Procuraduría requiere que el Inder reconozca como lesivos los traspasos de terrenos a privados para que el Estado pueda recuperarlos; el Inder se niega a hacer el trámite.
El procurador Iván Vincenti Rojas, compareció este martes ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa para exponer la problemática legal que enfrenta el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ubicado en el Caribe Sur de Costa Rica, y advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) podría emprender una acción judicial contra el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), debido a la inacción de esa entidad en la recuperación de terrenos del Estado que fueron entregados, ilegalmente, a privados.
Vincenti confirmó que a la fecha los traspasos de tierras realizados a privados por el antiguo Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) siguen sin ser revertidos, a pesar de las solicitudes formales hechas por la PGR desde 2022.
Para que la Procuraduría pueda entablar los procesos judiciales para devolverle al Estado esas tierras (unas 135 fincas), el Inder debe reconocer como "lesivos" los traspasos que hizo el IDA, sin embargo, la institución se ha negado en reiteradas ocasiones a realizar la gestión.
Además, el procurador cuestionó la postura adoptada por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), al que acusó de tener una actitud "muy agresiva" en contra de la institución, llegando a cuestionar si la Abogacía del Estado tiene legitimidad para hacer las peticiones que habían hecho.
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue declarado área protegida en 1985 mediante el Decreto Ejecutivo 17166-MAG. Sin embargo, la problemática surgió a partir de 1991, cuando el antiguo IDA realizó traspasos de tierras dentro de los límites del refugio a personas privadas.
En 2019, la Sala Constitucional anuló la reducción de los límites del refugio establecida en 2014 mediante la Ley 9223. El tribunal determinó que los terrenos con cobertura boscosa dentro del área protegida forman parte del patrimonio natural del Estado, por lo que no pueden ser enajenados ni utilizados con fines privados. En ese fallo, se ordenó al Minae delimitar las áreas boscosas y emitir un decreto ejecutivo para establecer los límites oficiales del refugio.
Sin embargo, a más de cuatro años de la sentencia, Vincenti señaló que el Minae no ha emitido el decreto ejecutivo fijando los nuevos límites, demora que impide que la Procuraduría pueda avanzar en las acciones legales para recuperar las tierras que están en manos privadas.
Durante su intervención, Vincenti subrayó que la sentencia de la Sala Constitucional de 2019 es clara en cuanto a las obligaciones del Estado.
Manifestantes pro-ambiente en las barras de la Comisión de Ambiente este martes. | Créditos: Brando Santos.
El procurador también destacó que en 2023 el Minae elaboró un criterio técnico que identificó 188 hectáreas con cobertura boscosa dentro del refugio. Sin embargo, cuestionó que, pese a contar con esta información, no se haya emitido el decreto que permitiría proceder con la recuperación de las tierras.
En su intervención, Vincenti también se refirió a una nota suscrita por la magistrada Alexandra Alvarado Paniagua en la sentencia de 2024 que declaró al Minae en desobediencia a ese tribunal, en la que se sugieren medidas cautelares mientras se completa el proceso de delimitación. Entre estas medidas, las cuales el procurador calificó como "sensatas", se incluyen:
- La suspensión de concesiones o permisos en la Zona Marítimo Terrestre dentro de los límites del refugio, medida que debería ser implementada por la Municipalidad de Talamanca.
- La imposición de una moratoria sobre permisos de corta o aprovechamiento forestal en las áreas identificadas como bosque dentro del refugio.
- La intervención de la Contraloría General de la República para supervisar el cumplimiento de las disposiciones judiciales y garantizar la protección de las áreas boscosas.
El procurador hizo el señalamiento de la posible demanda contra el Inder mientras a su lado se encontraba el presidente de esa institución, Osvaldo Artavia Carballo.
Artavia afirmó durante la audiencia que el Inder no ha recibido ningún mandato judicial para recuperar los terrenos entregados a privados en el Refugio Gandoca Manzanillo, y que no han accedido a las peticiones hechas por la Procuraduría de declarar la lesividad de los traspasos porque no hay "claridad".
Durante el interrogatorio hecho por el diputado Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio, en el que se le indicó al presidente del Inder que había funcionarios de esa institución que habían indicado que procedía declarar las lesividades correspondientes, Artavia respondió que por recomendación de las instancias legales y del Director Regional de esa institución en la región Huetar Caribe se decidió no hacerlo.
Osvaldo Artavia, presidente ejecutivo del Inder. Créditos: Brando Santos.
