El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la ratificación de Iván Vinicio Vincenti Rojas como nuevo procurador general de la República, sin embargo, su juramentación no se llevará a cabo hasta que el Ejecutivo esclarezca el conflicto de intereses que existe entre el nuevo Abogado del Estado y el hecho de que su pareja sentimental trabaje en la institución que ahora liderará.
La "movida" legislativa se pactó en la reunión de jefaturas de fracción del mediodía, horas después de que trascendiera que el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, no firmaría el permiso sin goce de salario de la pareja de Vincenti, hasta que la Asamblea Legislativa votara por ratificar al candidato del Poder Ejecutivo.
El oficialismo en voz de Pilar Cisneros Gallo sostuvo que Campos no podía otorgarle el permiso (inicialmente denegado por la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas Chaves) hasta que la Asamblea ratificara a Vincenti, dado que él no era aún funcionario de la Procuraduría, y por ende, no existía en ese momento un conflicto de intereses que justificara entregar el permiso a su pareja sentimental.
Las bancadas de oposición acogieron la explicación, salvo el Frente Amplio y el diputado liberacionista José Francisco Nicolás. La bancada de izquierda se había visto inicialmente favorable a la ratificación de Vincenti, sin embargo, consideró que esa movida del Ejecutivo estaba induciendo a error a la Asamblea, por lo que ellos no darían sus votos favorables. A ello se sumó que antes de empezar a discutir el asunto, el presidente de la Asamblea autorizó a Jonathan Acuña Soto, jefe de los negriamarillos, a abstenerse de participar de la discusión y votar el expediente, alegando tener una relación de amistad con Vincenti.
De seguido, Rodrigo Arias Sánchez se excusó a sí mismo de participar en la discusión y votación de la ratificación, alegando que Vincenti fungió tiempo atrás como abogado de una de las empresas familiares en las que él tiene participación.
Tras la votación favorable que resultó en 37 votos a favor y 6 en contra, la presidenta en ejercicio Gloria Navas reiteró que Vincenti no sería juramentado hasta que el ministro de Justicia y Paz resuelva la apelación sobre el permiso sin goce de salario que se había presentado.
Vincenti es abogado litigante experto en el área Contencioso Administrativo, en materia Tributaria y de Derecho Público, con más de 20 años de experiencia en el área y hasta la fecha fungía como como director del Departamento de Litigio de Impuestos y Legal en la firma Grant Thornton Costa Rica.
Fue viceministro de Ambiente durante la administración Rodríguez Echeverría (2000-2002), procurador adjunto (2002-2005) y procurador B (2005-2012), director del Área Legal de ICS Consultores, y gerente del Área de Impuestos y Legal de Deloitte Costa Rica (2013-2017).
Las ratificaciones, a diferencia de las elecciones en el Congreso, son revisables, es decir, se admite que se les presente una moción de revisión para repetir la votación.
Ley de apoyo a taxistas pasa el primer debate
Con 30 votos a favor y 9 en contra se aprobó en primer debate el expediente 21.924 "Ley para la protección del taxista ante la actual crisis sanitaria, económica y social", con el que se autorizaría la publicidad y propaganda en taxis, sin que esos nuevos ingresos se tomen en cuenta para la regulación tarifaria; además permitiría el transporte de cosas lícitas de fácil movilidad, medicamentos, alimentos, o animales de compañía de pequeñas especies (perros, gatos y animales de asistencia para personas con alguna discapacidad).
También autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a condonar los cobros por multas, sanciones e intereses a los taxistas trabajadores independientes y taxistas patronos; siempre y cuando se regularice su situación dentro del plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
Asimismo autoriza que hasta por un plazo de un año se exima a los permisionarios y concesionarios del servicio público de transporte modalidad taxi del pago de hasta un 25% del canon establecido en la Ley N.° 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad Taxi, debiendo el MOPT transferir directamente al CTP vía Presupuesto de la República el monto equivalente al dejado de percibir por el CTP considerando esa medida.
También se dispone que los concesionarios que adquirieron una concesión administrativa con la promulgación de la Ley N.° 7969 y que a la fecha de renovación no pudieron cambiar su unidad o formalizar su concesión por errores de notificación, faltas menores u otros errores conexos, podrán presentar ante el CTP la solicitud de renovación de la concesión y la solicitud de cambio de su unidad, dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la ley. El CTP deberá atender cada caso y bajo criterio técnico y justificación razonada, podrá proceder a la renovación de las concesiones en cuestión.
Breve
— La Comisión de Limón dictaminó de forma positiva el expediente 22.806 que otorga personalidad jurídica al Fondo de Capital y Ahorro de los Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). El objetivo es que pueda realizar proyectos públicos y privados y que el otorgamiento de los créditos con cargo al Fondo de Ahorro, así como la constitución de hipotecas y prendas lo realicen ellos directamente y no JAPDEVA.
