Ministro de Justicia, Gerald Campos, señaló que hay reportes de situaciones "atroces" en los casos de algunas personas que obtuvieron estos beneficios y que siguieron delinquiendo.

Las personas privadas de libertad que estén afrontando condenas por delitos relacionados con crimen organizado, delitos contra la vida y delitos sexuales ya no podrán optar por la posibilidad de pasar al régimen de confianza o semi-institucional hasta que cumplan, como mínimo, la mitad de la pena.

Así quedó consignado este miércoles con la firma de un decreto de la Presidencia de la República y del Ministerio de Justicia y Paz que reforma el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional y que endurece las condiciones que actualmente se permiten a estas personas.

Según indicó Chaves en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno de esta tarde:

Yo creo que eso es alcahuetería: el darle beneficios a delincuentes condenados a altas penas de prisión y que al poco tiempo los veamos caminando por nuestras calles sin que se reinserte adecuadamente en la sociedad. Yo creo en la reinserción y en los derechos humanos de todos los seres humanos pero no es que tengamos que descuidar los derechos humanos de la gente buena y decirle a alguien que tiene que servir doce años de condena que se vaya al año. Eso se acabó porque firmamos un decreto que ordena que los delincuentes condenados por delitos de crimen organizado, contra la vida y delitos sexuales no vayan a poder optar por la posibilidad de que Adaptación Social les dé beneficios carcelarios hasta que por lo menos cumplan la mitad de la pena".

El anuncio se da solo dos días después de que el presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, convocase a los jerarcas de la Corte Suprema y de los cuerpos policiales a una reunión para consensuar acciones sobre el aumento en los homicidios que se ha registrado en lo que va del año.

Poco después del anuncio, el presidente del Poder Ejecutivo, Rodrigo Chaves Robles, publicó un video (entrada la noche del lunes) en el cual dijo que en abril presentarán al Congreso "las reformas de ley urgentes" en temas como portación de armas, extradición, medidas cautelares, prisión preventiva, beneficios carcelarios, e intervenciones telefónicas.

A su vez, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, señaló que hay reportes de situaciones "atroces" en los casos de algunas de las personas que obtuvieron estos beneficios y que siguieron delinquiendo:

Fueron atroces los casos que nos hicieron llegar de situaciones irregulares donde personas que tuvieron cambio de medidas siguieron delinquiendo y cometiendo crímenes graves. La idea es que la medida se mantenga, si un Gobierno próximo quiere cambiarla pues que rinda cuentas, pero queremos ser responsables con el país, con los ciudadanos y con los compañeros del Ministerio de Seguridad Pública".

Finalmente, el ministro de Seguridad, Jorge Luis Torres Carrillo, señaló que este es "un problema heredado" y recordó amenazas donde a personeros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del Ministerio y de la Fuerza Pública se le amenazó con que si entraban en zonas como Limón "íbamos a salir en bolsas plásticas".

Cuando nosotros íbamos a apoyar al Poder Judicial a entrar ahí, junto al OIJ y Fiscalía, ellos amenazaron que los que entráramos ahí íbamos a salir en bolsas plásticas. Este es un mensaje para el pueblo de Limón y toda Costa Rica: no nos dejemos amedrentar, este país es nuestro, no es del crimen organizado. Este es un problema que no es justo que me lo reclamen a mí como ministro ni al Gobierno: este es un problema heredado, es una construcción de años de inseguridad, la inseguridad no se da en un año. Yo puedo pedir $500 millones y dar contención pero yo me voy en 2026 y el si ministro que me recibe, recibe las patrullas en el suelo, si los policías no están, pasará lo mismo".

El pasado mes de diciembre además, el fiscal general de la República, Carlo Israel Díaz Sánchez, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la normativa que permite a las autoridades penitenciarias trasladar personas sentenciadas hacia el régimen "semiabierto", sin tener el aval de un juez de ejecución de sentencia.