir un vehículo. Y además se han establecido programas de salud pública destinados a rehabilitar a aquellas personas que cayeron en la adicción. 

En todos estos casos, repito, se reconoce la autonomía de la voluntad de los individuos mayores de edad y se busca proteger un interés superior, un interés común, a saber, la salud pública y la vida de los ciudadanos.  

Debemos recordar que el consumo de marihuana, al igual que el de chocolate, café o licor no es penalizado. Y si partimos del reconocimiento de una realidad (el consumo), nuestra preocupación debería ser impulsar mecanismos para gestionar la problemática de la mejor manera. ¿Cómo? A través de la formulación de políticas públicas basadas en datos y en experiencias exitosas. 

Al inicio mencioné la necesidad de generar espacios de debate sobre las diferentes problemáticas de interés público y sobre las estrategias para su abordaje. Actualmente, hay una iniciativa legislativa que busca regular el consumo de uso adulto de la marihuana. Sé que se trata de un tema que despierta muchas dudas y resquemores. Yo misma, como médico, considero que el proyecto tiene oportunidades de mejora.  No obstante, lo peor que podríamos hacer como sociedad es hacernos de la vista gorda, pretender ignorar el elefante en el salón y evadir la discusión de una problemática tan acuciante. La ola la tenemos encima, definamos si nos revuelca o si la surfeamos. 

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