El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen, no convenció a los diputados de oposición con las justificaciones dadas en la interpelación que se le realizó para cuestionarle la deliberada omisión de informar que un "megacaso de evasión fiscal" anunciada en conferencia de prensa tenía solicitud de desestimación por parte del Ministerio Público.
Acosta se convirtió en el segundo ministro de este Gobierno en ser interpelado ante el Plenario Legislativo, la antesala a una moción de censura que de presentarse y aprobarse lo dejaría en los registros históricos junto a Juan Diego Castro, único ministro que ha recibido la deshonrosa censura del Congreso.
Aunque en su intervención inicial calificó de "banal" el motivo que lo tenía compareciendo ante todo el Plenario, poco a poco los diputados de oposición fueron criticando al jerarca el manejo inadecuado que hizo Hacienda de esa conferencia de prensa donde anunciaron el "megacaso", la destrucción en la credibilidad que ello conllevó para Tributación; y las lagunas y hasta faltas a la verdad en la historia oficial sobre qué fue lo que ocurrió ese 19 de enero pasado.
El ministro de Hacienda calificó de "no relevante" el hecho de que la Fiscalía hubiese pedido la desestimación del "megacaso" anunciado en conferencia de prensa y detalló que la "denuncia anónima" ingresó el 29 de julio de 2022 a la Contraloría de Servicios; que el 5 de agosto dicha dependencia lo trasladó a la Dirección General de Tributación, y que dicha dirección lo envió al Ministerio Público el 10 de octubre, para que luego la Fiscalía informara el 9 de enero que se había pedido la solicitud de desestimación ante un juez.
Acosta Jaen insistió en que la conferencia "era para decirle a las personas que hacen fraude fiscal que vamos a estar detrás de ellos", sin embargo, ello no convenció a las diputaciones de oposición como Kattia Rivera Soto, jefa del Partido Liberación Nacional; y Vanessa de Paul Castro, de la Unidad Social Cristiana.
Ambas congresistas increparon al ministro por el afiche que anunciaba la realización de la conferencia de prensa, pues este indicaba que se trataba de un "megacaso", en singular, contrario al discurso oficial de que el anuncio era sobre "megacasos", y por ende, negando las acusaciones de que el evento tenía como fin realizar otro ataque indirecto a un medio de comunicación.
La jefa del PLN le recortó a Acosta que el "vocero extraoficial del Gobierno", Juan Diego Castro Fernández, publicó el afiche en su versión en singular y que así fue como lo recibieron los medios de comunicación. Pese a ello, el ministro insistió en que Hacienda lo anunció en plural.
Dada la insistencia de Acosta, la diputada del PUSC cuestionó si se había ordenado hacer una investigación sobre el origen del afiche en singular, pues podría tratarse de un uso no autorizado del logotipo y línea gráfica del Ministerio de Hacienda, a lo que el ministro respondió que no había ordenado hacer tal pesquisa.
Acosta también fue enfrentado por insistir en múltiples ocasiones de que no fue el Ministerio de Hacienda quien afirmó que la entidad involucrada en el "megacaso" era la Corporación Banco BCT, y su presidente Leonel Baruch Goldberg, quien además es presidente de la Junta Directiva de CRHoy.com.
Nuevamente Rivera y Castro pusieron contra la pared al ministro al señalar que tan solo minutos después de terminada la conferencia de prensa, un diario digital aliado del actual Gobierno publicó una noticia señalando expresamente que una fuente del Ministerio de Hacienda les había confirmado que era el banco la entidad denunciada; y que la Fiscalía no dio información del caso sino hasta el día siguiente. Acosta se limitó a insistir en que no había sido su ministerio el que suministró la información a la prensa.
El ministro además dijo en varias ocasiones que él no tenía que saber de los pormenores de los casos presentados en la conferencia, porque lo importante "era lo que íbamos a hacer". Pese a esta afirmación, el afiche de convocatoria a la prensa hacía énfasis principal en el "megacaso(s)" que se iba a denunciar.
Inclusive el ministro llegó al extremo de negar que de Hacienda saliera ningún tipo de información sobre los casos, pese a que en dicha conferencia, al minuto 21:11, ante pregunta de una periodista de Diario Extra afirmó literalmente: "Por otro lado, la pregunta suya, sí está relacionado con un banco, precisamente la razón por la cual está siendo enviado al Ministerio Público es porque bien lo dijo el señor director, no vamos a tener ninguna benevolencia con nadie".
Fabricio Alvarado Muñoz, jefe de Nueva República, le dijo al ministro que lo ocurrido fue como meter un gol y que se lo anularan, o un recordatorio de los "anuncio de los anuncios" durante los gobiernos del Partido Acción Ciudadana.
José Pablo Sibaja, también de NR, dijo a Acosta que salieron con bombos y platillos a querer crear expectativa en la opinión pública sobre algo en lo que, al final, ellos mismos dijeron 'no tenemos conocimiento de fondo, no teníamos en nuestras manos al final el contexto completo de lo que estaba sucediendo'.
Johana Obando Bonilla del Partido Liberal Progresista le cuestionó a Acosta los criterios subjetivos usados para hacer conferencias de prensa anunciando "megacasos" y traslado de denuncias al Ministerio Público, cuando la ley indica que debe perseguirse en la vía penal la defraudación superior a 500 salarios base; así como cuestionarle si haría nuevas conferencias acusando a personas o empresas de fraude fiscal sin terminar el debido proceso, exponiendo al Estado y por ende a los costarricenses a pagar millonarias indemnizaciones.
Gilberto Campos Cruz también del PLP afirmó que lo hecho por Hacienda fue mal medido en sus efectos y que tenía un efecto directo en la apreciación de la calidad de la democracia del país, por lo que llamó a la reflexión.
Sofía Guillén Pérez, subjefa del Frente Amplio, cuestionó el discurso antifraude fiscal del Gobierno al señalarle a Acosta que el 23 de agosto de 2022 enviaron una carta pidiendo el apoyo a ocho expedientes legislativos de lucha contra el fraude fiscal, varios de ellos ya dictaminados de forma positiva, sin embargo ninguno de esos fue convocado en sesiones extraordinarias.
En un interrogatorio que siguió a esa pregunta Acosta le dijo a Guillén que no están seguros de que aumentar las penas de cárcel por fraude fiscal efectivamente tenga un efecto disuasor; que está a favor de levantar el velo de la personería jurídica; fue ambiguo sobre si están a favor o no del levantamiento del secreto bancario; a favor de la prohibición a funcionarios de participar en paraísos fiscales; a favor de transparentar los beneficiados por amnistías fiscales y que se haga pública la lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias.
Jonathan Acuña Soto, jefe del FA dijo que él no estaba de acuerdo con lo dicho por el ministro y el presidente de que la solicitud de desestimación presentada no fuera información importante que tenía que haberse dado; y preguntó si Hacienda invocó un convenio de intercambio de información tributaria en sede administrativa con Panamá para obtener la información requerida para la investigación que, en primera instancia, Panamá rechazó entregar porque hasta hace unos daños las faltas tributarias no eran ilícitos penales, sino temas de la vía administrativa, por lo que la Fiscalía no pudo obtener los registros.
Acosta respondió que invocar ese convenio no sería posible porque el caso ya prescribió a nivel administrativo en Costa Rica, de modo que Panamá no daría la información.
Danny Vargas Serrano, diputado del PLN, señaló al ministro que el tema por el que fue convocado no era banal, pues tenía repercusiones en la división de poderes y recordó que una diputada del oficialismo (Pilar Cisneros Gallo) "choteó" a la fiscala tramitadora del caso y que el presidente de la República lanzó acusaciones falsas en su contra.
El ministro contó que de las tres denuncias presentadas ese día, solo una (la del megacaso) era una denuncia anónima. Vargas dijo que desde ahí empezaban las suspicacias.
La que es anónima es la de una entidad bancaria que está relacionada con un medio de comunicación al cual el gobierno abiertamente los ha tratado de la peor forma. Y es casualmente la que es anónima. Entonces yo creo que es donde levantó un poco el morbo (...) Voy a ser "hipotético": un abogado loco enfurecido hace una denuncia anónima sobre algo que no le gusta, y diay, la presentó entonces ustedes la trasladan. Posiblemente lleve algunos vicios porque tal vez no se tenga el contenido claro jurídico de una acusación ¿o ustedes hacen un filtro como para tomar eso como elemento inicial y redactar una nueva denuncia?
Acosta respondió que todas las denuncias son analizadas sobre su pertinencia y que al analizar la denuncia anónima se identificó que había una posibilidad de fraude, pero que al estar prescrito administrativamente, se trasladó a la vía judicial.
La jefa del PLN agregó que había que hacer énfasis en la credibilidad de la vocería oficial y el daño que se le ocasionó al BCT, a las personas que trabajan allí y a las personas que tienen sus ahorros en ese banco. Preguntó de seguido si podía responder sí o no a que el BCT hubiera cometido fraude fiscal, a lo que Acosta dijo que no podía responder porque "no conozco el caso".
Me sigue preocupando. Usted es la cabeza del Ministerio, usted es el que está brindando la información. Estamos hablando que en este punto sí hay que asegurar la información que se brinda y es que esto no lo vemos sólo desde su cartera, es que lo hemos visto en otros ministerios. Y aquí la credibilidad del gobierno es necesaria para poder tener un proceso de sostenibilidad democrática y de respeto entre las instancias.
Alejandro Pacheco Castro, diputado del PUSC, cuestionó las indemnizaciones que el Estado tendría que pagar ante una eventual segunda condena por violar la libertad de prensa y la afectación a la credibilidad del país frente a los inversionistas que pasarían a tener miedo de que su nombre o sus empresas sean expuestas a ataques como estos por parte del Gobierno.
Eliécer Feinzaig Mintz, jefe del PLP, dijo a Acosta que le hablaría directamente como amigo y que le dolía decirle lo siguiente, pero que a los amigos se les habla con la verdad.
La seguridad jurídica es un pilar fundamental del Estado de Derecho, de la estabilidad macroeconómica y de la inversión productiva, tanto nacional como extranjera. En fin, es un requisito sine qua non para la prosperidad de los costarricenses. Usted le ha hecho un daño enorme a la democracia costarricense. El anuncio espectacular crea expectativas en una población ávida de que alguien por fin le ponga fin a tanto chorizo y tanta cochinada que sucede en nuestro país. La gente espera con o sin razón que alguien vaya a la cárcel, que otros sean sancionados, y que empresas sean castigadas por el delito denunciado. Pero al haber hecho el anuncio de un caso sobre el que pesa una solicitud de desestimación, ya resulta poco probable que las expectativas de la gente se vayan a cumplir y esto es una decepción más para ellos; alimenta la pérdida de confianza de los costarricenses en la democracia y afecta negativamente la gobernabilidad.
Feinzaig dijo que aunque el caso no esté formalmente desestimado y la Procuraduría pueda hacer una acusación, eso no quita el hecho de que la conferencia de prensa que convocaron "fue un acto de irresponsabilidad mayúscula, un acto de populismo barato, un acto que de golpe y porrazo provocó inseguridad jurídica para todo el que quiera venir a invertir en nuestro país".
Agregó que anuncios como el de Acosta más bien debilitan a la autoridad tributaria y, lo que es peor, la autoridad moral del Gobierno a la hora de cobrar impuestos a los ciudadanos.
El hecho de que transcurridos 10 días desde la conferencia de prensa, nadie haya pagado con su cabeza el precio de haberlo inducido a usted al error al no informarle oportunamente del estatus del expediente en la Fiscalía, habla más mal de usted que de quien lo haya mal-informado.
Terminada la interpelación, el Plenario declaró cerrado el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la primera legislatura, de modo que este miércoles arrancarán las sesiones ordinarias.
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